Pleno ordinario

Las arcas municipales, en aprieto por dos sentencias de 30 millones

  • El Ayuntamiento pide al Juzgado un plan de pagos que no comprometa las inversiones y pasa el “platillo” para recaudar de las áreas los primeros 5,3 millones. Cs plantea bajada de sueldos y Vox exige responsabilidades técnicas y políticas

La ampliación del paseo marítimo se ha quedado mientras a la mitad, con la segunda fase paralizada La ampliación del paseo marítimo se ha quedado mientras a la mitad, con la segunda fase paralizada

La ampliación del paseo marítimo se ha quedado mientras a la mitad, con la segunda fase paralizada

La proximidad de las elecciones caldea la política local, pero ha sido la situación comprometida en la que se encuentra el Ayuntamiento de Almería y sus arcas públicas la que ha convertido el Salón de Plenos en un hervidero de acusaciones por parte de todos los grupos de la oposición hacia el equipo de gobierno. Hay que abonar 30 millones de euros, sí o sí, por las dos sentencias de las expropiaciones de suelo para la prolongación del paseo marítimo. El Ayuntamiento ha solicitado al Juzgado un plan de pagos y, sin respuesta aún, ya ha pasado el “platillo” por las áreas para juntar los primeros 5,3 millones de euros de aquellas partidas que no han sido empleadas este 2019. Entre ellas, el millón que iba destinado a la mejora salarial de las trabajadores de la Ayuda a Domicilio.

El aprieto económico ante estas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia es más comprensible si se tiene en cuenta que en sus presupuestos el Ayuntamiento suele destinar 15 millones a inversiones, por lo que en palabras del portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, los fallos judiciales han puesto “en jaque al Ayuntamiento”

Al objeto de hacer frente a estas compensaciones, lo primero que ha hecho el equipo de Ramón Fernández-Pacheco, ha sido esa solicitud de pagos aplazados, para la cual no hay todavía respuesta judicial, y llevar a Pleno para su aprobación una modificación presupuestaria de 5,3 millones con los comenzar los abonos sin comprometer las inversiones de los próximos ejercicios.

El “platillo” al que también aludía Cazorla que el PP ha pasado por las áreas corresponde a actuaciones que no se han llevado a cabo como el servicio de alquiler de bicicletas, la aportación municipal a proyectos de movilidad de los fondos Edusi, limpieza, y el mantenimiento de las zonas verdes. Pero el gran pellizco lo aporta el área de Familia, con el citado millón de euros que el PP había contemplado en las cuentas de 2019 para la esperada subida salarial de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, que ayer estaban presentes en la sesión plenaria, haciéndole la papeleta más complicada al concejal de Economía, Juan José Alonso, a la hora de defender al equipo de gobierno de las críticas de “nefasta gestión” y “negligencia” procedentes del Partido Socialista y del resto del grupo políticos, incluido Vox.

“No se va a ver afectado ninguno de los servicios de los que hemos detraído las partidas”, asegura el responsable de Economía del PP, quien quiso ahondar en la imposibilidad de subir durante este ejercicio el sueldo a las trabajadoras porque la licitación de la Ayuda a Domicilio ha sido recurrida y, en estos momentos, se encuentra en los juzgados, siendo el compromiso del equipo de gobierno volver a contemplar, en este próximo 2020, la cantidad necesaria para completar las nóminas que, como quiso detenerse el edil, fijó el PSOE desde la Junta. Tal es la papeleta que Fernández-Pacheco protagonizó su intervención más larga desde que es alcalde, “perplejo ante la vehemencia” de la oposición, y, apuntalando la intervención de Alonso, retó a PSOE, Cs y Podemos a “qué digan cuál es la fórmula legal para poder pagar el millón a las trabajadoras”.

No fueron aportadas, teniendo en cuenta que el alcalde hizo el último uso de palabra, si bien con anterioridad, desde Cs y Vox, sí se expusieron medidas, no en concreto para la Ayuda a Domicilio, sino sobre el problema general de los 30 millones. Cazorla sugiere la bajada de sueldos de los políticos para “empezar a dar ejemplo”, mientras que Joaquín Pérez de la Blanca ha exigido un informe al objeto de depurar responsabilidades técnicas ante un procedimiento que, entiende, podía haber sido llevado de mejor manera. También responsabilidades políticas, aunque el portavoz de Vox las suavizó a modo de pregunta.

Las acusaciones de negligencia se deben a que, por una razón u otra, el Consistorio, como codemandado, no se personó hasta las conclusiones del procedimiento. Las de mala gestión, por no haberse cerrado un acuerdo de permuta Corporaciones atrás cuando los propietarios pedían por su suelo 7 millones, de lo que Alonso acusó a Megino (Gial), y Cazorla, a Venzal (PP). El Partido Popular quiso defender la labor de la Asesoría Jurídica enfrentando los 42 millones en sentencias favorables de 2018 a los 117.000 euros perdidos.

El PSOE y Vox se abstuvieron ante la modificación presupuestaria "porque las sentencias hay que pagarlas", mientras que el PP recibió los votos en contra de los tres concejales que suman Ciudadanos y Podemos.

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