Okupas

Hay ciudadanos que se compran, o heredan, una casa o piso como segunda residencia, y abonan la parte correspondiente de su valor a la Hacienda Pública. Después cada año, aparte de reflejar esta nueva adquisición en su declaración de la Renta, pagan su Impuesto de Bienes Inmuebles.

Un día unos okupas entran en su segunda residencia, pues pasa muchos días vacía. Enterado el dueño lo denuncia a la Justicia, pero ¡ay!, le comunican que debido a que es una familia en situación de desprotección social, o hay que aclarar la veracidad del contrato mostrado por los nuevos moradores, lógicamente falso, no puede desahuciarlos de la casa. Comienza un largo periodo de asistencia a juzgados, denuncias y abogado, al cual ha de pagar su correspondiente factura.

Mientras los ocupantes viven en su casa, utilizan sus enseres, consumen luz, gas, y agua. Pero el que paga todo es el dueño de esa residencia, aparte de la hipoteca, si la tuviera, y cuota de la comunidad de propietarios a la cual pertenece.

Los okupas siguen en su vivienda por meses e incluso años. El pobrecito dueño de la casa continúa pagando, incluso hay alguno que pasa necesidades.

Mientras, el sistema legal dice que se está protegiendo a los ocupantes, que son vulnerables socialmente, pero a costa de los bienes del ciudadano propietario.

Luego si esto ocurre, ¿quienes son los encargados de proteger los derechos de los ciudadanos supuestamente desfavorecidos? En este caso se encargan los propietarios, lo que supone un impuesto extra que se carga a sus espaldas. ¿Pero el Estado no defiende la propiedad privada? ¿No es el responsable de proteger a la parte de la sociedad más desfavorecida? En este caso incumple sus funciones, pues castiga a los propietarios con la pérdida del disfrute de su propiedad, imponiéndole además las obligaciones de asistencia social que la Administración tiene reconocidas. Es el ciudadano afectado por la ocupación quien compensa las desigualdades sociales, absteniéndose de su obligación el Estado, pues es el que debe ofrecer una solución.

Un problema subyacente consiste en que esta usurpación de propiedad genera, en los propietarios, desconfianza, a la hora de alquilar, pues piensan que el inquilino puede no abonar el precio acordado, y perder su derecho de disfrute. Debido a este temor, se produce un aumento de precios y condiciones, como también la retirada de ofertas en el mercado inmobiliario. Esto conlleva a una escasez de la vivienda en alquiler.