El reciente episodio de violencia que sufrió un guardia civil del puesto principal de Roquetas en su propia casa y en presencia de su familia, golpeado por un delincuente habitual al que había detenido en repetidas ocasiones este año, no fue ni mucho menos una excepción, es una dura realidad cada vez más presente en la vida de los que nos protegen. Las agresiones físicas y verbales a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios públicos en la provincia de Almería han crecido un 45% en la última década y los delitos de atentado a la autoridad alcanzaron en 2022 su cifra más alta de la historia con un total de 293 hechos denunciados.

El incremento exponencial pasaría desde los 202 casos conocidos en 2012 y 189 en 2013 a los cerca de 300 que se contabilizaron en el pasado ejercicio. Nada menos que 2.377 atentados a la autoridad con intimidación grave o violencia en el cómputo global de la última década, de los que 808 -el 35%- se concentran en los tres últimos años. Se incurre en este delito, contemplado en el artículo 550 del Código Penal por quebrantar el respeto al principio de autoridad y al buen funcionamiento de los servicios públicos, cuando se agrede, intimida gravemente o se opone resistencia activa a un funcionario, autoridad o agente en el ejercicio de sus funciones.

Las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional llevan años alertando sobre el preocupante incremento de las conductas violentas hacia los agentes que cada vez son menos respetados por determinados segmentos de la población. Son víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarse a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía en el mantenimiento del orden público, una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible por el Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior tanto en la protección y seguridad de los agtentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contemplan penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses para el atentado a la autoridad y de 6 meses a 3 años de cárcel cuando sean funcionarios públicos.

25 agresiones al mes en Almería

Las cifras no dejan lugar a dudas. En el último año en Almería ha sido casi 25 atentados contra la autoridad al mes, 35 al día en el territorio nacional. De hecho, España alcanzó en 2022 la cifra más alta de agresiones a policías y guardias civiles de los últimos quince años con más de mil cada mes: 12.840. 9.239 ataques contra policías nacionales y 3.604 contra guardias civiles. Así lo ha denunciado la Confederación Española de Policía a través de su campaña 'Tiene Delito' cuyo objetivo es dar a conocer esta realidad a la sociedad y reclamar el refuerzo inmediato de la protección física y jurídica de los agentes frente a la deriva de los últimos tiempos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) es una de las organizaciones que más está presionando para que el Gobierno tome cartas en el asunto y reconozca a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. No entienden que policías locales, mossos d'Esquadra y ertzainas tengan ese reconocimiento laboral del que carecen policías nacionales y guardia civil y también consideran imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad.

"Los ataques a los compañeros son cada vez más frecuentes en la provincia, es raro la semana en la que no se produzca alguna agresión", reconoce Víctor Vega, portavoz de la AUGC. Desde esta entidad lamentan que los agresores en muchas ocasiones sean puestos en libertad a las pocas horas de su atentado porque el reproche penal es mínimo. "No es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está todavía hospitalizada o recuperándose de las lesiones". Las asociaciones de Guardia Civil critican la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia y solicitan al Ministerio del Interior pistolas táser, cámaras corporales y fundas antihurto para evitar agresiones como la vivida recientemente en Chiclana de la Frontera. Además, entienden que es necesaria la activación del seguro de responsabilidad civil previsto en su normativa interna y la emisión de instrucciones claras a la Fiscalía para acusar en este tipo de delitos al alza.

Episodios recientes en Almería

La agresión en su propio domicilio de un agente en Roquetas ha sido el episodio más reciente de una historia de violencia que no siempre trasciende al conjunto de la sociedad. Una proporción considerable de ataques contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Almería no se hacen públicos y se derivan internamente a la justicia para su procesamiento penal. En los últimos años se han conocido agresiones de todo tipo en la provincia como la que vivieron seis guardias civiles y dos policías locales de Roquetas en junio del pasado año por parte de un hombre fuera de control al que intentaron identificar después de agredir sin motivo aparente a una madre y a su hijo en un parque.

En agosto de este año un juez de Almería imponía condenas que suman dos años de prisión (12 meses por delito contra la autoridad y 12 por el de lesiones) a tres hermanos que agredieron a cuatro agentes de la Guardia Civil que actuaron en una reyerta multitudinaria en las fiestas de Cuevas en 2019. Uno sufrió fractura de nariz y labio inferior. A pesar de las heridas de consideración y los daños en el vehículo policial, la jueza ordenó que se suspendiera la ejecución de la pena de prisión durante dos años a condición de que el condenado no volviera a delinquir e hiciera frente al pago de la responsabilidad civil que le había sido impuesta. Eso ocurría en noviembre de 2019 y cuatro meses antes, el 16 de agosto, otro agente sufrió una brutal agresión que lo dejó inconsciente y tuvo que ser hospitalizado en las urgencias de La Inmaculada de Huércal Overa. 

Dispositivo de seguridad en un barrio de la capital tras una reyerta multitudinaria

En otro fallo de septiembre del pasado año se condenó a solo seis meses de cárcel a un hombre que golpeó a tres guardias civiles que acudieron al Barrio Alto de Albox para mediar en una pelea entre clanes. En septiembre de 2021, un agente resultó herido y necesitó puntos de sutura por la agresión de una docena de jóvenes en Roquetas que trataron de impedir la detención de otro menor que trapicheaba con porros en el barrio. El 24 de abril de 2020 en las 200 Viviendas fueron atacados varios guardias civiles después de preguntar a una pareja la razón por la que habían salido a la calle estando vigente el estado de alarma. Al pedirle la documentación, la reacción del hombre fue la de emprenderla a golpes con los agentes, uno de ellos capitán jefe del puesto principal roquetero, que recibió un fuerte golpe en el pómulo y sus compañeros varias contusiones. 

El 24 de abril de 2020 en las 200 Viviendas fueron atacados varios guardias civiles después de preguntar a una pareja la razón por la que habían salido a la calle estando vigente el estado de alarma. Al pedirle la documentación, la reacción del hombre fue la de emprenderla a golpes con los agentes, uno de ellos capitán jefe del puesto principal de Roquetas, que recibió un fuerte golpe en el pómulo y el resto contusiones. Una de las sentencias más contundentes, por la gravedad de los hechos juzgados, llegaba en enero de 2022 cuando la Audiencia Provincial de Almería imponía penas que sumaban 23 años y medio al acusado de agredir sexualmente e intentar matar a una agente de la Guardia Civil después de colarse en su vivienda de la Urbanización de Roquetas. Los hechos se remontan a una madrugada de principios de marzo de 2020 y poco después del suceso fue detenido e ingresado en prisión provisional y sin fianza.

Penas del delito de atentado a la autoridad

El delito de atentado a la autoridad, los agentes y funcionarios públicos es del tipo doloso y se requiere que las víctimas se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Un dato que muchos desconocen es que se incluyen en este colectivo a docentes y personal de centros sanitarios. Es importante poder diferenciar entre la resistencia y el atentado porque sus penas son diferentes. Según lo establecido por el Tribunal Supremo, es necesario evaluar en detalle la conducta del sujeto activo, así como la gravedad de su oposición física ante una orden de la autoridad. Las penas difieren según se establezca se han cometido conductas típicas o se acredite el modo agravado del delito:

• Conducta típica contra la autoridad: el reo será penalizado con prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
• Conducta típica contra autoridad del Gobierno, Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Senado, Asambleas Legislativas, Diputados, Corporaciones Locales, Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez: la pena será de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
• Conducta típica contra agentes o funcionarios públicos: los condenados serán sancionados con prisión de 6 meses a 3 años.
• Delito agravado de atentado a la autoridad: se impondrá a los reos las penas superiores en grado previsto para el delito.