Sin recursos económicos y sin posibilidad real de trabajar. Trece refugiados ucranianos sordos, incluidas dos niñas menores de edad, que se desplazaron entre marzo y abril a la provincia para comenzar una vida nueva en Almería, alejados de la barbarie y horrores de la ocupación rusa de su país, están atravesando una situación insostenible que no encuentra respuesta por parte de las entidades de acogida ni de las administraciones públicas al menos en esta comunidad. No perciben ninguna prestación ni garantía económica y su mercado laboral es prácticamente nulo sin un certificado de discapacidad que les permita acceder a la bolsa de trabajo específica. El reconocimiento de su país no es válido en España y cuando intentan gestionar la demanda en los centros de valoración y orientación, dependientes de las Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se suman a una lista de espera que, según argumentan resignados con la ayuda de una intérprete de lengua de signos, podría demorarse más allá de seis meses.

De manera que se encuentran en situación de acogida en el albergue Inturjoven de la capital junto a un centenar de desplazados que se han instalado de la mano de Cruz Roja y Cepaim-Almería Acoge, pero sin posibilidad de generar ingresos y con grandes limitaciones para poder rehacer su vida en Almería. De hecho, están recibiendo donaciones de ropa, alimentos y productos de primera necesidad, pero no quiere depender de la solidaridad de las familias almerienses. Al salir forzosamente de Ucrania cuando estalló la guerra, Natalia, Irina, Cristina, Alex, Sergi o Roman tuvieron que dejar sus empleos como protésica dental, técnico en una fábrica de Whisky, diseñadora gráfica, masajista, joyero o taxista. Tenían una estabilidad laboral y familiar que hoy echan en falta por las limitaciones de su estancia.

Reciben comida tres veces al día, pero no pueden disponer de agua fuera de ese horario, ni tan siquiera unas galletas o magdalenas para que las dos niñas tengan un desayuno como cualquier otro niño en el colegio. De hecho, para el transporte escolar les piden número de cuenta que no tienen y, por tanto, se quedan sin servicio. Les dan una moneda por jornada para poner la lavadora y una tarjeta de telefonía móvil e internet por núcleo famliar y otra para el transporte interurbano, pero es muy difícil salir a la provincia sin un euro en el bolsillo. Tampoco cuentan con nevera en las habitaciones para mantener algún producto refrigerado ni sombrilla ni otros enseres necesarios si quisieran pasar un día en la playa. De ahí que estén desesperados por trabajar, sin importarle la categoría ni oferta laboral, para tener unos recursos mínimos y no depender del dinero que les han tenido que enviar amigos y familiares a las instalaciones de la calle Isla de Fuerteventura de la capital.

Olena Mymrina interpretando con lengua de signos las reflexiones de los refugiados ucranianos

Otros compatriotas oyentes, también desplazados a la provincia, si están teniendo la posibilidad de acceder a algunos empleos, pero para una persona sorda el mercado laboral es inasequible si no tienes la posibilidad de entrar en los cupos reservados al personal con discapacidad. "Pensaba que en España estarían mejor, pero al poco tiempo ya nos dimos cuenta del error, en otros países como Francia, Alemania o Bélgica si perciben una garantía y ayudas. Cuando empezó la guerra los conocía y quería ayudarles, pero no era consciente de la situación que tendrían aquí después", explica Olena Mymrina, una ucraniana afincada desde hace casi veinte años en la provincia.

La imposibilidad de trabajar es una losa que cada día pesa más y está propiciando la marcha de los refugiados a otras regiones y países. Un problema que se agrava por la inactividad que sufren. Más de dos meses sin nada que hacer que no sea salir a pasear por las inmediaciones del albergue. En otras comunidades hay oferta de ocio para estos desplazados que siguen sufriendo día tras día el drama de la invasión rusa porque mantienen el contacto con sus familiares y amigos, sobre todo los de avanzada edad, que no han querido abandonar su país. De hecho, todos quieren volver porque aman Ucrania, pero cuando el riesgo sea menor. Estuvieron más de un mes padeciendo los permanentes bombardeos, como relata una de las familias, bajando a esconderse al sótano cada vez que si hijo que no es sordo les advertía del sonido de las sirenas. Lo que tienen claro es que en Almería no pueden seguir así.

Los refugiados no tienen vida más allá del albergue y quieren empezar a trabajar

Desde que llegaron a Almería, tras un eterno trayecto por varios países que se prolongó durante ocho días, Olena ha sido su ángel de la guarda, siempre al pie del cañón para ayudarles en lo que precisen, y su principal interlocutora con la ayuda de una intérprete de la asociación almeriense y de su hijo de once años con el que hicieron algunos trámites como el registro de la orden de protección temporal en la Comisaría de Policía Nacional. Olena les hace sopa, una comida muy típica de los ucranianos, y les intenta conseguir productos esenciales. Pero lógicamente no asumir el coste económico que genera cubrir las necesidades de una docena de personas. Tampoco puede dedicarle todo su tiempo porque, además, también realiza labores de mediación de los desplazados que solo disponen de una única intérprete de lengua de signos en toda la provincia.  

Este grupo de ucranianos reclama a la administración autonómica y a las entidades de acogida que tenga en cuenta su situación excepcional y les ayuden a mejorar su estancia en Almería agilizando la valoración de su discapacidad para facilitarles el acceso a un trabajo o mediante alguna prestación económica con la que sobrellevar su falta de recursos. Entre marzo y abril se concedieron en la provincia más de mil órdenes de protección temporales a desplazados por la invasión de Ucrania en Almería. Desde la activación del procedimiento de urgencia para responder a las solicitudes de asilo y acogida, todas las protecciones conllevan el permiso de residencia y para los mayores de edad también el de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, pueden utilizar legalmente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.