Todas las administraciones se vuelcan en reconstruir la zona

La tromba de agua y de granizo que cayó el miércoles por la tarde en El Ejido ha sido el acicate perfecto para movilizar a todas las administraciones, que ahora están obligadas a ponerse de acuerdo para dar solución a un problema que ha afectado a 500 familias y a más de un centenar de hectáreas de explotaciones agrícolas. Datos que se desprenden de la rueda de prensa que ofrecieron en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de la localidad el alcalde, Francisco Góngora, el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, el delegado de Agricultura de la Junta, José Manuel Ortiz, y los tres máximos responsables de las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, Francisco Vargas, Andrés Góngora y Francisca Iglesias, respectivamente.

"Tenemos que poner en marcha medidas concretas que sean ágiles y suficientes porque las familias afectadas quieren levantarse del mazazo que han sufrido porque lo necesitan para sobrevivir", afirmaba el regidor ejidense con gesto serio tras señalar que las zonas más afectadas han sido la parte norte de Santa María del Águila, la zona de La Maleza, el Polígono de La Redonda y Las Norias de Daza, así como el entorno de la Balsa del Sapo, en donde se concentra el mayor número de fincas y parcelas inundadas, estructuras agrícolas en el suelo, naves industriales anegadas y caminos cortados por el agua.

Unas medidas que pasan, según la reunión mantenida ayer, por la aplicación del Decreto para la modernización exprés, el Fondo de Solidaridad Europeo para catástrofes naturales o de las ayudas Minimis.

De la reunión de urgencia también ha surgido la necesidad de pedir un "trato de favor" a las entidades financieras para que "sean especialmente sensibles ante esta desgracia y que tengan en cuenta que tendrán que refinanciar los plazos de las operaciones que tienen ahora mismo todas las familias afectadas en marcha, tanto pólizas como préstamos, lo que conllevará reconsiderar los tipos de interés, los periodos de carencia, los plazos para amortizarlos, etc..", ha insistido el alcalde.

Las soluciones a corto y medio plazo también pasan por una rebaja fiscal a los agricultores afectados para el año que viene. Una medida que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aplicará según manifestó ayer la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo que adelantó que "ya se ha contactado" con el Ministerio de Agricultura a propósito de esta cuestión, en la que "lo primero que hay que hacer es una evaluación exhaustiva de los daños", algo de lo que, según ha apostillado, "ya se está encargando el Ayuntamiento", para que, "a continuación", el departamento de Miguel Arias Cañete, "en coordinación con otros ministerios, estudie las ayudas".

Un primer paso, el de evaluación de los daños, que desde las organizaciones agrarias consideran "vital" para que los agricultores tengan "la seguridad de que van a recibirlas", señalaba Francisca Iglesias.

Para tal fin, técnicos de la Oficina Comarcal Agraria de La Mojonera, así como técnicos de la delegación de Agricultura comenzaron en la mañana de ayer a recorrer las zonas afectadas, tanto para cuantificar los daños en los invernaderos, como para ver la situación de los caminos rurales, así como de los cauces de algunas ramblas, y una vez que se disponga de datos precisos, ver qué apoyos pueden gestionarse desde las Administraciones públicas.

A la espera de esa evaluación en la que también tendrán que participar de forma activa los agricultores afectados, José Manuel Ortiz ratificaba ayer a los periodistas el anuncio realizado por la consejera de Agricultura, Elena Víboras, según el cual la Junta está estudiando la posibilidad de solicitar al Gobierno central la consideración de catástrofe natural para la zona afectada.

De forma paralela, Ortiz ha adelantado que se va a instar a la empresa Agroseguros para que agilice lo máximo posible la tramitación de las solicitudes de indemnización que presenten los agricultores que tengan suscritas pólizas de seguro de sus explotaciones agrarias.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, ha ratificado las palabras de Crespo, y ha señalado que "cada administración tendrá que atender sus competencias desde su grado de responsabilidad".

El responsable de Coag, Andrés Góngora, ha insistido en la necesidad de que los agricultores entreguen toda la información que puedan recabar sobre los daños que han tenido en sus explotaciones agrícolas "y si es posible que adjunten fotografías", medidas con las que a su juicio "se mejorará la coordinación entre todas las administraciones".

Idea que ha apoyado su homólogo en Asaja, Francisco Vargas, que anunció ayer que "desde primera hora estamos acercándonos a todas las explotaciones afectadas para que no se quede ninguna sin visitar".

Una visita que también llevó en la tarde de ayer a conocer in situ los destrozos de la lluvia al director general de Agricultura de la Junta, Jerónimo Pérez, y al presidente de la Diputación, Gabriel Amat. "El panorama es desolador" señalaba Pérez que señalaba que "para cada uno de los agricultores y familias el impacto es tremendo y nuestro deseo es que sean capaces de recuperarse, como lo han hecho en otras ocasiones y ponerme en marcha otra vez".

Por su parte, Amat recordaba ayer la necesidad de que Junta y Gobierno Central creen "créditos blandos" o "subvenciones a fondo perdido" porque es "un desastre para los propietarios" de un sector "que atraviesa un momento muy delicado".

Según las primeras estimaciones al cierre de esta edición, hay afectadas unas 150 hectáreas más otras 85 en menor grado.