Mañana y el lunes son dos días claves para el sector pesquero, especialmente para la flota de arrastre del Mediterráneo y, por ende, de Almería. Estos días se celebra el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, cita a la que se acude con una propuesta de la Comisión Europea (CE) en el marco del plan de gestión de demersales, en vigor desde enero de 2020, que tiene la oposición frontal del sector pesquero, el cual, en un principio, tenía previsto amarrar su flota durante estas jornadas, si bien, tras reunirse tanto a nivel autonómico, nacional como con el sector francés e italiano, las embarcaciones saldrán finalmente a faenar. Según José María Gallart, vicepresidente segundo de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), que estará presente en Bruselas, han decidido esperar a la resolución del Consejo de Ministros para, según sea, tomar decisiones y actuar, ya que el mensaje lanzado por los pescadores desde semanas atrás ha sido claro y contundente y ha llegado a los distintos organismos, en síntesis: que no haya más recortes sin conocer el impacto de las medidas implantadas en los dos últimos años.

La propuesta de la CE para 2022 contempla, entre otras medidas, una reducción adicional del 7,5% de los días de pesca para la flota de arrastre y del mismo porcentaje para la de palangre. La propuesta establece así mismo un TAC (Total Admisible de Capturas) de 800 toneladas para la gamba roja, un 13% menos respecto a las capturas realizadas en 2020, algo que también pone en riesgo la selección de otras especies puesto que la pesca en el Mediterráneo es multiespecífica.

Como exponía recientemente Gallart, “la propuesta de la Comisión Europea va más allá de nuestros peores presagios y supone la puntilla para la actividad pesquera en el Mediterráneo, de la que dependen, únicamente en la modalidad de arrastre, cerca de 600 barcos de pesca y más de 17.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos”.

Si las medidas planteadas en la propuesta de la Comisión salen aprobadas, se vislumbra un escenario con una desaparición de la flota pesquera del 50%, tal y como señalaba la Faape y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope). De acuerdo a los datos de estas organizaciones, actualmente, la flota andaluza de arrastre está compuesta por 92 embarcaciones y ella da empleo directo a 600 personas, así como propicia 3.000 empleos indirectos.

El sector pesquero pide que no haya más medidas hasta conocer el impacto de las tomadas en los últimos años

“En lugar de tener en cuenta los esfuerzos que ya se han realizado, tal y como transmitimos al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y a la directora general de Asuntos Marítimos y de Pesca, Charlina Vitcheva, en sus visitas a nuestro país, y sin conocer los resultados científicos de las medidas implementadas en los dos últimos años”, apostilla Javier Garat, secretario general de Cepesca: “La CE vuelve a demostrar su lejanía y desconocimiento de la actividad pesquera, más allá de una absoluta falta de sensibilidad no solo con los pescadores, sino también con todos los actores implicados en una extensa cadena de valor de la que depende el bienestar socioeconómico de muchas poblaciones y ciudades”.

El sector pesquero del Mediterráneo español, previamente a su reunión el pasado 23 de noviembre con la Secretaría General de Pesca, tuvo acceso al informe del Comité Cientifico Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP/STEFC), que servirá de base para la toma de decisiones sobre el esfuerzo en el Mediterráneo Occidental en el Consejo de Ministros de Pesca. En base al mismo, el sector pesquero de demersales lamenta que el encargo del estudio de la Comisión a este comité solo contenga escenarios en los que se prima la reducción del esfuerzo pesquero, mediante la disminución de días de pesca por la flota afectada, continuando con el proceso de reducción, ya situado en más de un 20%, iniciado en el año 2020 y que provocará el aumento de irrentabilidad de la pesca de demersales y sus consecuencias socioeconómicas, tanto directas como indirectas, en las poblaciones dependientes de la pesca, cuestión que reconoce el STEFC en su informe.

Por otro lado, ante los comentarios que se realizan en el informe de STEFC de posibilidades de pesca en TAC repartidas de forma individual entre los barcos y con transferencia entre buques, el sector manifiesta su postura totalmente en contra, dado que puede provocar, por un lado, la carrera por pescar y, por otro, el riesgo de concentración de las posibilidades de pesca en pocas embarcaciones.

El sector considera necesario que se proceda a evaluar, de forma urgente, las consecuencias que sobre los stocks han tenido las medidas que hasta ahora, desde la implantación del Plan Multianual, se han puesto en marcha, como la reducción de días, cierre espacio temporales, etc. “Es inviable esperar a 2025 para realizar una evaluación del MAP, máximo teniendo en cuenta que el mismo STEFC, en su informe, afirma que el rendimiento máximo sostenible (RMS) no se va a conseguir en todas las zonas y para todas las especies en ese año. Por ello, es necesario aplazar la fecha pretendida para alcanzar el RMS, planteando, en su caso, una duración del plan de 10 años en vez de 5. Siendo imprescindible disponer de evaluaciones anuales que orienten sobre los resultados de las medidas.

El sector siempre se ha mostrado favorable a la aplicación de medidas que permitan garantizar el mantenimiento de las distintas poblaciones pesqueras y, de ahí, la política llevada a cabo, conjuntamente con la Administración en todo el litoral español, de establecimiento de épocas de veda y, ello, desde hace muchos años. En este sentido, la implantación de zonas de cierre espacio temporales para la protección de juveniles y reproductores ha sido seguida por la flota con la declaración de numerosas zonas. No obstante, el sector se muestra en contra de la propuesta de reducciones de pesca en estas zonas a la flota artesanal, flota de bajura, que afectaría gravemente a su ya preocupante situación económica.

El sector también solicitaba a España exigir, en el Consejo, que los días de pesca no usados tanto en el año 2020 como en este 2021, sean considerados como una reducción voluntaria de esfuerzo ya realizada, y renuncien a cualquier otra reducción de esfuerzo que se proponga hasta el año 2025.

“La aplicación de una reducción directa de las jornadas disponibles, así como la implementación de nuevas medidas técnicas de tipo restrictivo que no han alcanzado, en momento alguno durante las pruebas piloto llevadas a cabo, resultados concluyentes, no puede seguir siendo la política pesquera que persista”, expone el sector.

Impacto desde 2020 en la flota del plan plurianual

El Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020 para regular la pesca demersal con el objetivo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2025 de un 40%, ha tenido un duro impacto en la flota pesquera del Mediterráneo. En 2021, los arrastreros se han visto obligados a reducir su esfuerzo pesquero un 8,3%, una medida que se suma a las introducidas en 2020, incluyendo vedas espacio temporales y otras reducciones del esfuerzo pesquero superiores, en muchos casos, al 20%. Todo ello, además, en el difícil escenario creado por la pandemia de la COVID-19, que provocó que se dejaran de pescar más de 13.800 días de pesca.