La Junta interpuso 20 sanciones a kayaks y motos de agua en 2023 en el Parque Natural

La Junta de Andalucía tramitó en 2023 un total de 19 procedimientos sancionadores por incumplimiento de autorizaciones para excursiones marítimas en embarcación o rutas en kayak dentro del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar e interpuso una sanción a una empresa de motos acuáticas «por realizar rutas dentro del parque sin autorización».

Entre las medidas para la protección del espacio natural que adopta la Junta de Andalucía cada verano se encuentra la restricción a la actividad recreativa de artefactos flotantes sin motor en las playas naturales situadas a poniente de la barriada de San José, comprendidas entre la de Genoveses y Cala Carbón, en el término municipal de Níjar.

De cara a esta inminente verano, que se moverá en un periodo de vigencia comprendido entre el 21 de junio y 22 de septiembre, la actividad recreativa de piraguas, kayaks y similares está limitada a un número máximo de cinco que, sin necesidad de autorización expresa, se agrupen en zonas del litoral del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar.

La actividad recreativa sin ánimo de lucro por un número mayor de artefactos requiere autorización expresa de la Delegación Territorial, de modo que en dicha autorización se establecen las condiciones que garanticen la preservación del ecosistema litoral y el uso del dominio público marítimo-terrestre.

Desde la Delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul han incidido en que el Gobierno andaluz no trabaja con la premisa de sancionar, ya que ven preferible «concienciar a la población de un buen uso» del parque, aunque aseguran que «si es necesario, por supuesto que se hace».

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, se ha mostrado abierta a la posibilidad de limitar el uso de motos de agua en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, si bien aboga por un estudio previo de medidas con otras administraciones competentes como Capitanía Marítima, con competencias en materia de seguridad, o los ayuntamientos de la zona, ante la petición de la Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Cabo de Gata de limitar el uso de motos de agua porque suponen “un riesgo para la seguridad de los bañistas y un grave perjuicio para la flora y la fauna acuática de dicho espacio protegido», en su opinión.