La crisis sanitaria retrasa otra vez el inicio de la vista del caso ‘Poniente’

"A ver si conseguimos en este año celebrar este juicio". Las primeras palabras de la magistrada Társila Martínez se tornaban proféticas este martes en el palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce. Parecía que por fin sería posible iniciar la vista oral contra los 44 acusados en el caso ‘Poniente’, centrado en el presunto saqueo de las arcas municipales de El Ejido a través de la empresa mixta de servicios ElSur, pero la Covid-19 lo ha impedido.

Y es que hasta 14 personas dejaban de comparecer ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial por diferentes motivos. Por ejemplo, dos abogados y siete acusados han manifestado tener el virus que azota al mundo o encontrarse, en el caso de uno de ellos, en cuarentena por el contacto con contagiados.

Entre ellos, el exinterventor municipal, José Alemán y su mujer, Isabel Carrasco, o el empresario Juan Antonio Galán y su esposa. Entre los otros motivos argumentados, la incomunicación con la capital de España por los restos de la borrasca ‘Filomena’; una avería de vehículo viviendo de Jérez de la Frontera; la obligación de prestar cuidados a familiares enfermos o, simplemente, la creencia de que “estaba dispensado de asistir”.

Así, lo que debía ser una jornada larga a la que daría el pistoletazo de salida la declaración del exalcalde ejidense Juan Enciso, se ha convertido en poco menos que en una comprobación de asistentes que no ha llegado a más después de que el fiscal Anticorrupción, Jesús Gázquez, haya indicado que era preciso suspender la vista oral, petición a la que se han sumado las acusaciones y la Abogacía del Estado, sin oposición de las defensas.

Martínez ha requerido a los abogados presentes que justificasen debidamente la ausencia de los clientes que no habían presentado excusa válida, así como que los letrados no presentes, que hiciesen lo propio.

“Como alguno de los letrados y de los acusados han justificado debidamente su incomparecencia por Covid y la posibilidad de reincorporarse no es posible hasta el día 26, el tribunal acuerda que realmente se inicie, realice o celebre, si no hay impedimento”, dicho día, ha expuesto.

“En realidad, la primera sesión del juicio se celebrará el 26 de enero con la comparecencia de todos los acusados. Ahí se aclarará sobre las posibles dispensas y el reparto de sesiones de interrogatorios (...) Se declara terminado este acto, si se le puede llamar así”, ha concluido.

El año pasado únicamente pudieron celebrarse las sesiones previstas para las cuestiones previas de estas causa, en cuyo banquillo se sientan medio centenar de acusados con sus respectivas defensas, más las acusaciones.

El informe de la Fiscalía, de 207 páginas, señala que la empresa Abengoa habría obtenido 232,6 millones de euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual de ElSur y por servicios y obras fuera del mismo.

En la calificación de la Fiscalía, se solicitaban, entre otros, penas de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49,8 millones de euros para el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el exinterventor municipal José Alemán, acusados cada uno de ellos de los delitos de malversación de los caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo propio continuado y prevaricación continuada.

Sin embargo, tras las cuestiones previas, el fiscal Jesús Gázquez retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005.

Ahora reclama para Enciso y Alemán 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos -en lugar de 19-, entre ellos uno de malversación de caudales públicos, 8 contra la Hacienda Pública, uno de cohecho pasivo y otro de prevaricación continuada.

El pasado mes de febrero la Fiscalía modificó su petición de penas para 27 de los investigados en el caso, entre ellos los principales acusados, al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos de 2002 a 2005.

Una de las reducciones más significativas fue la de Isabel Carrasco, esposa de Alemán, que pasó de una petición de 85 a 9 años de prisión, al eliminar un total de 19 delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicitaba 76 años de presidio.

Los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón veían, respectivamente, cómo el fiscal rebajaba su petición de 97 a 37, de 174 a 94, de 73 a 25 y de 85 a 21 años de cárcel.