Las claves del fallo que termina de limpiar el nombre del alcalde de El Ejido

Almería/El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, fue denunciado en 2010 por el PAL de Juan Enciso, del que fuese en su día concejal de Urbanismo. Comenzó entonces un largo proceso judicial que ha concluido hace escasos días con un fallo del Tribunal Supremo que revoca su condena a título lucrativo, por la que debía de hacer frente a una indemnización de 74.018 euros al considerar inicialmente que se había lucrado de forma ilícita mediante la actividad de una empresa familiar.

Góngora defendió siempre que el juzgado no había entrado en el fondo" de lo que consideraba una "cuestión civil", así como que el caso no tenía nada que ver con su cargo público o que existiese un “pelotazo urbanístico”. De hecho, el juzgado archivó en su momento la investigación por tráfico de influencias -uno de los delitos por los que fue denunciado en 2010 por el Partido de Almería (PAL)-, por este motivo.

“Había gente que opinaba que no merecía la pena recurrir porque sólo había sido condenado a título lucrativo a pagar 74.000 euros. Pero mi cliente y yo considerábamos que no había hecho nada ilegal y que había que recurrirla y llegar hasta las últimas consecuencias”, afirma a Diario de Almería el letrado de Góngora, José Pascual Pozo, del despacho Lealtadis.

“Fundamentándome en la sentencia de 2018 del Caso Noos y en la de Terra Mítica, llego a la conclusión de que la omisión de pagar alguna obligación tributaria no implica ningún beneficio para la sociedad y, consecuentemente, tampoco para ninguno de los socios, y menos para el alcalde, que no había participado en nada: ni en la administración, ni en la gestión, y que tampoco había tenido ningún beneficio adicional como una tarjeta de empresa, ni había recibido ninguna dádiva”, afirma Pozo.

El letrado subraya que la sociedad familiar que estuvo en el punto de vista judicial, Agrícola Euro Alpujarra AL, tenía solvencia económica para responder a la deuda tributaria, unos 290.000 euros, y considera que el resultado ha sido “muy satisfactorio”. “Incluso el fiscal nos apoyó en nuestra pretensión e incluso el Supremo ha dicho que es insólito que la Audiencia Provincial de Almería lo haya condenado por este motivo”, añade.

Pues bien, el recurso de Pozo es una obra de orfebrería en el que desde un primer momento incide en esta ausencia de beneficios de cualquier tipo para su cliente, advirtiendo que la Audiencia de Almería había aplicado “erróneamente el articulo 122 del Código Penal, porque en los delitos de defraudación tributaria consistentes en dejar de pagar una determinada cantidad no cabe apreciar este tipo de responsabilidad y porque dicha aplicación resulta contraria a la normativa que regula el pago de las deudas tributarias”.

Recuerda que este artículo declara responsable civil a quién “por titulo lucrativo hubiese participado de los efectos de un delito”, pero añade que aunque es posible apreciar este tipo de responsabilidad de un tercero en los delitos de obtención indebida de devoluciones o en los de fraude en las subvenciones, “no ocurre lo mismo en los delitos contra la Hacienda Pública que consisten en la elusión del pago de impuestos”.

En este sentido, recuerda que la jurisprudencia previa ya había acotado que “juridicamente no se puede sostener una participación a titulo lucrativo en relación a un delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de defraudación tributaría consistente en la elusión del pago de tributos”. “En cualquier caso, y más allá de esa circunstancia, la responsabilidad del articulo 122 del CP solo parece aplicable a los delitos de enriquecimiento, pero no a aquellos delitos que consisten en el pago de una deuda, como señala la citada sentencia”, añade Pozo en su escrito.

“La razón es clara porque quién deja de pagar un impuesto, retiene lo que ya tenia, pero no recibe nada nuevo y, por tanto, como no adquiere nada, nada tiene que devolver: Quien elude el pago de tributos consigue retener lo que ya tenia: no hay efectos procedentes de ese delito. No se puede participar de lo generado por un delito que no reporta directamente bienes, sino que evita una disminución del patrimonio”, afina el letrado.

Pozo además expone que las indemnizaciones en favor de la Hacienda Pública que pueden fijarse en un procedimiento penal, no constituyen una responsabilidad civil derivada de un delito, por lo que “en consecuencia, no puede hacerse responsable de esa deuda, por vía de responsabilidad civil, a otras personas distintas de aquellas previstas en la normativa tributaria”.

“Una cosa es que la deuda tributaria pueda exigirse en el marco del procedimiento penal y, otra bien distinta, que por esa razón cambie de naturaleza y haga inaplicables las reglas establecidas en la legislación tributaria. En este sentido, y partiendo de la naturaleza tributaria de La deuda, hay que decir que el socio de una sociedad, por el mero hecho de serlo, no queda obligado a pagar las deudas tributarias de la compañía, ni responde de ellas ni solidaria ni subsidiariamente”, apostilla.

Además, concluye que si se admitiese que Góngora era responsable civil de la deuda de Agrícola Euro Alpujarra SL, “la compañía quedaría liberada de su obligación y el responsable carecería de una vía clara para exigir a la compañía el importe de lo ingresado a la Hacienda Pública, lo que resulta totalmente absurdo”.