Ocupa de lujo en la Vega de Acá: más de una década sin pagar nada en una vivienda de 400.000 euros

En la elegante calle Regaliz, corazón de la Vega de Acá —una de las zonas más exclusivas de Almería—, hay una casa unifamiliar valorada en más de 400.000 euros. Y lleva más de once años ocupada gratuitamente por una vecina que no paga hipoteca, ni alquiler, ni apenas suministros. Tampoco trabaja, y no lo ha hecho en años. Lo que sí hace es ir al gimnasio cada mañana, pasear a su mascota con total tranquilidad y cobrar ayudas públicas como si fuese víctima del sistema.

Su realidad laboral es un escándalo documentado y un insulto para cualquier ciudadano que se levanta a las seis de la mañana para trabajar y pagar impuestos. Según su vida laboral oficial, en 33 años solo ha cotizado 361 días. Es decir, menos de un año en toda su vida. Y atención: en la última década, apenas 95 días reales trabajados.

El desglose habla solo:

• 122 días como autónoma en 2014
• 3 días en una empresa privada en 2015
• 92 días en el Ayuntamiento de Almería (2017-2018)
• 20 días en dos periodos de subsidio por desempleo (2018 y 2020)

Total: 237 días en 10 años, de los cuales solo 95 fueron días efectivamente trabajados.

Y desde enero de 2018 hasta hoy: ni un solo día cotizado. Ni medio. Seis años completos sin trabajar absolutamente nada. Y, aun así, sigue empadronada, vive sola, goza de buena salud, no tiene menores a su cargo… y año tras año, Servicios Sociales le mantienen el cartel de “vulnerable”.

¿Cómo lo hace? Muy fácil. En 2021 consiguió un informe municipal de “vulnerabilidad” que le permitió frenar el lanzamiento judicial. Desde entonces, ese mismo informe se recicla sin cambios ni comprobaciones, pese a que su hija ya no vive con ella (estudia fuera) y a que su situación económica consiste en vivir del subsidio y la inactividad total.

Vive con luz y agua subvencionadas al 80 %, con facturas que apenas superan los 9 euros, cobra el Ingreso Mínimo Vital, y además tiene a su favor un crédito judicial de más de 54.000 € contra su exmarido, con una vivienda embargada desde 2020. ¿Lo ha ejecutado? No. Porque si cobra, pierde las ayudas. Así que mejor seguir en modo “precario deluxe”.

La propiedad, harta de ver cómo el sistema protege a quien lo exprime, ha presentado numerosas alegaciones judiciales, aportando facturas, informes, vida laboral, declaraciones de renta y pruebas concluyentes. También ha denunciado la absoluta pasividad de los Servicios Sociales, que ni actualizan sus informes, ni remiten el expediente completo pese a haber sido requeridos por el Juzgado.

Y por si fuera poco, cuenta con abogado y procurador asignados con cargo al erario público, gracias a la justicia gratuita, que también forma parte de este entramado de golfería institucionalizada.

La parte ejecutante ha sido contundente: esto no es vulnerabilidad, es simulación interesada y abuso consciente del sistema, un atentado directo contra los fondos públicos. Mientras tanto, los vecinos de la Vega de Acá —los que sí pagan hipotecas, comunidad, impuestos y recibos— conviven con esta caricatura del sistema social: alguien que vive gratis, sin trabajar, paseando al perro en chándal por una zona de alto nivel, con todo pagado por todos.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que las ayudas sociales y la justicia gratuita sostengan el ocio estructural de quien no quiere trabajar? ¿Dónde está el límite entre la protección social… y el cachondeo institucional?

Desde el despacho de la parte ejecutante se advierte que esta situación no solo desvirtúa la finalidad de la protección pública, sino que pervierte el principio de justicia gratuita y constituye un fraude de ley mantenido durante años con absoluta impunidad.

Porque quien verdaderamente necesita ayudas no vive en una casa de 400.000 euros, sin pagar nada, sin trabajar desde hace 6 años y paseando al perro como si nada pasara.

Este caso destapa una verdad incómoda: el sistema protege más al que sabe manipularlo que al que verdaderamente lo necesita. Y mientras tanto, la Administración mira hacia otro lado.