20 años de la paralización del Algarrobico: los documentos exclusivos de un fracaso institucional

Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. La frase que se atribuye a la pensadora gallega Concepción Arenal sirve para explicar la historia de un hotel que fue convertido por los ecologistas en el mayor símbolo de la destrucción del litoral en el mediterráneo. Pero más allá de esa etiqueta que lo coronó en el ranking nacional de escándalos urbanísticos, esta mole de 411 habitaciones y 21 plantas es la memoria aún viva de un fracaso institucional compartido, con la implicación en diferentes etapas de su génesis y tramitación del Ayuntamiento de Carboneras, la Junta y el Gobierno.

Cuando se cumplen veinte años del auto del juez Jesús Rivera que ordenó la paralización cautelar de las obras, siguen sin identificarse a los culpables de un proyecto por el que sólo ha respondido Azata del Sol, la constructora a la que dejaron sola cuando comenzó el calvario judicial aquellos que en años anteriores habían sido los compañeros de viaje. El propio magistrado, tras aquel fallo que condenaría al hotel estando en recta final de ejecución, dedujo testimonio contra el consistorio y la administración andaluza al apreciar “claros indicios” de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Esa sospecha no llegaría a prosperar y fue archivada, a pesar de las denuncias de los colectivos conservacionistas sobre la adulteración de los mapas y planos de las zonas protegidas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. “El Algarrobico fue un invento de la Junta, fue la que promovió el hotel con la bendición del Gobierno”, señaló el entonces alcalde, Cristóbal Fernández, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló en 2014 que la licencia de obras que en 2003 había concedido el Ayuntamiento era legal porque no violaba la Ley de Costas y ni los valores ambientales al ser un terreno sin protección especial. Nada más lejos de la realidad.

El tiempo, y medio centenar de sentencias, han demostrado que el hotel invadía el dominio público marítimo-terrestre y se había levantado en una zona no urbanizable, tal y como había planteado el juez Rivera en 2008 cuando ordenó la revisión de oficio de la licencia municipal. Pero esta eterna crónica de una muerte anunciada no comienza con la autorización de obras ni con el auto de paralización. Son ya cuarenta años desde las primeras maniobras orientadas a desarrollar el Sector R-5 (después ST-1) en la playa del Algarrobico. Lo que en su día se planificó como un camping de primer nivel con el que la Junta quería acabar con las actividades de acampada ilegal “ambientalmente lesivas” se transformó en un mamotreto de hormigón al que iban a seguir en los sectores colindantes otros hoteles, más de 2.000 viviendas y un campo de golf.

Un macroproyecto que se empezó a gestar en 1985 durante el desarrollo del Plan para el Desarrollo Turístico del Litoral Andaluz en Almería. Y el análisis de la tramitación, con los documentos públicos a los que tiene acceso este medio, ponen de manifiesto un cúmulo de despropósitos por parte de las administraciones implicadas y demasiadas incógnitas que la justicia no ha resuelto y tampoco se han investigado. Hasta la fecha ningún juez ha tomado medidas contra los padres políticos de la criatura, ni contra los funcionarios que validaron los sucesivos expedientes, a pesar de que se han acreditado errores y presuntas irregularidades, además de la “burda maniobra” en el cambio de planimetría del PORN del parque natural o la “abulia y desidia” que recogía el auto del juez Jesús Rivera.

Demasiadas incógnitas sin despejar, cuarenta años después de su planificación, y desde el mismo momento en el que se concibió porque la sociedad participada por la Junta, con un 33% de sus acciones, recibió un incentivo económico incluso antes de constituirse y no notificó a la propia administración andaluza la venta de la parcela a la promotora. ¿Por qué los terrenos que habían costado 18 millones de pesetas se vendieron a Azata por 150? ¿Por qué en la escritura consta que el terreno es urbanizable y está fuera del parque natural? ¿Por qué se disparó la edificabilidad de los terrenos hasta los 72.523 metros cuadrados días antes de la venta? ¿Por qué a la sociedad que los había adquirido -Parque Club Algarrobico- le dieron una subvención estatal de 76,7 millones de pesetas antes de que estuviera legalmente constituida? ¿Por qué el Servicio de Costas aplicó inicialmente un deslinde de 20 metros de servidumbre de protección alegando que existía un Plan Parcial desde mayo de 1988 y previo a la nueva legislación?

¿Por qué recibió otro incentivo de la Junta de 2,8 millones para crear 102 empleos? ¿Por qué la Consejería de Medio Ambiente modificó la planimetría y puso un D2 (área urbanizable) donde figuraba un C1 (áreas naturales de interés general)? ¿Por qué el Ayuntamiento aprobó la licencia a pesar de las múltiples peticiones de revisión por parte de colectivos ecologistas e incluso de la Delegación Territorial de Obras Públicas por invadir la zona de servidumbre? ¿Y por qué no revisó el plan parcial como marca la ley cuando se superó el plazo de ejecución?

¿Por qué la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó en 1988 el Plan Parcial del terreno y en 1997 el proyecto de urbanización si ya sabía que era un área de interés general y que incumplía la ley de costas según recogían los informes de un ingeniero topográfico? ¿Por qué el consistorio de Carboneras con diferentes alcaldes de distinto signo político ha tardado dos décadas en reclasificar el suelo para que sea catalogado como no urbanizable? ¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente anunció un expediente de expropiación de los terrenos por invadir el dominio público marítimo-terrestre en tiempos de Cristina Narbona y en la siguiente legislatura se aparcó? Un cúmulo de despropósitos envuelven la tramitación y gestión del hotel del Algarrobico y ponen de manifiesto un anormal funcionamiento de las administraciones públicas para promoverlo y sacarlo adelante hasta que cualquier aspiración quedó paralizada en seco a las cinco de la tarde del 23 de febrero de 2006.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, había dictado el auto de 11 folios el día 21 y al siguiente lo notificó a las partes. Este sábado se cumplen veinte años de fracaso institucional y son más de cuarenta los que han pasado desde su gestación. Con casi medio centenar de sentencias en contra, el mamotreto de hormigón sigue esperando su derribo que ya han negociado Junta y Gobierno, pero la extrema complejidad tanto social como económica y jurídica de la actividad administrativa que se revisa ha eternizado la causa. Pero ha quedado claro a estas alturas, y es una conclusión recurrente y objetiva en la miríada de pronunciamientos judiciales, que está más que acreditada su ilegalidad pese a la pasividad de las administraciones responsables que lo hicieron posible.