Las claves del operativo que afecta a la Diputación de Almería

La causa que comenzó siendo un expediente acotado ha terminado abriendo un escenario de investigación mucho más amplio en la Diputación de Almería. Lo que nació como una línea concreta —el contrato de mascarillas adjudicado durante la pandemia— ha evolucionado hacia una operación de gran alcance ejecutada por la UCO de la Guardia Civil, con siete detenciones, diez registros y un despliegue simultáneo en dependencias provinciales, el Ayuntamiento de Fines y diversas sedes mercantiles. Fuentes oficiales la definen como la segunda fase del procedimiento, cuyo alcance incluye otras áreas administrativas, nuevos actores y posibles ramificaciones empresariales.

Durante la jornada fueron detenidos Javier Aureliano García, presidente de la Diputación; el vicepresidente segundo, Fernando Giménez; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. También fueron arrestados un técnico de Obras Públicas, el hijo del regidor y dos empresarios. A los que esta mañana se ha unido un octavo implicado en calidad de investigado. Por lo que ya son cinco detenidos y tres investigados.

El primer foco de actuación se situó en el Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo. Durante el registro, que se prolongó durante horas, García y Giménez estuvieron presentes acompañando a los agentes, según fuentes del cuerpo. A continuación, la UCO registró el Servicio de Infraestructura Urbana, dependencias vinculadas a las funciones del técnico detenido. Asimismo se realizaron registros en domicilios particulares, oficinas municipales de Fines y sedes de empresas, con incautación de documentación física, expedientes electrónicos, dispositivos informáticos y teléfonos móviles. La instructora ha autorizado el volcado completo de datos.

La presencia en el operativo del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, confirma la prioridad asignada a la actuación por parte del cuerpo.

El auto judicial amplía el alcance de las pesquisas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que el auto judicial aprecia “sospechas fundadas” de hechos que podrían encajar en delitos de "cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales". Según el documento judicial, los investigados “habrían facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos” y parte de los fondos “podría haberse canalizado al tráfico económico legal”.

El TSJA señaló además que, siempre según el auto, algunos de los detenidos “no intervinieron en la adjudicación inicial, sino en la canalización de los fondos investigados”. Para evitar movimientos patrimoniales, la instructora ha ordenado “bloqueos de cuentas, prohibición de disponer de bienes inmuebles y requerimientos a entidades bancarias”.

Una investigación que se ramifica desde 2021

La ampliación de la causa se vincula al procedimiento abierto en 2021 sobre el contrato de mascarillas de abril de 2020, que derivó en la detención del entonces vicepresidente provincial Óscar Liria. Aquella primera línea se centraba en material sanitario. Según fuentes conocedoras del caso, el análisis de comunicaciones y expedientes permitió identificar otros actores y nuevas áreas administrativas, incluidas unidades vinculadas a Presidencia y Obras Públicas. Parte de la causa permanece bajo secreto.

Relevo institucional y suspensión en el PP

Tras las detenciones, la Diputación de Almería activó un relevo inmediato en su presidencia. El vicepresidente Ángel Escobar asumió las funciones de presidente en funciones y expresó la colaboración “plena” con los requerimientos judiciales, insistiendo en que la actividad ordinaria continúa con normalidad.

En el plano orgánico, el PP de Andalucía abrió un expediente informativo y anunció la suspensión cautelar de militancia de García, Giménez y Rodrigo Sánchez, medida que la dirección autonómica presentó como garantía para facilitar el esclarecimiento de los hechos mientras se preserva la presunción de inocencia. De forma provisional, el secretario general del PP almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, asume las funciones de presidencia en la organización provincial.

Las reacciones al caso en la Diputación de Almería

En el ámbito político provincial, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, reclamó la dimisión inmediata de los cargos implicados y defendió que deben abandonar tanto sus responsabilidades institucionales como sus puestos en el partido. Martín situó las detenciones en una línea de continuidad con las diligencias previas del caso ‘Mascarillas’ y afirmó que el PSOE, personado en la causa, lleva tiempo solicitando aclaraciones sobre el contrato de material sanitario adjudicado en 2020.

También se pronunciaron otros representantes de la oposición. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, consideró que la situación “no es un problema puntual” y expresó su preocupación por la repercusión institucional del caso. En una línea distinta, el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció la voluntad de su formación de personarse como acusación popular en el procedimiento judicial, en un mensaje en el que defendió que su partido actuará contra “cualquier caso de corrupción”, independientemente de su origen político.