El Ayuntamiento de Níjar habría incurrido en sendos delitos si hubiera contravenido dos autos judiciales favorables al desalojo y demolición de chabolas del campamento de emigrantes de Walili, en Los Nietos, realizado este pasado lunes. “No tenía ninguna otra salida” admitió Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de Níjar, en el Pleno que la Corporación Municipal celebró este viernes.

El auto judicial aprobó el desalojo y derribo y lo argumentó señalando “las chabolas se encuentran en estado ruinoso, sin licencia municipal de obras y representan un peligro inminente para las personas, por existir riesgo de derrumbe, de incendio y de explosión y electrocución. Existen, además, pozos negros con vertidos de residuos y aguas fecales al subsuelo, que implican riesgos de caída y atrapamiento”.

La medida contaba con dos autos judiciales, el segundo dictado a favor del consistorio cuatro días antes del desalojo, contra denuncias de Ecologistas en Acción, por la presencia de amianto en este campamento, y la recogida de animales. “Ha sido la primera vez en España que se ha realizado el derribo y desalojo de un asentamiento chabolista con un protocolo de acogida consensuado con ONGs y una alternativa habitacional” valoró la primera edil.

La alcaldesa cifró en 11 el número que emigrantes registrados en francés, árabe y castellano a principios de enero para acogerse a las soluciones habitacionales” y aludió a “agentes externos que prefieren que no se solucione este problema y han dado su versión de los hechos con mentiras y han engañado y confundido a estos moradores hablando de una vivienda para cada uno y eso no puede ser. No sé cuál es su interés en todo esto”, subrayó.

“Hay que erradicar los asentamientos porque la situación no es sostenible y no es un lugar donde deben estar”. Y añadió: “El problemas es más complejo de lo que algunos quieren relatar. Muchos trabajadores de este asentamiento tienen papeles y quién se los ha proporcionado”.

Los moradores desalojados de Walili se han ido a otras zonas próximas como el asentamiento de Atochares, en algunos casos, y serán derivados en otros hacia viviendas protegidas de la Junta de Andalucía en régimen de alquiler y a las viviendas habitacionales propiedad del Ayuntamiento en Los Grillos cuando se completen los protocolos pormenorizados de cada cual por parte de las ONGs y trabajadores sociales. “Calculamos que puede ser a finales de este mes o principios de marzo” situó temporalmente Pérez Felices.

“No vamos a obligar a nadie. El que lo pida va a tener una alterativa y una oportunidad que no tienen en el asentamiento. El siguiente desalojo se producirá cuando tengamos soluciones habitacionales” adelantó.