El Poliedro
Tacho Rufino
¡No hija, no!
Arrecian por todas partes las críticas hacia los pisos turísticos. Si tiene uno la mala suerte de vivir en un edificio donde abunda este tipo de viviendas, la situación acaba haciéndose insoportable. El concepto del alquiler turístico está reñido con el residencial. Quien va a pasar unos días busca por lo general cualquier cosa antes que tranquilidad. Los residentes habituales acaban odiando a esos visitantes ocasionales que generan ruidos, hacinamientos, borracheras, suciedad, malos hábitos y hasta peleas.
No siempre es verdad, pero sí con bastante frecuencia. De ahí las protestas ciudadanas en capitales de marcado signo turístico, con el slogan conocido de “Tourists go home”, “Giris go home”. Nada más que por este hecho, las administraciones están obligadas a buscar soluciones. No solo prohibiendo la vivienda turística ilegal, también limitando la proliferación de la legalizada.
Un barrio residencial parece bastante incompatible con uno donde proliferen los pisos turísticos. Solo que obligar a los propietarios al alquiler de larga temporada, en lugar del ocasional, genera dificultades con relación a otro problema no menor en nuestro país: el de la ocupación. Si el propietario no tiene seguridad, renunciará a alquilar su vivienda. Nadie quiere que un inquilino se le transforme en ocupa. Esto es algo que se da en nuestro país más que en ningún otro, sin ir más lejos, Barcelona se lleva la palma. Mientras este gobierno de coalición no dé garantías de seguridad, los propietarios de viviendas no se lanzarán masivamente a alquilarlas, menos si el precio está topado. Prefieren el vacacional, que garantiza que el inquilino estará unos pocos de días y volverá a su ciudad de origen, antes que la incertidumbre de no saber si su casa será “ocupada”.
Deben de pronunciarse los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, en su caso las delegaciones provinciales, sobre este tema. La sociedad de “a pie” desconoce la normativa vigente y que puedan “empoderarse los vecinos de un inmueble siendo determinante su opinión, a la hora de implantar una actividad económica en sus fincas. Garantizar el derecho de autorización o de veto a este tipo de actividad, ya que la sociedad no tiene un pronunciamiento claro sobre el “negocio” de los pisos turísticos, y sobre la competencia desleal que ejercen sobre los alojamientos oficiales.
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