La crisis de las pulseras antimaltrato

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta en los últimos días el enésimo episodio de su último mandato que evidencia las graves lagunas de gestión que sufre su Ejecutivo. Y, de nuevo, en el epicentro de la crisis aparece un tema de extrema gravedad como la violencia machista sobre las mujeres. Si la frivolidad con la que se elaboró la llamada ley del sólo sí es sí provocó como efecto colateral la rebaja de condenas a violadores, ahora la crisis se genera por los fallos denunciados en las pulseras que deben proteger a las mujeres que las portan de la presencia de sus maltratadores. Ha sido la propia Fiscalía General del Estado la que alertó en una página que, en principio pasó desapercibida, en los más de 1.600 folios que conforman la Memoria Anual de 2024, que fallos en los dispositivos de control de agresores provocaron “una gran cantidad” de sobreseimientos y absoluciones. Todo ello en el proceso de migración de los datos desde la empresa tecnológica que manejaba los dispositivos a la nueva que había obtenido la concesión. La normalización en el funcionamiento de las pulseras no llegó hasta marzo de 2024. Y a raíz de esta denuncia han trascendido las numerosas carencias de estos aparatos y el sufrimiento añadido para muchas mujeres cuando se producen las deficiencias. El Ministerio de Igualdad ha ocultado los hechos y su gravedad. Los ha minimizado sin ofrecer los datos reales del alcance cuando han trascendido. Y se ha limitado a desviar la atención sobre los grupos de oposición de forma burda. La acusa de difundir bulos y perseguir eliminar las pulseras. Las explicaciones ofrecidas por la ministra Ana Redondo directamente la descalifican para seguir más tiempo en el cargo. El propio Congreso la reprobó el miércoles sin consecuencias reales. Pero Pedro Sánchez carece de autoridad moral para exigir responsabilidades políticas a sus ministros, incluso en casos de palmaria negligencia como el actual, cuando él se ha negado siempre a asumir las suyas.