Han apostado fuerte por un barco como herramienta de trabajo y sustento de vida. La de pescador es la profesión que aman, pero el viento les sopla en contra. Silvia Atanasova y su marido son armadores en el puerto pesquero de Almería, su buque: el Dolores II. Son jóvenes, 27 y 29 años respectivamente, con la vida por delante, pero con un futuro laboral en la mar, al que se aferran y al que no quieren renunciar, lleno de incertidumbre.

Como relata Silvia, la familia de su marido siempre se ha dedicado a la pesca; ella y él decidieron emprender su camino con su propio barco y comenzaron con un buque de pequeñas dimensiones, una embarcación de pesca trasmallo. Fue a finales de 2019 cuando la vendieron y optaron por una de arrastre. No pudieron salir a faenar directamente, tuvieron que pasar unos meses para poner rumbo tras unos arreglos al barco, pero ya con una mochila en la espalda y nuevos desafíos: la entrada en vigor del plan plurianual de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, que incidía en el esfuerzo pesquero y algo a lo que nadie esperaba: la pandemia, “no fue un buen comienzo”, reconoce la armadora; y las cosas van a peor, pues a la evolución del plan se suma el incremento de costes en el último año, especialmente del gasoil.

Dar el paso de trasmallo a arrastre era para ellos la posibilidad de ganar calidad de vida, ya que como explica del trasmallo dependían 24 horas los siete días a la semana; sin embargo, las decisiones de Bruselas han truncado su camino. Los planes se trastocaron, de hecho, con los dos trabajaban otras dos personas, si bien tuvieron que prescindir de una, porque la situación se tornaba insostenible.

Tras el resultado del último Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea celebrado en diciembre y en el que se tomaron nuevas decisiones referentes al desarrollo al plan del arrastre, como el recorte en un 7% de los días de faena y en un 5% el total de capturas admisibles (TAC) para la gamba roja, la actividad del Dolores II queda disminuida a unos 95, es decir, poco más de cuatro meses. Esto, que no se ve compensado en su totalidad con las ayudas, para quien puede optar a ellas porque una sanción por parte de un barco impide su acceso y otras son variables, tiene un impacto más allá de no poder sacar el barco del puerto. Por un lado, como narra Atanasova, a la falta de rentabilidad se suma, en general para el sector, la dificultad de encontrar tripulación, ¿quién va a aceptar un trabajo solo para pocos meses Y que no le da seguridad? Todo este contexto pone en jaque, además, el relevo generacional y lo dice una persona precisamente joven, que reconoce estar en el sector por la tradición familiar y la pasión por la actividad, sobre todo, por parte de su marido. Por otro lado, mientras la embarcación está amarrada, aparte de la disminución de los ingresos, los gastos continúan: el barco requiere un mantenimiento y hay que seguir pagando la cuota a la Seguridad Social, pues solo un armador, según explica, puede dejar de hacerlo cuando el barco está, por ejemplo en parada biológica, como ahora sucederá en febrero con los barcos de arrastre. A estos suma, para los que como en el caso de Silvia, el responder al pago pendiente por la adquisición de la embarcación, “estamos hipotecados de por vida”.

Silvia Atanasova se hizo con el barco de arrastre a finales de 2019

Si bien cada barco tiene su particularidad, Atanasova apunta que la desazón es compartida por todos sus compañeros. En el puerto pesquero almeriense son barcos familiares cuyos miembros viven de esta actividad, “duele, me da lástima y si todo sigue a sí esta pesca se va a perder, la van a exterminar como parece que algunos quieren que así suceda y aún queda otro año más de reducción de jornadas de pesca”.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros de Pesca de 2021, también con el voto en contra de España, ya optaba por reducir en un 6% los días de esfuerzo para la flota de arrastre (reducción adicional que se sumaba a la del 17,5% de los dos años anteriores, sin contar con los 13.800 días que se dejaron de pescar por la pandemia) y en este recién acabado 2022 otro 7% para el presente curso, manteniendo así el objetivo de lograr el objetivo de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2025 de un 40%.

“Se trata de una ruina económica absoluta y si desde Madrid y Bruselas no se le pone cara a esta ruina no sé lo que podrá pasar”, señalaba a mediados de diciembre Mari Ángeles Cayuela, presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes). Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), José María Gallart,indicaba que el 60% de los barcos de arrastre en la provincia almeriense, más de una veintena, se quedaba por debajo de los 150 días de pesca tras la decisión en Bruselas.

Mientras se suceden los acontecimientos Atanasova ha empezado otro trabajo, “con esta situación, solo la pesca no nos da para cubrir todos los gastos”; asimismo compagina su nuevo empleo con formación para faenar con su marido en un futuro próximo, “nos tenemos que quedar en el barco y quizás los dos solos”.Durante estos años, el sector pesquero del Mediterráneo español ha alzado la voz, especialmente el almeriense, “peleamos porque se nos deje trabajar en lo que nos gusta, no queremos ayudas, solo pedimos poder trabajar”, insiste la armadora, quien, a pesar de expresar la situación de fatalidad por la que atraviesan, no baja los brazos: “Vamos a luchar, no nos vamos a dejar vencer”.