Solo un derribo de 500 fallos firmes de casas ilegales en la provincia

Del medio millar de viviendas ilegales que en la provincia de Almería tienen sentencia firme de demolición, por la vía de lo contencioso administrativo, únicamente se ha ejecutado el derribo en una ocasión, según ha desvelado el magistrado-juez Tomás Cobo, una de las personalidades que están participando como ponente en las X Jornadas del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que se están celebrando en Almería desde el jueves y se clausuran mañana. Un foro de reflexión entre el mundo de la judicatura y la arquitectura con la asistencia de 250 expertos de toda España.

Unas 500 viviendas que deberían estar derribadas por haberse construido en terrenos no urbanizables permanecen en pie, pese a las órdenes dictaminadas por los Juzgados. Un dato éste que solo alude al ámbito contencioso administrativo.

Las sentencias de demolición por la vía de lo penal multiplicarían esta cifra a la que hizo referencia ayer Tomás Cobo, durante su ponencia sobre los delitos contra la ordenación del territorio y ante un concurrido auditorio que atendió a las conferencias que sobre este mismo asunto ofrecieron también el magistrado de la Audiencia Provincial de Almería, Manuel Espinosa Labella, y el presidente del Consejo de Colegio de Abogados de Andalucía y decano de Almería, José Pascual Pozo.

El derribo de la única casa en respuesta a una sentencia de lo contencioso ocurrió en enero de 2008, si bien no es la primera. Las sentencias prescriben a los quince años, por lo que Tomás Cobo ha alertado de que "muchas" de estas viviendas ilegales "están llegando ya a ese límite". El magistrado considera que esta situación se debe a los ayuntamientos, ya que la responsabilidad patrimonial que recae sobre las administraciones locales conlleva el pago de indemnizaciones que parece que no se están dispuestos a asumir.

"No se demuelen las viviendas porque a quien no le interesa es a los ayuntamientos. Si se derriban, el alcalde no solo tendrá que aguantar alguna protesta por parte de vecinos, sino que el ayuntamiento tendrá que indemnizar , lo que está sujetando que se cumplan las órdenes de demolición". La vivienda derribada en 2008 es la conocida casa de la familia Prior, en Vera, por la cual Almería saltó vergonzosamente a los telediarios de todo el mundo, ocasionando las 'casas de los ingleses' un daño a la "marca España", sobre el que ayer ponía el dedo en la llaga el presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Andalucía.

José Pascual Pozo defiende una reforma legislativa mediante un "pacto autonómico y de estado" que active un modelo de urbanismo "más simplificado, sencillo, y con un futuro menos incierto del que tenemos ahora para que, lo que se puede legalizar, se haga de forma certera y rápida", ofreciendo así garantías legales a los afectados, en su mayoría ingleses.

El decano de los abogados considera esencial esta respuesta rápida a un "problema de fondo" del que no hay que olvidar el componente humano. "Muchos son extranjeros y jubilados que se gastaron aquí sus ahorros para poder descansar en Almería atraídos por el sol y van a perder sus casas. Otros ya las han perdido o viven en condiciones infrahumanas, sin luz ni agua o en tiendas de campaña. Esta imagen está perjudicando a la marca España en Europa y en el mundo, y los posibles inversores están frenados ante la inseguridad jurídica existente", por lo que Pozo aboga por una "acción decida y razonable, oyendo a la ciudadanía" que, dicho sea de paso, anime "a resolver de otra forma los conflictos sin tirar tanto del código penal y vivir así en concordia".

La solución debe llegar, en opinión de Manuel Espinosa Labella, desde el ámbito legislativo ante el endurecimiento de las penas, sobre el que abundó el magistrado durante su ponencia titulada Ejecución de sentencias por delitos contra la ordenación del territorio.

"La solución -considera- tiene que venir por parte de la política porque desde el ámbito de lo jurídico-penal es muy complicado. Tenemos lo que tenemos". Explicó Espinosa a los asistentes los 'packs' que llegaron a venderse a los ingleses, a los cuales, con la operación de compraventa de una vivienda, también se les convertía en promotores y constructores, motivo por el que, además de haber perdido sus casas, han podido ser condenados y con el añadido del endurecimiento de las penas por delitos contra los "desmanes urbanísticos".