Normalmente se define una oligarquía como el gobierno ejercido por unos pocos privilegiados, constituidos en una suerte de casta, en contraposición a una democracia, en la que supuestamente el poder político emana de todos los individuos adultos con derecho a ejercer su opinión en el proceso de escoger gobernante. La oligarquía más frecuente es la plutocracia, donde la casta dirigente es la más poderosa económicamente. Bajo este prisma, no pocas democracias del mundo desarrollado actual deberían ser consideradas plutocracias. EEUU es un ejemplo elocuente; un sistema con solo dos grandes partidos políticos en los que sus líderes, para llegar a ser candidatos a comicios, necesitan siempre el apoyo de las grandes familias americanas, de las más ricas, e incluso ser ellos mismos escandalosamente adinerados. En España, la plutocracia está integrada por las grandes empresas y corporaciones y por las grandes entidades bancarias, la mayoría pertenecientes a familias y grupos de poder que conformaron la oligarquía dirigente en la dictadura y han tenido continuidad hasta hoy. La transición fue el proceso por el que esta casta empleó a los partidos políticos en la implantación de una "democracia" muy controlada, similar a la estadounidense, donde todas las instituciones y poderes del estado -incluyendo a la monarquía- están al servicio de esta plutocracia. Los partidos políticos aceptaron sin rechistar estas condiciones pues, a cambio, se les permitió ejercer e instaurar su particular oligarquía sobre todo el territorio patrio, usando las administraciones públicas como una vaca a la que ordeñar sin cortapisas para financiarse y para implantar una red de representantes-espías por todos los rincones de la geografía, por pequeños o escondidos que fuesen; exactamente el mismo sistema organizativo territorial de la iglesia católica. La multiplicidad de administraciones públicas españolas -nacional, regionales, provinciales, comarcales, locales- responde, más que a una realidad política territorial, a la necesidad de los grandes partidos de financiarse ilimitadamente con dinero público y de establecer su poder de vigilancia, control, adoctrinamiento y prebendamiento sobre la totalidad de la población. Se trata, por tanto, de una oligarquía que se ha blindado a sí misma -y se ha dotado de unos privilegios inaccesibles al resto de la población- legislando y disponiendo de los recursos públicos a su capricho y conveniencia.