Almería lidera la siniestralidad por agresiones a guardias civiles en una Andalucía al alza

La situación de la seguridad ciudadana y la integridad física de los agentes de la Guardia Civil en Andalucía ha alcanzado cotas que las asociaciones profesionales califican de escandalosas y preocupantes. Según los datos recientemente analizados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la comunidad autónoma ha experimentado un incremento del 63,1 % en las agresiones sufridas por los agentes entre los años 2020 y 2024. En este escenario de violencia creciente, la provincia de Almería se sitúa en el epicentro de la siniestralidad, liderando de forma absoluta las estadísticas de lesiones y bajas laborales derivadas de ataques en acto de servicio.

A pesar de que otras provincias han registrado crecimientos porcentuales más explosivos, Almería se consolida como el punto negro de la seguridad para los agentes en el sur de España. Entre 2020 y 2024, la provincia ha acumulado un total de 377 agentes lesionados, la cifra más alta de toda Andalucía, superando incluso a provincias con mayor número total de agresiones registradas, como Córdoba. El impacto en la operatividad de la Comandancia de Almería es directo, ya que es la zona que registra más bajas médicas por agresiones, con un total de 116 casos en el quinquenio analizado. El año 2023 fue especialmente crítico para la provincia, alcanzándose un pico de 93 guardias civiles heridos en un solo ejercicio.

Radiografía de la violencia por municipios

Los datos oficiales del Gobierno permiten trazar una radiografía detallada de los focos de conflictividad en la provincia, destacando especialmente el Poniente Almeriense y la capital. La evolución de las infracciones penales por atentado a la autoridad muestra una tendencia al alza en puntos clave como Almería capital, que se mantiene como el núcleo con mayor actividad violenta contra funcionarios públicos tras registrar 96 casos en 2024 y haber alcanzado los 105 en el año 2021. Por su parte, El Ejido es uno de los puntos donde la preocupación es más acuciante debido a una tendencia ascendente que ha llevado las cifras de 28 casos en 2020 a 46 en el último año. Roquetas de Mar presenta cifras elevadas de forma estructural con 48 infracciones en 2024, mientras que Níjar ha experimentado un repunte significativo en los últimos dos ejercicios hasta alcanzar los 14 atentados anuales.

Este escenario de agresividad no se limita exclusivamente a los grandes núcleos de población, sino que se extiende por diversas comarcas de la geografía almeriense. En el Levante, municipios como Huércal-Overa mantienen una incidencia constante con 5 casos anuales, mientras que en la Comarca del Mármol y otras zonas del interior, la dispersión de efectivos agrava la sensación de vulnerabilidad de los agentes ante intervenciones de riesgo. Por su parte, en la zona metropolitana, localidades como Vícar han experimentado una evolución preocupante, triplicando prácticamente sus cifras de atentados a la autoridad al pasar de los 3 casos registrados en 2019 a los 9 incidentes contabilizados en 2024, con un pico de 12 en el año anterior.

A esta presión operativa se suma una gestión administrativa de la seguridad laboral que la AUGC vigila de cerca. Según los informes oficiales del Gobierno, en la Comandancia de Almería todavía se encuentran pendientes de evaluación de riesgos 215 puestos de servicio y tres centros de trabajo, lo que supone un déficit en la prevención técnica en una provincia que soporta la mayor tasa de lesionados de la comunidad. La combinación de una evaluación de riesgos incompleta y el incremento de la violencia en las calles del Poniente y la capital refuerza la tesis de las asociaciones sobre la desprotección estructural que sufren los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones.

El "espejismo" de la pandemia y la escalada real

Si se analiza la serie histórica proporcionada por la asociación, se observa que el año 2020, marcado por el confinamiento y las restricciones del COVID-19, registró 247 agresiones en toda la comunidad. Desde la delegación de Almería, su portavoz Víctor Vega Romero advierte que estas cifras suponen un espejismo, ya que la realidad habría sido peor de no ser por la falta de movilidad social durante la pandemia. Sin embargo, la escalada posterior ha sido constante, llegando a las 403 agresiones en el conjunto de Andalucía durante 2024, lo que supone que el número de agentes que han tenido que causar baja médica como consecuencia de estas agresiones ha evolucionado de 96 a 160 en apenas cinco años.

La denuncia de AUGC: opacidad administrativa

Víctor Vega, secretario y portavoz de AUGC Almería, se muestra tajante ante la gravedad de estos datos y critica duramente la gestión del Ministerio del Interior. Según Vega, la situación en 2025 apunta a ser todavía más alarmante que la de años anteriores, calificando de "barbaridad" la asistencia que la asociación está teniendo que prestar a sus compañeros. Especial hincapié hace en la zona del Poniente Almeriense, donde la asociación sospecha que sus agentes podrían ser los más agredidos de toda España. Una de las quejas principales radica en la opacidad administrativa, ya que el Portal de Transparencia ha denegado a la AUGC el acceso a las cifras de 2025, alegando que los representantes de los agentes no tienen derecho a esos datos, una situación que Vega tilda de "sombra democrática".

Esta falta de transparencia no es un hecho aislado, sino que, según explica el portavoz de la AUGC en Almería, se ha convertido en una constante en las relaciones con la administración central. La asociación ha tenido que recurrir sistemáticamente a órganos de alzada para obtener datos básicos de siniestralidad, ganando diversas apelaciones que confirman su derecho a conocer el alcance real de las agresiones que sufren sus representados. Para la delegación almeriense, el hecho de que el Gobierno intente blindar estas estadísticas bajo el argumento de que los representantes de los guardias civiles no tienen derecho a manejar datos internos de la institución supone un obstáculo injustificable que impide analizar con rigor la evolución de la violencia en zonas de especial conflicto como el Poniente.

La preocupación de la asociación se agrava ante la sospecha de que los datos de 2025 podrían marcar un récord histórico negativo en la provincia, superando ampliamente las cifras ya críticas de años anteriores. La AUGC insiste en que ocultar o demorar la entrega de estas estadísticas solo contribuye a perpetuar la desprotección de los agentes, ya que impide dimensionar adecuadamente la necesidad de refuerzos y formación específica. Mientras no se disponga de una radiografía actualizada y transparente de cuántos guardias civiles son lesionados o causan baja en cada intervención, los representantes de los agentes denuncian que se está hurtando un debate democrático esencial sobre la seguridad pública y el deterioro del principio de autoridad en el entorno rural y portuario de la provincia.

La desprotección técnica: el caso de Vera

La falta de medios materiales es otra de las grandes reivindicaciones que marcan el día a día de la Comandancia. La AUGC exige la dotación urgente de pistolas Táser y cámaras corporales para todos los agentes como medida de protección. Para ilustrar esta carencia, Vega cita el suceso ocurrido el pasado verano en un apartamento de Vera, donde una persona con antecedentes por amputar supuestamente el dedo a un agente se encontraba atrincherada causando graves destrozos. Ante la peligrosidad del individuo, los agentes tuvieron que esperar a que llegara un dispositivo Táser desde una distancia de 90 kilómetros al no disponer de ninguno en la unidad local, lo que a juicio de la asociación demuestra que no se están poniendo los medios acordes para enfrentar situaciones de extrema violencia.

El debate sobre la profesión de riesgo

El núcleo del conflicto reside en la calificación jurídica de la labor policial, ya que la AUGC considera aberrante que el Ministerio del Interior siga sin reconocer a los guardias civiles y policías nacionales como profesión de riesgo. Por su parte, el Gobierno defiende en sus respuestas parlamentarias oficiales que nunca ha habido tantos efectivos en Almería y asegura que se ha revertido la merma de inversión de etapas anteriores. No obstante, los datos de siniestralidad laboral reflejan que la mayor presencia de agentes no ha frenado la violencia, y la duración media de las bajas médicas en la Guardia Civil de Almería, situada en 26,12 días, evidencia la gravedad de las lesiones sufridas por los efectivos que patrullan las calles de la provincia.