Qué es el ‘Caso Mascarillas’ y por qué se investiga ahora a la cúpula de la Diputación de Almería

El conocido como 'Caso mascarillas' vive una nueva fase de actividad judicial. La causa, abierta en 2020 y aún en fase de instrucción en los juzgados de la capital, examina la adjudicación de un contrato de emergencia de dos millones de euros durante la pandemia y revisa posibles y presuntas irregularidades señaladas en los informes policiales. El procedimiento permanece bajo secreto de sumario, con la instrucción prorrogada por su complejidad y respetando plenamente la presunción de inocencia de todas las personas afectadas. La investigación radica en un contrato formalizado en abril de 2020 con la empresa Azor Corporate Ibérica, tramitado bajo el procedimiento excepcional de emergencia autorizado por la normativa COVID-19.

Los registros y las detenciones en marcha durante hoy tienen su origen en el ‘Caso Mascarillas’. Pero ahora, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha abierto una segunda fase del caso que amplía el foco a diversos contratos públicos vinculados al Área de Presidencia, a Obras Públicas y, potencialmente, al Ayuntamiento de Fines. El resultado: siete detenidos, registros simultáneos en diez inmuebles y una batería de medidas patrimoniales sin precedentes recientes en la provincia.

La Operación Lúa destapa la conexión almeriense

El origen de la causa no se sitúa en Almería, sino en una investigación abierta en Barcelona sobre una supuesta organización dedicada al blanqueo, narcotráfico y tráfico de armas. Ese procedimiento, conocido como Operación Lúa, permitió detectar de forma indirecta presuntas comunicaciones relacionadas con los contratos de emergencia de la Diputación almeriense.

Fue a través de esas escuchas, practicadas en la causa catalana, como surgieron las primeras referencias a la adjudicación del contrato de mascarillas. A partir de ahí, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción vincularon al empresario adjudicatario, Kilian López, con el entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, quien habría facilitado el contacto inicial según las investigaciones preliminares. En el sumario se refleja que ambos mantenían relación personal previa, un elemento citado por los investigadores.

Primeras detenciones y hallazgo de dinero en efectivo

En junio de 2021 se produjo la primera fase de detenciones, en la que fue arrestado Óscar Liria. Tras las diligencias iniciales, el juzgado de Barcelona que dirigía la causa acordó su prisión provisional, junto con la de otras dos personas investigadas.

En esta fase, los investigados quedaron sometidos a acusaciones provisionales por delitos como presunto blanqueo, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, en base a la documentación incorporada al procedimiento.

Durante los registros posteriores, la Guardia Civil localizó cantidades de dinero en efectivo en el domicilio de Liria y en un vehículo de familiares. Esta información, recogida en los atestados, forma parte de las líneas de investigación sobre un posible circuito de blanqueo, cuya existencia o no deberá determinar la autoridad judicial.

Una instrucción prolongada y compleja

La causa pasó posteriormente al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que dirige desde entonces los avances del procedimiento. La instrucción ha sido prorrogada en varias ocasiones, decisión que el juzgado justifica por la complejidad del caso y por las diligencias aún pendientes.

La Audiencia Provincial de Almería avaló en octubre de 2025 la última ampliación de seis meses, rechazando los recursos presentados y respaldando la necesidad de completar informes y declaraciones adicionales. La resolución descartó que existieran vulneraciones procesales o motivos para paralizar la investigación.

En esta etapa, los informes de la UCO mencionan al actual vicepresidente, Fernando Giménez, al que presuntamente se relaciona con la tramitación inicial del contrato. Las comunicaciones recuperadas incluyen mensajes sobre la evolución del expediente entre distintos cargos provinciales, cuya relevancia deberá evaluarse en sede judicial.

Una nueva fase: registros y nuevas líneas de investigación

El Juzgado de Instrucción número 1 ha incorporado ahora nuevas líneas de investigación que afectan al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, al vicepresidente Fernando Giménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, dentro de esta segunda fase del procedimiento.

Según el TSJA, el auto judicial que autoriza los registros es taxativo: “Existen sospechas fundadas de la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”.