Una docente de Almería denuncia sabotaje y acoso institucional tras ganar en el TSJA su derecho a la dirección del IES Galileo

Tras obtener una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le reconocía su derecho a ocupar la dirección del IES Galileo de Almería, una docente ha iniciado una batalla jurídica y administrativa por lo que denuncia como una campaña de acoso laboral, sabotaje digital y represalias institucionales. El conflicto ha llegado a los tribunales penales, a la jurisdicción contenciosa y al Defensor del Pueblo Andaluz.

Todo comenzó en octubre de 2024, cuando el TSJA estimó su recurso y le dio la razón en un proceso de selección a la dirección del IES Galileo, anulando el nombramiento anterior y reconociendo su derecho a la prórroga en el cargo hasta junio de 2027. Sin embargo, desde entonces —y especialmente tras la publicación del fallo en enero de 2025—, según su testimonio, comenzó un proceso de hostigamiento que ha derivado en una querella penal ya admitida a trámite.

Diligencias penales abiertas

El pasado 10 de julio, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería admitió la querella presentada por la docente, y acordó la apertura de diligencias previas por hechos que podrían constituir delitos de acoso, revelación de secretos y otros delitos contra la libertad. La resolución judicial también ordenó a la Delegación Territorial de Educación que aporte el expediente sancionador incoado contra la denunciante, así como toda la documentación relativa a la ejecución de la sentencia del TSJA.

La querella, ratificada por su abogada y presentada con representación procesal, acusa a un cargo de la administración educativa de haber impulsado acciones “premeditadas y alevosas” para impedir que se materialice el mandato judicial. Según la denunciante, el instructor del expediente disciplinario abierto contra ella es la misma persona que participó en el proceso de selección anulado por los tribunales, lo que, en su opinión, constituye un conflicto de intereses grave.

Comisión sin garantías y traslado fulminante

En paralelo a las acciones judiciales, la docente ha impugnado una orden de traslado de centro notificada el 26 de julio, en la que se le aparta de su puesto habitual en el IES Galileo de Almería como supuesta medida cautelar. Este traslado se fundamenta en una denuncia interna por acoso laboral contra ella, pese a que, según afirma, nunca fue oída ni convocada formalmente por la comisión creada para analizar el caso. “Estaba de baja médica por covid cuando me citaron. Tras reincorporarme pedí ser escuchada y no obtuve respuesta. No existe acta alguna de constitución, deliberación o votación del comité”, explica.

Para intentar frenar la ejecución del traslado, ha solicitado una medida cautelar ante la Delegación de Educación, advirtiendo del grave perjuicio a su salud, a su reputación profesional y a su derecho reconocido por sentencia firme. Alega además que el expediente disciplinario carece de pruebas objetivas, y que la acusación parte de una persona estrechamente vinculada al funcionario denunciado en vía penal.

La afectada ha acompañado sus alegaciones de documentos médicos, comunicaciones previas con la Administración, copia de la sentencia del TSJA y del auto judicial que admite la querella.

Sabotaje digital: intrusiones, suplantación y manipulación de datos

Uno de los elementos más graves de la denuncia pública de la docente es el sabotaje digital a su identidad profesional. Asegura que ha sido víctima de intrusiones ilícitas en sus cuentas educativas oficiales, que se produjeron en abril de 2024 y enero de 2025, y que afectaron al entorno Moodle, pero con posibles implicaciones sobre Séneca y el Portal Docente, ya que todas estas plataformas comparten credenciales de acceso.

Según su testimonio, estas vulnerabilidades han permitido a terceros acceder con su usuario, enviar correos en su nombre, borrar o fabricar pruebas digitales y realizar trámites administrativos falsos, todo ello con el objetivo de desacreditarla y generar dudas sobre su integridad profesional. “Han secuestrado mi identidad para bloquear mi nombramiento”, denuncia. Esta situación habría contribuido al giro del relato institucional, que la ha pasado a situar como acusada de acoso tras haber sido reconocida como víctima.

Ha solicitado una auditoría externa independiente de los sistemas informáticos educativos para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. También ha pedido formalmente a la Consejería de Educación que abra una investigación interna urgente.

Inacción institucional y recurso al Defensor del Pueblo

Más allá de los hechos concretos, la denunciante pone el foco en la pasividad de la Junta de Andalucía, especialmente en la Delegación Territorial de Educación, a la que acusa de no haber frenado el deterioro institucional ni protegido sus derechos fundamentales.

Pese a tener una sentencia firme a su favor, afirma que ha estado un año esperando su ejecución, mientras los mismos actores señalados como responsables del proceso viciado siguen gestionando los nombramientos y procedimientos sancionadores. “Todo esto es gravísimo. Roza el desacato. Y lo saben”, afirma.

Ante la falta de respuesta efectiva por parte de la Administración autonómica, ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz, al que ha solicitado amparo por vulneración del derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la integridad moral. En su escrito, habla de “resoluciones dictadas a sabiendas de ser injustas” y de un uso perverso de los mecanismos administrativos como instrumento de persecución.

Una situación límite

La docente, funcionaria de carrera, recuerda que afronta esta batalla legal y burocrática en solitario, como familia monoparental con un hijo con un 41 % de discapacidad. Afirma que el volumen de alegaciones, recursos y acciones judiciales que ha tenido que emprender ha sido “demencial”, y que su situación actual es de vulnerabilidad institucional y personal extrema.

“Solo pido dignidad y justicia. Estoy enfrentándome a un sistema que ha puesto su maquinaria a funcionar contra mí, en lugar de corregir un error reconocido por los tribunales”, concluye.

Diario de Almería ha contactado con la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que por el momento no ha ofrecido su versión sobre estos presuntos hechos.