Palomares, una decisión política

Sesenta años después de aquel funesto día, Palomares sigue sin descontaminar. La dictadura de la España en blanco y negro, ya en su recta final, lo silenció y no adoptó las medidas oportunas, minimizando los riesgos sanitarios y convirtiendo a la población de la pedanía cuevana en un laboratorio humano de radioactividad. Y con los gobiernos democráticos nada cambió, ciertos atisbos de una mayor transparencia, más estudios y pruebas médicas y promesas incumplidas a lo largo de cinco décadas. El organismo encargado de la investigación durante todo este tiempo, el Ciemat, sentó las bases de un plan de rehabilitación para la retirada de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada que iban a retirar los americanos y se llegó a un principio de acuerdo con la administración de Obama. Una delegación americana se desplazó hace quince años a la zona y se unificaron criterios y protocolos de una operación que se podía rozar casi con los dedos. Pero nunca se llegaría a materializar por falta de voluntad o de acuerdo en la agenda bilateral.

Con la llegada de Trump en 2017, se esfumó cualquier posibilidad y menos aún en este segundo mandato en el que las relaciones con España han tocado fondo. Yolanda Benito, actual directora general del Ciemat y durante décadas mano derecha del que fue investigador de referencia -Carlos Sancho-, explicó hace unos días que aquel plan era sólo una versión preliminar que trazaba las líneas generales que se quedó obsoleta y que España no tenemos un almacén autorizado para guardar los residuos de plutonio y americio que se dispersaron sobre la localidad almeriense. Un jarro de agua fría para todos los que todavía albergaban alguna esperanza de que esa descontaminación llegaría en algún momento. Este asunto lleva años en los tribunales, pero tampoco avanza.

Palomares quiere pasar página, pero no existe ni ha existido nunca voluntad política suficiente para acabar con este agravio medioambiental y el estigma económico y social que viene sufriendo esta pedanía hastiada de ser reconocida dentro y fuera de España por la icónica imagen del baño de Fraga. Si Estados Unidos no se responsabilizó y procedió a la descontaminación real, como sí ha hecho en otros territorios, el Gobierno español tendría que haber respondido. En enero de 1966 cayeron entre Cuevas y Vera cuatro bombas termonucleares y en enero de 2026 los terrenos siguen vallados y nadie se ha querido llevar los residuos radioactivos. Un despropósito.