Cientos de caravanistas europeos han inundado la franja litoral de la provincia, desde Adra hasta Pulpí, creando colonias durante semanas como escala previa en el trayecto al alza hacia Marruecos. Llegados desde Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Holanda, suelen acampar en primera línea de playa y determinados enclaves naturales de la geografía almeriense que no están habilitados ni autorizados para este tipo de estancias que no siempre son temporales y llegan a prolongarse hasta pasado el mes. Si bien los hay que se instalan en los camping y áreas específicas de autocaravanas, la mayoría pasan por los municipios almerienses a coste cero, realizando vertidos a la red de saneamiento y llenando los depósitos de agua en las fuentes, duchas y otras acometidas. Según detallan empresarios del sector a este periódico, las áreas alcanzan la ocupación media en estos meses de invierno, proporción superior a la del periodo estival que debería ser la de mayor actividad para un destino de sol y playa.

Y la razón es bien sencilla. La Operación Paso del Estrecho de las autocaravanas, una avalancha que cada año a partir de diciembre trae a las provincias del levante a miles de turistas que se desplazan desde el corazón de Europa hacia África. Tan sólo en Alemania se venden más de 60.000 casas sobre ruedas anuales, diez veces más de las que compran los españoles (6.000), según los datos de la Asociación Española de Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR). Luis López, de la junta directiva de la patronal, explica a este periódico que los extranjeros suelen cuidar el medio ambiente y respetar las normas, aunque siempre existen una serie de comportamientos y actitudes incívicas más visibles que son los que penalizan al conjunto de usuarios. 

El considerable despliegue de medios de uno de los caravanistas en Cuevas

Desde ASEICAR aseguran que existe un déficit de más de 2.000 áreas para este tipo de vehículos en España  y piden a los ayuntamientos un mayor esfuerzo desde lo público porque este tipo de infraestructuras necesitan poca inversión y generan beneficios al ser un turismo creciente y, después del tren, el menos contaminante. Almería tiene seis zonas públicas, ninguna en la capital, frente a las 17 de Córdoba y 23 de Sevilla. Los autocaravanistas europeos se agrupan en la provincia desde donde organizan los trayectos en ferry desde los puertos andaluces hasta Ceuta o Nador. Almería se ha convertido en los últimos años en una escala obligada porque tiene menos restricciones y esquivan las sanciones que en otras provincias y enclaves naturales como Sierra Nevada, Doñana y Tarifa son más habituales.

En la franja costera de Levante y Poniente pueden levantarse cada mañana frente al mar y encima a coste cero. Desde el sector recuerdan que hay proyectos para construir nuevas áreas en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar que no se aprueban por la protección del entorno, lo que acaba siendo aún más perjudicial porque campers y caravanas se instalan en cualquier rincón no habilitado. Están distribuidas a lo largo de toda la costa formando pequeñas colonias permanentes próximas a tomas de agua que han sido identificados previamente por los usuarios. Cuando crece en exceso el parque de casas sobre ruedas y son advertidos por parte de las autoridades, los usuarios se dispersan acudiendo a otras zonas de la provincia. Unos días en Vera o Quitapellejos, otros en el parque natural Cabo de Gata y después en la avenida del Mediterráneo de la capital, Roquetas, Almerimar y la playa del Poniente de Adra.

Reunión de un grupo de caravanista para planificar el trayecto a Marruecos

Desde este último asentamiento masivo alertaba de los incumplimientos y actitudes inapropiadas en su visita de este lunes el presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), Jesús Gallardo: “Es intolerable, los extranjeros campan a sus anchas, permanecen acampados durante meses, cogen el agua de las acometidas y vierten sus depósitos en cualquier sitio sin control ni regulación porque nadie los sanciona”. Una discriminación para el caravanista español que sí paga las multas (de hasta 1.500 euros) y sufre las prohibiciones de los ayuntamientos y el rechazo social que genera ese comportamiento inadecuado de los europeos en su escala almeriense: "Como sigan así los extranjeros, nos acabarán echando a los españoles de todos sitios a los demás".