Andrea llegó a España procedente de Perú. El objetivo era escapar de la situación angustiosa que vivía por falta de recursos económicos y la violencia de género que ejercía su marido. Pero este viaje hacia un futuro mejor se tornó en pesadilla y pronto comprendió que era una víctima más de la trata con fines de explotación sexual. Cuando optó por la migración, se vio obligada a contactar con prestamistas a los que devolvería el dinero una vez asentada en nuestro país, pero en realidad era una organización que la obligaría a prostituirse. Después del vuelo a París, viajó a Barcelona previo contacto con una mujer que la alojaría en un piso junto a otras chicas de varias nacionalidades y en su misma situación.

A los pocos días de instalarse recibió presiones para que acudiera un bar de copas orientado al negocio sexual. En ese momento su cuerpo dejo de ser suyo y se convirtió en mercancía. Le reclamaban con insistencia, con amenazas y coacciones, que tenía que saldar la deuda contraída en el viaje y no tuvo más opción. Sin una tarjeta de residencia ni de trabajo y sin apenas fondos para subsistir, fue pasando por diferentes puntos de la península, todos controlados por esta mafia que “me obligaba a prostituirme siete días a la semana sin descanso”. Nunca olvidará los rostros de los explotadores, ni los locales a los que acudió, ni el trato vejatorio que sufrió por los clientes y proxenetas. Están grabados en su retina y ha necesitado años, ayuda psicológica y talleres emocionales para ‘rearmarse’ como persona y recuperar su esencia y dignidad.

Almería iba a ser otra escala más en la odisea de Andrea, pero acabó convirtiéndose en su redención. Esta treintañera peruana, madre de tres hijos, sufrió dos agresiones de clientes y tocó fondo. Curó las heridas con remedios caseros al carecer de cobertura sanitaria y decidió acabar con la tortura a la que se enfrentaba cada día. Y esa luz al final del túnel la encontró en las voluntarias de Cruz Roja que le informaron sobre los derechos de los extranjeros y la posibilidad de pedir asilo, aunque le sería denegado. Otra zancadilla más del destino, pero nunca se rindió. La oenegé almeriense le prestó asistencia psicológica, orientación jurídica y la derivó a un recurso de acogida para que rompiera todos los lazos con los explotadores. Ahí comenzó su nueva vida alejada de los pisos de la prostitución. Logró trabajos en la agricultura, aunque de forma temporal, y no ha dejado de capacitarse con los cursos que realiza Cruz Roja con el objetivo de acceder a un empleo de calidad en la restauración.

Una de las intervenciones de la Policía Nacional en un club de alterne

Sueña con montar su propio negocio algún día, a ser posible en Almería, la provincia en la que ha encontrado la libertad y ha podido reiniciar su vida con una nueva pareja que por primera vez ni la maltrata ni la humilla y hace todo lo posible por ayudar a curar sus heridas. Andrea ha necesitado terapia psicológica para asimilar y dejar atrás una etapa perjudicial que debería haber acabado mucho antes. Pero no denunciaba lo que le estaban haciendo porque sabían cómo chantajearla apelando a su situación administrativa irregular. Hasta que conoció sus derechos y prestaciones como inmigrante y víctima de redes de prostitución en un taller de la oenegé.

El relato de Andrea no es un caso aislado. Cruz Roja atiende cada año en Almería entre 70 y 100 mujeres que sufren explotación sexual con violencia, intimidación y engaños y que en su mayoría han sido captadas por las redes de trata de personas. Sólo en el último ejercicio fueron liberadas por la Policía Nacional 25 víctimas de estas mafias que se lucraban de sus cuerpos, a veces en servicios tasados en 10 euros, con jornadas maratonianas de hasta 14 horas los siete días a la semana. Giralda, Lealtad, Minotauro, Zulia-Aragua o Frozen son sólo algunos nombres de la treintena de operaciones que se han realizado en la provincia en 2021 y que han permitido poner a disposición judicial a 25 personas por hechos delictivos relacionados con la prostitución y desmantelar cinco redes dedicadas a la trata de seres humanos en exclusividad.

La Policía Nacional desarticuló el pasado año en Almería cinco redes dedicadas a la trata de seres humanos

El inspector jefe de la UCRIF de la Comisaría de Almería, Daniel Pérez Reche, está al frente desde hace años de la cruzada policial (casi 400 operaciones entre 2017 y 2020) contra el proxenetismo en una de las provincias del país con mayor impacto de un negocio muy lucrativo y a su vez cambiante. El declive de los clubes del Poniente en los que llegaron a trabajar más de 300 mujeres de Europa del Este a principios de siglo ha dado paso al auge de los pisos y cortijos en las zonas eminentemente agrícolas. Establecimientos clandestinos en los que prestan sus servicios entre cuatro y seis inmigrantes (África y Latinoamérica) en condiciones de insalubridad, a veces en la misma habitación separadas por sábanas a modo de cortina. Estos cortijos de alterne se han multiplicado por Campohermoso en Níjar, Cortijos de Marín y El Parador en Roquetas, La Mojonera y Tierras de Almería, entre otros núcleos enclavados en el mar de plástico.

La prostitución callejera es prácticamente residual hoy, pero se mantienen los clubes de plaza, que se concentran al pie de las carreteras del levante. Las condiciones laborales y de vida de las mujeres prostituidas y el trato que sufren difieren mucho, nada tienen ver las de un local de copas con las del piso compartido o una infravivienda situada entre invernaderos. Pérez Reche señala, además, que hay que diferenciar entre la trata de seres humanos y la explotación con fines sexuales. El procesamiento judicial de los que mercadean con el cuerpo de estas víctimas vulnerables depende del consentimiento. Aunque detectan muchos casos en los que la mujer ejerce de manera voluntaria, pero en realidad lo hace forzada por su situación de pobreza, ilegalidad administrativa u otras presiones como el pago del trayecto desde su país con una bolsa de viaje tasada en torno a los 3.000 euros.

La fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez, ponía el foco en unas jornadas de la UAL en la relación “directísima” entre la trata y la inmigración irregular. “Uno de los grandes medios para doblegar a una persona es la deuda contraída durante el proceso migratorio”. En base a los estudios y causas incoadas estima que un 95% de mujeres prestan servicios sexuales en situación de explotación y proxenetismo y apenas un 5% lo hacen voluntariamente. La Red Española contra la Trata de Personas lleva más de diez años reclamando una ley integral que regule y contribuya a poner fin a esta lacra en todas sus formas. El anteproyecto se iba a aprobar el martes en el Consejo de Ministros, pero no se materializó debido al positivo en coronavirus de la responsable de Justicia, Pilar Llop.

Pero mientras llega esa normativa en recta final y la abolición de la prostitución, se debe mantener la intensidad policial para perseguir un “delito de lesa humanidad”, tal y como lo cataloga la Corte Penal Internacional. No se puede bajar la guardia como viene ocurriendo en la provincia. “No hay proxeneta ni propietario de estos clubes que no hayamos detenidos o haya pasado por la cárcel en los últimos años. Los tenemos atosigados”, explica el inspector jefe de la UCRIF. Las operaciones y juicios que se vienen realizando en 2022 son la mejor prueba de la acción policial. En mayo detenían en El Ejido a una madame de 38 años procedente de Colombia que obligaba a ejercer la prostitución a cinco mujeres en un piso con anuncios en páginas webs de citas a 100 euros la hora.

El 18 de julio la Audiencia condenaba a dos años de prisión a una pareja de Garrucha que forzaba a féminas en situación de extrema vulnerabilidad. Aprovechaban su situación de irregularidad administrativa, sin recursos económicos ni arraigo y les facilitaban todo tipo de drogas para doblegar su voluntad. Y en octubre, los propietarios de un club de Santa María del Águila eran condenados a penas de hasta cinco años y tres meses de cárcel por el delito de trata de mujeres, procedentes de Bielorrusia, a las que tenían encerradas en un inmueble siempre a disposición del cliente. Almería es la provincia andaluza con más víctimas de explotación sexual atendidas por el Instituto Andaluz de la Mujer, la práctica totalidad de otros países. La trata y la prostitución son un negocio ilícito que no cesa y se aprovecha de las corrientes migratorias para perpetuar esta esclavitud del siglo XXI.

Marga Veiga: "Suben las víctimas que captan en redes sociales y bajan las que llegan en pateras”

En el año 2009 empezaron a detectar y dar respuesta a la problemática de las víctimas de trata de personas y explotación sexual en núcleos agrícolas y rurales de Almería. Marga Veiga es la responsable del programa de Inmigración de Cruz Roja y relata que cada año atienden a una media de entre 70 y 100 mujeres que han caído en manos de las mafias y proxenetas y que se enfrentan a una triple estigmatización de la sociedad. Su objetivo es lograr que dejen atrás esa “situación” que las convierte en mercancía sexual porque con más o menos ayuda y acompañamiento “se puede salir”. “Es un camino de altibajos, pero con capacidad de resiliencia y superación se puede dejar atrás la pesadilla y reiniciar su vida”, argumenta. El 99% de usuarias atendidas en su programa son extranjeras con trayecto migratorio, en su mayoría procedentes de África subsahariana (Nigeria, Costa de Marfil, Guinea y Senegal), de países del este de Europa y de América Latina (Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela).

Marga Veiga del Pino, responsable del programa de Inmigración de Cruz Roja

Marga relata un cambio en el tránsito migratorio a Almería. “Antes eran muchas más las que venían en patera y ahora llegan por otros medios. Detectamos una mayor captación a través de las redes sociales, con falsas ofertas de trabajo y engaños, en sus países de origen”. Creen que han encontrado una oportunidad laboral y la realidad cuando llegan es otra bien distinta. Tienen más riesgo las personas que viven en entornos vulnerables con pobreza y realizan el tránsito a España sin recursos económicos por la deuda que contraen con organizaciones delictivas, aunque también se dan casos de tituladas universitarias. La mayoría acaban como víctimas de explotación sexual y a veces en el ámbito laboral haciendo tareas domésticas con condiciones muy distintas a las acordadas. Realizan visitas periódicas a los lugares donde trabajan en horarios sin riesgo y con un protocolo de seguridad para evitar incidentes. La responsable de Inmigración de Cruz Roja divide el proceso en tres fases: una de captación en la que tienen la esperanza de mejorar su vida; la segunda de explotación en la que se dan de bruces con la realidad.

“Algunas buscan ayuda nada más llegar y otras aguantan meses e incluso años antes de salir de la prostitución”. Y una última de restablecimiento en la que esta persona se reconoce como víctima y se trabaja para que recupere su dignidad, regularice su situación administrativa y busque empleo. “En estos casos de trata esperamos a que la persona esté preparada para dar el paso, nosotros le damos acompañamiento e información, pero nunca la presionamos”. Los profesionales de Cruz Roja forjan una relación de confianza con las víctimas que normalmente sufren amenazas a su integridad física y a la de sus familiares. “La protección corresponde a la Policía y Guardia Civil, nosotros tenemos que darle una respuesta integral que incluye alojamiento, empleo y orientación jurídica y psicológica”, añade. Veiga detalla que cuentan con diez plazas de acogida específicas para las víctimas de trata y otras tantas se derivan a otras provincias. El reglamento de Extranjería les ofrece un retorno asistido a sus países, si bien algunas quieren rehacer su vida en la provincia. “La prostitución no ha ido ni irá a menos, es un negocio muy lucrativo”.

Daniel Pérez Reche: "No hay ningún proxeneta que no hayamos detenido y pasado por la cárcel”

El inspector jefe de sección de la UCRIF de la Policía Nacional, Daniel Pérez, es uno de los mayores especialistas en la investigación de la trata de personas y explotación sexual en la provincia. Es uno de los ejes de actuación en materia migratoria y en los últimos años han llevado a cabo una auténtica cruzada en Almería, principalmente contra los clubes de alterne que visitan de forma habitual. “Los tenemos atosigados, no hay proxeneta que no hayamos detenido alguna vez, ningún explotador que no haya pasado por la cárcel”. Tan sólo en 2021 arrestaron en la provincia a una treintena de personas por obligar a mujeres, en su mayoría inmigrantes, a prostituirse, y no siempre por delitos relacionados con la trata y explotación sexual. A veces el reproche penal pasaría por no darles de alta o contra los derechos de los extranjeros. De ahí que en las inspecciones estén acompañados por funcionarios de la Inspección de Trabajo. “Hay que distinguir entre la trata de personas y la prostitución, cada vez hay menos diferencias, pero judicialmente el procedimiento es distinto. El consentimiento es clave, aunque a veces parece que ejerce de manera voluntaria y no tiene más opción por su situación de vulnerabilidad, por ser mujer inmigrante y pobre”, argumenta.

Daniel Pérez Reche, inspector jefe de la UCRIF en la Comisaría de Almería

El negocio del sexo tiene un fuerte impacto en Almería y es un fenómeno cambiante. De un estricto control de los clubes se ha derivado a un seguimiento de nuevos focos de prostitución en pisos y cortijos situados en zonas agrícolas. En la actualidad tienen censados medio centenar en los núcleos de Cortijos de Marín en Roquetas y Campohermoso. Este tipo de negocios clandestinos, sin licencia, cuentan con entre seis y cuatro mujeres que mantienen relaciones por 10 euros. Al frente está la figura de las ‘mamis’ con las que contactan cuando llegan a la provincia desde sus países de origen. Daniel Pérez explica que en este tipo de cortijo de alterne antes sólo había subsaharianas, pero están llegando desde países latinoamericanos como Ecuador, Colombia o Venezuela. Suelen sufrir un trato vejatorio y tienen que estar disponibles siete días a la semana. Coacciones, violencia y hasta vudú cuando proceden de África forman parte del modus operandi de los explotadores. El inspector Daniel Pérez hace una radiografía de la prostitución tradicional en la provincia como un sector a la baja en los últimos años y cree que la crisis le ha pasado factura, a pesar del auge de las nuevas fórmulas.

“Hay un declive de los clubes de alterne y la prostitución callejera está bajo mínimos. Las víctimas tienen cada vez más información sobre sus derechos y cuentan con el acompañamiento que ofrecen las oenegés”. La Policía Nacional ha desmantelado con el paso de los años los locales de alterne con 20 o 30 mujeres. Tan sólo en El Ejido tenían censadas en torno a 200 o 300 féminas de Europa del Este y hoy apenas quedarán una treintena porque se han cerrado negocios ilícitos y detenido a sus propietarios. Ahora enfocan sus esfuerzos en pisos y viviendas particulares con el hándicap de la inviolabilidad del domicilio. En el último año inspeccionaron 43 clubes de alterne en Almería y liberaron a 25 mujeres obligadas a ejercer la prostitución en una treintena de operaciones. Según el balance anual de la Policía, en 2021 desarticularon cinco redes dedicadas exclusivamente a la trata de seres humanos. La UCRIF de Comisaría cuenta con un grupo de 9 agentes que se centran en perseguir esta forma de esclavitud contemporánea. Las denuncias pueden realizarse a través del teléfono 900105090 y el correo trata@policia.es.