Claves para entender el caso ‘Mascarillas’: de la adjudicación del contrato en 2020 al derrumbe político en 2025
La investigación nacida en 2021 por la compra de material sanitario deriva ahora en una segunda fase centrada en presuntas mordidas en obras públicas
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El llamado caso Mascarillas estalló en junio de 2021, pero sus raíces se remontan al 8 de abril de 2020, en pleno estado de alarma. Aquel día, la Diputación de Almería adjudicó por emergencia un contrato de 2,03 millones de euros a Azor Corporate Ibérica para adquirir 500.000 mascarillas FFP2, 250.000 guantes y más de 10.000 trajes de protección. Lo que se presentó como una respuesta urgente a la pandemia terminó convirtiéndose, dos años después, en la mayor investigación por presunta corrupción conocida en la institución provincial.
En junio de 2021, la UCO detuvo al vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, en el marco de la Operación Lúa, dirigida por un juzgado de Barcelona. El empresario Kilian López, adjudicatario del contrato y vinculado a redes investigadas por narcotráfico y blanqueo, habría pactado presuntamente una comisión que la Guardia Civil cifró más tarde en 945.297 euros, de los que entre 200.000 y 400.000 habrían estado destinados a Liria. El exvicepresidente ingresó en prisión provisional, de la que salió semanas después, y dejó todos sus cargos.
La presión política obligó a la Diputación a crear una comisión especial presidida por Ciudadanos. Por ella pasaron técnicos y cargos públicos y también el presidente, Javier A. García, que defendió la corrección del expediente. El PSOE denunció vetos a comparecencias clave —entre ellas empresarios y responsables de Azor y Pulconal— y calificó el dictamen final, aprobado solo con los votos de PP y Cs, como “una comisión del compadreo”. La conclusión oficial fue que no había responsabilidades políticas ni administrativas.
En marzo de 2022, la investigación se trasladó del juzgado de Barcelona al Juzgado de Instrucción nº1 de Almería, donde continúa abierta. A lo largo de 2022 y 2023 declararon como investigados el vicepresidente Fernando Giménez, familiares de Liria, la concejal Ana Belén Martínez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, entre otros. Ese mismo año Vox renunció a ejercer la acusación popular.
La UCO fue detectando nuevas líneas: contratos menores de obras adjudicados a empresas vinculadas a López, posibles facturas falsas y movimientos de dinero que apuntaban a un entramado más amplio. En 2024, la causa superaba ya los 11.000 folios y 28 tomos, con indicios de una estructura organizada y más de veinte investigados.
La comisión del Congreso sobre los contratos de la pandemia citó a Liria, Fernando Giménez, Kilian López y también a Javier A. García. Liria negó haber recibido “absolutamente nada”. López leyó un dictamen pericial para sostener que “se respetaron de manera escrupulosa todas las normas”. Giménez defendió la transparencia del expediente y García afirmó que actuó “legal y moralmente” para “proteger vidas”, reivindicando que el contrato era “impoluto”.
Segunda fase del caso y detenciones
El pasado martes, 18 de noviembre, el caso dio un giro decisivo. La UCO practicó diez registros en Almería y Fines y detuvo a cinco personas: Javier A. García, Fernando Giménez, el alcalde de Fines, su hijo y un técnico de Obras Públicas. Además, se amplió el número de investigados —entre ellos una hermana y un hermano del presidente, y de nuevo Óscar Liria— hasta alcanzar al menos la decena.
Esta segunda fase ya no se centra en el contrato de mascarillas, sino en presuntas mordidas en obras públicas de la Diputación y el Ayuntamiento de Fines. El auto judicial alude a indicios de cohecho, malversación y blanqueo, y autoriza el volcado de comunicaciones y medidas de aseguramiento patrimonial.
El jueves 20, el juez Eduardo Martínez Gamero dejó en libertad provisional a los cinco detenidos, imponiéndoles comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. Solo la acusación del PSOE pidió prisión.
Y este viernes 21, las consecuencias políticas han sido inmediatas: Javier A. García y Fernando Giménez han renunciado a sus actas de diputados provinciales y a sus actas de concejales en sus respectivos ayuntamientos, un movimiento que marca el mayor terremoto institucional vivido en la historia de la Diputación de Almería.
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