Investigados por fingir estafas para cobrar del seguro de sus tarjetas

La picaresca digital les ha salido cara a dos vecinos del norte de Almería. La Guardia Civil ha investigado a un hombre y una mujer como presuntos autores de simulación de delito y estafa, después de comprobar que fingieron cargos no autorizados en sus tarjetas bancarias para cobrar el dinero a través del seguro, cuando ellos mismos habían hecho las compras.

Ambos casos fueron detectados por los agentes del Puesto Principal de Huércal-Overa, dentro del Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia. Las denuncias, formuladas en los cuarteles de Huércal-Overa y Vélez-Blanco, relataban presuntas estafas sufridas a través de Internet.

En el primer caso, un vecino de Huércal-Overa acudió a dependencias de la Guardia Civil asegurando que alguien había utilizado su tarjeta para hacer una compra de 53 euros en una conocida plataforma. Sin embargo, al rastrear el pedido y colaborar con la entidad afectada, los agentes constataron que el paquete fue enviado a su propia casa y que había sido él mismo quien realizó la operación. A comienzos de julio fue investigado formalmente y el caso se puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huércal-Overa.

El segundo episodio de fraude simulado fue protagonizado por una vecina de Vélez-Rubio, que denunció un supuesto uso fraudulento de su tarjeta por un importe de 135 euros, correspondiente a la reserva de unos apartamentos turísticos. La sorpresa llegó cuando la Guardia Civil comprobó que la reserva se hizo a su nombre, y que ella misma, junto a su marido y sus tres hijos menores, se había alojado en el establecimiento. Tras haber cobrado el importe gracias al seguro, fue investigada a mediados de julio, y las diligencias se trasladaron al Juzgado Único de Instrucción de Vélez-Rubio.

Ambas personas fueron informadas de su condición de investigadas y de los delitos que se les imputan.

Desde la Guardia Civil recuerdan que simular ser víctima de un delito para obtener un beneficio económico es un delito en sí mismo, recogido en el Código Penal, y que puede acarrear sanciones penales relevantes. Este tipo de actuaciones, además de perjudicar a las aseguradoras y colapsar los servicios policiales, minan la confianza en el sistema de protección al consumidor y entorpecen la lucha contra la ciberdelincuencia real.