La artillería legal de Israel Martínez en un nuevo juicio por delitos contra Hacienda
El asesor fiscal, considerado artífice de las tramas societarias de Obrascampo y Rifá, cuenta con el peritaje del que fuera director de la Agencia Tributaria y la defensa de un exmagistrado del TSJA
El empresario Israel Martínez ha vuelto a comparecer ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería para responder ante la justicia por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social por la presunta evasión de impuestos durante varios años como administrador de la entidad Planificadores de Negocio SL. La acusación particular la vuelve a ejercer la Agencia Tributaria de Almería como ha venido ocurriendo en otros procesos en los que se ha visto implicado este asesor fiscal y gestor de patrimonio señalado en los últimos años como uno de los artífices de los entramados de la promotora Obrascampo y la descapitalización de sociedades del empresario Miguel Rifá Soler.
Los testigos citados por el instructor, incluidos los responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera en Almería, realizaron su declaración este miércoles y el próximo 6 de abril tendrán que intervenir los peritos porque se han aportado nuevas pruebas al procedimiento abreviado 229/2020 procedente del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería. Uno de los aspectos más destacados de la comparecencia inicial fue la artillería legal de la defensa, recurriendo a pesos pesados de la jurisprudencia y gestión tributaria. Israel Martínez cuenta con el letrado Jorge Muñoz Cortés, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que con anterioridad desempeñó los cargos de fiscal coordinador en Melilla y de Ordenación del Territorio y Urbanismo en Jaén antes de incorporarse al despacho Martínez-Echevarria. Y como perito fiscal ha contratado los servicios de Ignacio Ruiz-Jarabo que fue director de la Agencia Tributaria en el Gobierno de Aznar (1998-2001).
Israel Martínez fue detenido como presunto cerebro de la ingeniería fiscal y financiera con la que Rifá trató de defraudar al fisco a gran escala a través de las mercantiles Citymar, Predios del Sureste y Diakonia. La Fiscalía solicitó durante el procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en noviembre de 2019 penas de 29 años y 11 meses de prisión para el hostelero catalán y 17 años de prisión para su socio almeriense por cuatro presuntos delitos contra la hacienda pública y un delito de insolvencia punible. La investigación policial puso al descubierto que habían eludido obligaciones tributarias con un entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas con domicilio fiscal en las islas Vírgenes Británicas.
La fiscal Elena Fernández Lora no tuvo ninguna sobre el duda el ideólogo de las operaciones al plasmar en el escrito de acusación que el empresario contó con la "expresa colaboración y asesoramiento de Israel Martínez". El asesor económico que trabaja desde hace más de veinte años en la asesoría Espejo del Mar en el Paseo de Almería fue consejero de las mercantiles de Rifá como Las Salinas de Roquetas, el administrador único de Diakonia Hotelera, a la que querían traspasar las acciones del Hotel Almería-Grupo Citymar, y representante legal de GILHSA, la sociedad portuguesa que se iba a quedar precisamente con todas las participaciones como último eslabón de la cadena con la que se había planificado un alzamiento de bienes e insolvencia punible.
Con anterioridad, durante la crisis económica, acordó comprar parte de Obrascampo al empresario Antonio Pérez, una maniobra de evasión de impuestos por la que ambos acabaron en prisión hasta que pagaron la fianza por delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales al defraudar en torno a 14 millones de euros. En ambos entramados se empleó un modus operandi similar para despatrimonializar empresas y simular préstamos con los que defraudar a la hacienda pública. Por esta causa se solicitaron 17 años y medio de cárcel para el constructor y 16 años de prisión para el asesor Israel Martínez, además de una multa a cada uno de 5,1 millones de euros. La sección segunda de la Audiencia Provincial condenó finalmente en julio de 2019 a cinco años y tres meses de prisión al constructor y a tres años y diez meses de prisión por tres delitos a Israel Martínez.
No hay comentarios