"El patrimonio de Javier Aureliano García es absolutamente transparente", dice su abogado al salir de los juzgados

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha salido este jueves del Juzgado de Instrucción número 1 defendido por una idea repetida por su abogado, Joaquín Monterreal: “Su patrimonio es absolutamente transparente”. El dirigente popular, detenido el martes por la UCO en la segunda fase del caso Mascarillas, queda en libertad provisional con retirada de pasaporte y obligación de firmar dos veces al mes.

Monterreal aseguró que el origen de todos los ingresos de García “ha quedado aclarado en cinco minutos”, tras entregar al juez la documentación patrimonial requerida. “Todo está declarado a la Agencia Tributaria. Mi cliente se ha puesto desde el minuto uno a disposición de los investigadores y de la Justicia”, recalcó.

Junto al presidente provincial han quedado también en libertad provisional el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico de Obras Públicas, los cinco arrestados el martes. El juez ha impuesto las mismas medidas cautelares a todos ellos.

Solo la acusación particular del PSOE pidió prisión provisional para García y el resto de detenidos.

“No hay elementos para la prisión”, defiende el abogado de Giménez

El letrado del vicepresidente, Basilio Casanueva, coincidió en que el auto judicial demuestra que “no existen elementos que justifiquen mantener una medida tan gravosa como la prisión”. Explica que su cliente ha pasado “48 horas difíciles”, pero que ha declarado únicamente ante su defensa y que “se encuentra tranquilo y deseando ver a su familia”.

Casanueva subrayó que la causa sigue parcialmente bajo secreto y que la defensa no conoce aún el contenido completo de las nuevas líneas de investigación abiertas esta semana. “No vemos nada nuevo respecto a lo que ya había”, afirmó.

Una decena de personas implicadas

La operación del martes ha destapado una segunda fase con más de una decena de implicados entre detenidos e investigados, que incluye a dos hermanos del presidente de la Diputación y al exvicepresidente tercero Óscar Liria, ya investigado en 2021 por presuntas mordidas en un contrato de más de dos millones en plena pandemia.

La UCO realizó diez registros en viviendas, dependencias públicas y empresas, y el auto del juez apunta a sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Fines.

La causa sigue abierta, con nuevas diligencias patrimoniales y el volcado de comunicaciones electrónicas autorizadas por el juzgado para reconstruir la presunta red de adjudicaciones bajo sospecha.

La investigación, iniciada en 2021, entra ahora en una fase que apunta a una trama más amplia y a la posible existencia de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos más allá del ya conocido expediente de mascarillas.