El juez cita a testigos del entorno de la madre de Lucca mientras la defensa de Juan David alega "iatrogenia cultural"

La instrucción por la muerte del pequeño Lucca en Garrucha entra en una nueva fase con la citación de testigos clave y una ofensiva legal de la defensa que intenta reescribir el relato del crimen. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vera ha movido ficha dictando una diligencia de ordenación, fechada el 22 de enero, en la que llama a declarar a varias personas del círculo cercano de la madre, Bárbara Ysmar.

Según el documento judicial al que ha tenido acceso Diario de Almería, el próximo 19 de febrero, a partir de las 10:30 horas, deberán comparecer en sede judicial tres personas. Se trata de testigos vinculados al entorno laboral y personal de la detenida, cuyos testimonios se consideran fundamentales para reconstruir el contexto de vida del menor y la dinámica de la pareja antes del fatal desenlace.

Además, el juzgado ha ordenado al Equipo de Policía Judicial de Garrucha que localice a otros dos testigos: una mujer y un hombre identificado solo como "Luciano". Los agentes deberán averiguar sus datos completos de filiación y domicilio para citarlos a declarar ese mismo día a las 11:00 horas.

"Iatrogenia cultural", no asesinato

Estas diligencias coinciden con el envío de un contundente dossier técnico-jurídico por parte de la defensa de Juan David R.C., la pareja de la madre, actualmente en prisión provisional. Bajo el título "Claves que los medios no han contado", los abogados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari plantean una tesis alternativa: la muerte de Lucca no fue un asesinato ni un crimen de odio, sino un homicidio imprudente provocado por una "iatrogenia cultural".

El informe detalla que el fallecimiento fue consecuencia de una "praxis cultural errónea" fruto de la ignorancia de los cuidadores. Sostienen que la madre sometió al niño a maniobras de "sobado" —masajes abdominales vigorosos propios de curanderos— para tratar sus problemas digestivos, lo que habría causado un desgarro hepático. Esta lesión se habría visto agravada fatalmente por la administración de ibuprofeno "cada cuatro horas", un fármaco con efecto antiagregante que impidió la coagulación de la hemorragia interna, derivando en un fallo multiorgánico. "Fue el colapso de dos inmigrantes inmaduros ante una cura que se les fue de las manos", reza el escrito de la defensa.

Caos judicial y nulidad del registro

En el plano procesal, la defensa carga duramente contra lo que califica de "laberinto burocrático". Insisten en solicitar la nulidad radical del registro domiciliario practicado el 4 de diciembre, alegando que se realizó sin la presencia de Juan David —que ya estaba detenido— y únicamente ante la madre, con quien existía un claro conflicto de intereses. Los letrados exigen la expulsión de todas las pruebas halladas en la vivienda invocando la doctrina del "fruto del árbol envenenado".

El dossier también revela que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer rechazó asumir el caso el pasado 9 de enero al considerar que no existió violencia vicaria, argumentando que la madre participaba activamente tanto en las prácticas de curanderismo como en la ocultación del cadáver, en una "relación de igualdad en la negligencia". La defensa critica la "obcecación" de la Fiscalía por mantener la tesis de violencia de género a pesar de estas evidencias.

Por último, el informe incluye un análisis pericial de un vídeo del menor ("Virgen de los Dolores") que, según la defensa, demuestra que el niño tenía un "apego seguro jerárquico" con Juan David y no mostraba signos de terror. Asimismo, reiteran la coartada cronológica que sitúa al detenido comprando un billete de autobús para ir a trabajar a Madrid durante la "ventana crítica" en la que el cuerpo fue escondido en el búnker de la playa, atribuyendo la escenografía ritual exclusivamente a la madre.