Estos barrios de Almería tienen la mitad de las viviendas en venta con okupas

El mercado inmobiliario de la provincia de Almería entra en una fase de bloqueo silencioso en sus zonas más sensibles. Con un stock provincial de 9.297 viviendas en venta, la existencia de 555 inmuebles ocupados ilegalmente actúa como un freno estructural que condiciona el acceso a la vivienda y erosiona la seguridad jurídica de los propietarios, obligados en muchos casos a malvender ante la imposibilidad de recuperar la posesión a corto plazo. No es un fenómeno homogéneo: dibuja una Almería a dos velocidades.

Mientras el crecimiento urbanístico fluye en nuevos residenciales sin incidencias, los barrios históricos y varias pedanías del Poniente quedan atrapados en un limbo administrativo que saca del mercado cientos de viviendas potenciales para familias y compradores locales.

Un mercado bloqueado por la ocupación ilegal

La ocupación no solo afecta al número de viviendas disponibles, sino a la lógica completa del mercado. Los inmuebles sin posesión quedan fuera del circuito hipotecario, alteran los precios de referencia y generan una desconfianza que se contagia a todo el entorno urbano.

El resultado es un mercado rígido, donde una parte relevante de la oferta existe sobre el papel, pero no en la práctica.

La capital concentra el mayor número de viviendas en conflicto

En la ciudad de Almería hay 143 viviendas en venta con ocupación ilegal, el 10,6 % de toda la oferta. Es el punto con mayor densidad de conflictos de propiedad, donde pequeños ahorradores y vecinos ven cómo su patrimonio pierde valor y liquidez.

Los anuncios inmobiliarios actúan como reflejo de esta brecha: carteles de “se vende” acompañados de advertencias que impiden visitas interiores o la concesión de financiación bancaria convencional.

Barrios donde la ocupación supera el 30 % y paraliza la compraventa

El caso más extremo se localiza en La Chanca y Pescadería. En La Chanca, el 48,8 % de las viviendas ofertadas están ocupadas. Comprar aquí deja de ser una operación residencial para convertirse en una apuesta de alto riesgo, con precios que arrancan en 18.000 euros y donde el valor del inmueble pesa menos que el coste y la duración de los procesos judiciales futuros.

En El Quemadero y Esperanza, la incidencia supera el 30 %. Doce de las 39 viviendas en venta están bloqueadas, lo que frena cualquier intento de regeneración urbana y expulsa a la demanda media hacia zonas más caras de la ciudad.

Zonas tradicionales y áreas premium afectadas por activos sin posesión

En San Luis y Los Molinos, la ocupación alcanza el 11,6 %. Doce inmuebles bloqueados bastan para generar tensiones en comunidades consolidadas y distorsionar la tasación de edificios completos. El comprador particular evita estos bloques y concentra su interés en aquellos sin incidencias.

Ni siquiera el Centro y la Rambla quedan al margen. Aunque la incidencia es menor, aparecen viviendas ocupadas ligadas a procesos bancarios. En el Centro se contabilizan 11 casos sobre 127 viviendas, mientras que en la Rambla destaca la figura de la cesión de remate, activos en ubicaciones premium que se venden sin posesión inmediata.

El Poniente almeriense amplifica el problema fuera de la capital

Fuera de la ciudad, el foco se desplaza hacia el Poniente. En Roquetas de Mar hay 144 viviendas ocupadas, el 10 % de su mercado de compraventa. Puerto, Pueblo y Cortijos de Marín concentran la mayoría de los casos, hasta generar agencias especializadas en la venta de activos con ocupación.

En El Ejido, la incidencia global es del 9,3 %, pero en Las Norias se dispara hasta el 25 %. Una de cada cuatro viviendas en venta no se puede visitar, dejando el mercado local prácticamente inaccesible para el comprador residencial.

Un mercado al contado que expulsa al comprador residencial

El impacto más directo de este escenario es financiero. Los inmuebles sin posesión no pueden ser tasados físicamente y quedan fuera del circuito hipotecario. El 5,9 % de la oferta provincial solo se puede adquirir al contado, expulsando a jóvenes y familias trabajadoras que dependen del crédito.

Este modelo beneficia a grandes inversores con capacidad para asumir costes legales a cambio de rentabilidad futura. La consecuencia es una concentración progresiva de la propiedad y una reducción real de las oportunidades de acceso a la vivienda para el comprador local.

Una parte relevante de las 555 viviendas ocupadas procede de carteras bancarias adjudicadas tras la crisis. Activos que salen al mercado, pero no al uso. Y mientras sigan así, el bloqueo inmobiliario seguirá formando parte del paisaje cotidiano de la provincia.