El caso de las 53 familias de Aguadulce confronta en el Congreso contra la "lógica especulativa" del Sareb

El Grupo Parlamentario Mixto, a propuesta de Podemos, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que reclama al Gobierno medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda frente a las actuaciones de la Sareb, como el intento de desahucio que ha afectado a 53 familias del Edificio Vistaverde, en la localidad roquetera de Aguadulce.

La iniciativa, firmada por la portavoz del grupo y diputada de Podemos, Ione Belarra, denuncia que este caso ha evidenciado los "riesgos" que sufren cientos de personas residentes en inmuebles gestionados por la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), entidad que desde 2022 está bajo control mayoritario del Estado.

Belarra subraya en su exposición de motivos que las familias afectadas en Aguadulce habitan desde hace más de una década un edificio inicialmente adjudicado a una promotora quebrada, más tarde absorbida por la Sareb. Estas personas han mantenido sus viviendas en condiciones dignas, pagando suministros y realizando mejoras por sus propios medios, pero recientemente se enfrentaron a una orden de desalojo sin previo aviso, tras la venta del inmueble a un fondo de inversión gestionado por la entidad HipoGes.

A juicio de Podemos, Sareb continúa operando bajo una "lógica financiera especulativa" que da prioridad a la venta de activos a fondos inversores, incluso cuando eso conlleva el desalojo de familias vulnerables. Por ello, Belarra plantea que este tipo de actuaciones "son inadmisibles" en una sociedad que reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental.

Suspender la venta de activos a fondos 'buitre'

Podemos insta al Gobierno a paralizar de inmediato los procedimientos de desahucio que afectan a las familias del Edificio Vistaverde y a aplicar la prórroga de la moratoria de desahucios hipotecarios hasta 2028, hasta que se les garantice una alternativa habitacional digna y estable. Además, propone suspender la venta de activos residenciales de la Sareb a fondos especulativos mientras no se asegure que no afectan a inquilinos vulnerables, así como regularizar los contratos de arrendamiento de las familias en procesos de desahucio iniciados por la entidad pública.

Otras medidas incluidas en la proposición son la realización de una auditoría independiente sobre las operaciones de la Sareb, la creación de un registro público de viviendas gestionadas por la entidad y la reforma de su marco legal para reforzar su función social. También plantea mecanismos de transparencia y participación para los inquilinos y la prohibición de vender viviendas habitadas sin ofrecer antes una alternativa habitacional.

Junto a esta iniciativa legislativa, la diputada Martina Velarde ha registrado una batería de diez preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito, con el objetivo de esclarecer los criterios que sigue la Sareb para vender activos residenciales y qué medidas supervisa el Ministerio de Vivienda para garantizar su función social.

Velarde también pregunta si el Ejecutivo tiene conocimiento de otros casos similares al del Edificio Vistaverde, qué protocolos existen para garantizar la comunicación entre la Sareb y sus inquilinos, y si se contempla integrar sus activos en un parque público de vivienda social.

Las cuestiones también se refieren al papel de las gestoras como HipoGes, a los mecanismos de rendición de cuentas ante posibles actuaciones especulativas y a la coordinación del Gobierno con administraciones autonómicas y locales para evitar desahucios de familias vulnerables.

Ambas iniciativas se registran después de que, a finales de mayo, se suspendiera de forma oficiosa el lanzamiento judicial previsto en Aguadulce para el 5 de junio, tras abrirse un canal de diálogo entre los vecinos del Edificio Vistaverde y Sareb, impulsado por la presión social y el apoyo de varios grupos parlamentarios, incluido el PSOE.