"2%, 4%, 5%": la 'chuleta' del fraude o cómo se dictaban las bajas temerarias del caso 'Mascarillas' de Almería
La UCO halla en las oficinas de las empresas pantalla invitaciones oficiales de la Diputación con anotaciones manuscritas de los descuentos exactos que debían ofertar
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En la contratación pública, la "baja" es el descuento que una empresa ofrece sobre el precio de licitación para intentar ganar un concurso. En un sistema limpio, es un secreto empresarial guardado bajo llave hasta la apertura de sobres. En la Diputación de Almería, bajo la presunta gestión de la trama corrupta desmantelada por la Guardia Civil en el caso 'Mascarillas', la "baja" no se calculaba: se dictaba.
El atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) redactado tras los registros y arrestos de la semana pasada, al que ha tenido acceso Diario de Almería, revela el hallazgo de la "pistola humeante" administrativa: documentos oficiales de licitación con "chuletas" manuscritas que indicaban el porcentaje exacto que se debía poner para llevarse el contrato. "2%", "4%", "5%". Cifras redondas, escritas a mano sobre invitaciones del 'Plan Acelera 2020', halladas no en la Diputación, sino en la sede de las empresas controladas por la familia Sánchez en la localidad de Fines.
Este hallazgo confirma la tesis policial de que no existía libre concurrencia. Las licitaciones eran, según los investigadores, una pantomima burocrática donde el ganador estaba decidido antes de que se imprimiera el primer papel.
El "Plan Acelera" y la orden de "NADA"
El análisis de la documentación incautada en el registro de la sede de las empresas OYC Servicios Urbanos y GESA Andalucía ha permitido a la UCO reconstruir la secuencia del amaño en tiempo real. Uno de los ejemplos más flagrantes se produjo a finales de noviembre de 2020, en plena gestión del "Plan Acelera", un programa de inversiones millonarias para reactivar la economía provincial tras la pandemia.
Los agentes encontraron una invitación oficial de la Diputación dirigida a OYC para una obra en la localidad de Los Gallardos, con un presupuesto de 40.000 euros. Sobre el papel, una mano anónima había escrito una instrucción tajante: "NADA: Rodri 26.11.2020".
Esa anotación no era aleatoria. Al cruzar este documento con el vaciado del teléfono móvil de Rodrigo Sánchez López (hijo del alcalde de Fines y gerente de la trama empresarial), la UCO encontró la explicación. Ese mismo día, 26 de noviembre, Rodrigo escribió a su primo y entonces diputado de Fomento, Óscar Liria: "Mírame Los Gallardos y Fines porfa. Que de Los Gallardos es el último día. Borro mensajes".
La respuesta de Liria fue inmediata y ejecutiva: "Los Gallardos pasa. Voy a ver si aclaro el lío que han montado". La instrucción política ("pasa") se tradujo instantáneamente en la anotación manuscrita en la empresa ("NADA"). OYC no debía presentarse o debía retirarse porque, presuntamente, ese contrato tenía "lío" o estaba destinado a otro fin. El control de la adjudicación era total.
La maquinaria del amaño: OYC y Pulconal
Para entender cómo funcionaba el sistema, el atestado describe una estructura bicéfala diseñada para saquear las arcas públicas desde dos frentes, utilizando el mismo modus operandi pero con distintos beneficiarios.
Por un lado, operaba Pulconal S.L., vinculada directamente a la trama de Kilian López y Óscar Liria. Según la UCO, la actividad de esta sociedad respondía a un "plan preconcebido" para obtener lucro ilícito mediante adjudicaciones fraudulentas.
Por otro lado, y actuando de forma "paralela", se encontraba OYC Servicios Urbanos S.L.. Esta es la rama familiar. La empresa estaba controlada en la sombra por Rodrigo Sánchez Simón (tío de Óscar Liria y alcalde de Fines) y su hijo, Rodrigo Sánchez López. Sin embargo, para evitar que el vínculo familiar con el diputado de Fomento fuera evidente —lo que habría hecho saltar las alarmas de incompatibilidad—, utilizaron a OYC como una "empresa pantalla".
Los investigadores detallan cómo los Sánchez colocaron a testaferros al frente de OYC. Primero fue la pareja de un socio, y luego un encargado de obra que confesó ante la Guardia Civil que "únicamente se tenía que encargar de firmar cuando se lo dijesen Rodrigo Sánchez Simón o Rodrigo Sánchez López". Este testigo admitió ser un hombre de paja: no decidía nada, solo ponía su rúbrica donde le indicaban los verdaderos dueños.
El truco de la maquinaria
La UCO ha destapado que OYC era, en muchos casos, un cascarón vacío. La prueba del algodón se remonta a la primera adjudicación que recibieron, en noviembre de 2018. Óscar Liria envió un mensaje urgente a su tío Rodrigo: "Llámate a (...) y queda con ella. Dile que mire el correo que es urgente". Se trataba de una invitación para un contrato de alquiler de maquinaria.
Rodrigo contactó con la testaferro, pero surgió un problema técnico: OYC no tenía maquinaria. El propio Rodrigo alertó a Liria: "Me dice (...) que solo tiene lo de la maquinaria..." (refiriéndose a la documentación). La respuesta del diputado fue una orden directa para saltarse cualquier lógica administrativa: "Correcto. Que lo presente ya".
La investigación ha revelado que la maquinaria que OYC ofertó a la Diputación pertenecía, en realidad, a GESA Andalucía 2004 S.L., la empresa que sí estaba a nombre de los Sánchez. De esta forma, OYC facturaba a la institución pública ocultando el rastro de la familia del diputado, pero el dinero y los recursos acababan en el mismo bolsillo: el del clan de Fines.
El "mordisco" del millón de euros: la UCO sitúa al vicepresidente en el epicentro del 'pelotazo' sanitario
Mientras que en la trama de obras del 'Plan Acelera' las comisiones se movían presuntamente en márgenes de un dígito, el negocio de la pandemia operó con una voracidad muy distinta. Según el atestado 184/2025, el contrato de suministro de material sanitario adjudicado a la empresa Azor Corporate Ibérica no fue solo una compra de emergencia, sino una operación diseñada para desviar casi la mitad del presupuesto total a los bolsillos de la trama.
Los investigadores de la Guardia Civil han puesto cifra exacta al saqueo: 945.327,61 euros. Ese es el importe de los sobrecostes introducidos deliberadamente en un contrato cuyo valor total ascendió a 2.036.186,24 euros. Es decir, de cada dos euros públicos gastados en mascarillas y material de protección para la provincia, prácticamente uno era sobreprecio inflado artificialmente.
El papel "preponderante" de Fernando Giménez
Si en la trama de obras (OYC/GESA) el protagonismo recaía en Óscar Liria y la familia Sánchez, en el caso Azor la UCO eleva el tiro hacia la cúpula actual de la Diputación. El informe policial es contundente al definir el papel de Fernando Giménez, vicepresidente y mano derecha del presidente: se le atribuye una "participación activa y preponderante" en la introducción de estos sobrecostes.
A diferencia de otros investigados que podrían alegar desconocimiento, la Guardia Civil sostiene que Giménez actuó "en connivencia" con el entonces diputado de Fomento, Óscar Liria, y con el conocimiento del presidente, Javier Aureliano García. No se trataba solo de permitir el fraude: el atestado señala que existen elementos que prueban la "solicitud por su parte de dádivas" (sobornos) a Óscar Liria con motivo de este contrato millonario.
La ruta del efectivo: de Kilian a la cúpula
La mecánica para monetizar este "pelotazo" requería de una ingeniería financiera distinta a la de las pequeñas obras locales. Según la investigación, el empresario clave aquí fue Kilian López Solé. Una vez que la Diputación adjudicó el contrato inflado y pagó el dinero público, Kilian López se encargó de extraer el beneficio ilícito y convertirlo en efectivo.
La UCO detalla que el empresario efectuó "una serie de entregas de dinero en efectivo" a Óscar Liria. Este último actuaba como el "cajero" de la organización política: recibía los fondos de la empresa y, posteriormente, se encargaba de "canalizar estos fondos hasta los demás cargos públicos".
Este flujo de dinero masivo y en metálico procedente de las mascarillas es, según sospechan los investigadores, una de las fuentes principales que explicarían las grandes cantidades de efectivo halladas en los registros, como los 7.620 euros en la caja fuerte de la hermana del presidente o la compra de propiedades inmobiliarias sin justificación bancaria clara. Mientras se dictaban bajas del 4% para las obras de los pueblos, en los despachos nobles de la Diputación se gestionaba un desvío de casi un millón de euros aprovechando la urgencia sanitaria.
"Acompañamiento" y corrupción sistémica
El informe policial no solo señala a los cabecillas, sino que dibuja un ecosistema de corrupción que infectó el Área de Fomento. Para que OYC o Pulconal ganaran, necesitaban que otras empresas perdieran. Aquí es donde entraban en juego las llamadas "empresas de acompañamiento" o "comparsas".
La UCO investiga a mercantiles bien conocidas en el ámbito de las obras públicas, al ser adjudicatarias de distintas encomiendas a lo largo de toda la provincia, cuyos responsables, muchos de ellos también conocidos por los almerienses, habrían actuado en connivencia con la trama. El sistema era sencillo: cuando se lanzaba una licitación "negociada sin publicidad" (donde la administración invita a tres empresas), la trama se aseguraba de controlar las tres ofertas.
Una era la "buena" (con el descuento del 2%, 4% o 5% indicado en los papeles manuscritos) y las otras eran de relleno, presentadas para dar apariencia de legalidad y competencia, pero con precios deliberadamente altos para perder. Una auxiliar administrativo de la Diputación confirmó en su declaración que ella enviaba las invitaciones a licitar "a las empresas que le indicaba el técnico o su jefe", cerrando el círculo del control sobre quién entraba y quién ganaba en el juego de la contratación pública.
Los documentos con los porcentajes manuscritos, hallados ahora por la UCO, son la prueba física de que el "mercado" en la Diputación de Almería estaba, presuntamente, trucado al milímetro desde los despachos de Fines y Almería.
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CONTENIDO OFRECIDO POR DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
