El reciente episodio de violencia que sufrió un agente de la Policía Local de Cuevas del Almanzora cuando trataba de mediar en una pelea entre dos adolescentes en las inmediaciones de un centro educativo y fue agredido por un padre y su hijo no es ni mucho menos un hecho aislado, ni una excepción, es una dura y cruda realidad cada vez más presente en la vida de los que nos protegen. Las agresiones físicas y verbales a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios públicos en la provincia de Almería han crecido un 45% en la última década (entre 2012 y 2022) y los delitos de atentado a la autoridad alcanzaron el pasado año su cifra más alta de la historia con un total de 293 hechos denunciados. El incremento exponencial pasaría desde los 202 casos conocidos en 2012 y 189 en 2013 a los cerca de 300 del último ejercicio.

Más de 2.600 atentados a la autoridad con intimidación grave o violencia en el cómputo global de la última década incluyendo los 216 casos que se han contabilizado este año hasta octubre. Las cifras no dejan lugar a dudas. En el último año en Almería ha sido casi 25 atentados contra la autoridad al mes, 35 al día en el territorio nacional. De hecho, España (al igual que la provincia) alcanzaba en 2022 la cifra más alta de agresiones a policías y guardias civiles de los últimos quince años con más de mil cada mes: 12.840. Un total de 9.239 ataques contra policías nacionales y otros 3.604 contra guardias civiles.

Una cascada de episodios violentos

Las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional llevan años alertando sobre el preocupante incremento de las conductas violentas hacia los agentes que cada vez son menos respetados por determinados segmentos de la población. Son víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarse a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía en el mantenimiento del orden público, una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible por el Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contemplan penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses para el atentado a la autoridad y de 6 meses a 3 años de cárcel cuando sean funcionarios públicos.

La Confederación Española de Policía lanzaba hace unos meses la campaña 'Tiene Delito' con el objetivo de dar a conocer esta realidad a la sociedad y reclamar el refuerzo inmediato de la protección física y jurídica de los agentes frente a la deriva de los últimos tiempos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) es una de las organizaciones que más está presionando para que el Gobierno tome cartas en el asunto y reconozca a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. No entienden que policías locales, mossos d'esquadra y ertzainas tengan ese reconocimiento laboral del que carecen policías nacionales y guardia civil y también consideran imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad.

"Los ataques a los compañeros son cada vez más frecuentes en la provincia, es raro la semana en la que no se produzca alguna agresión", reconoce Víctor Vega, portavoz de la AUGC. Desde esta entidad lamentan que los agresores en muchas ocasiones sean puestos en libertad a las pocas horas de su atentado porque el reproche penal es mínimo. "No es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está todavía hospitalizada o recuperándose de las lesiones". Las asociaciones de Guardia Civil critican la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia y solicitan al Ministerio del Interior pistolas táser, cámaras corporales y fundas antihurto para evitar agresiones como la vivida recientemente en Chiclana de la Frontera. Además, entienden que es necesaria la activación del seguro de responsabilidad civil previsto en su normativa interna y la emisión de instrucciones claras a la Fiscalía para acusar en este tipo de delitos al alza.

Penas del delito de atentado a la autoridad