Pérez Montoya acepta una condena por contratos verbales de publicidad desde la Diputación de Almería

El calendario judicial de la Ciudad de la Justicia se ha aligerado de una de sus citas más esperadas. La vista oral contra el exvicepresidente de la Diputación de Almería, Luis Pérez Montoya, que el Juzgado de lo Penal número 5 había fijado inicialmente para febrero de 2026, ha quedado resuelta mediante una sentencia de conformidad. El expolítico socialista ha aceptado una condena de cinco años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa.

El acuerdo, gestado por la defensa del acusado, a cargo del abogado José Miguel Ramos, junto con el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por la Diputación, ha evitado el desarrollo de este juicio oral. La sentencia es ya firme e irrecurrible, al haber renunciado todas las partes a presentar recursos.

Los hechos probados, que han sido reconocidos expresamente por Pérez Montoya para beneficiarse de la conformidad, describen una gestión al margen del derecho administrativo entre julio de 2007 y julio de 2011. Durante ese periodo, como responsable del Área de Coordinación y Relaciones Institucionales, el condenado canalizó ingentes cantidades de dinero público hacia el grupo empresarial de uno de los principales medios de comunicación de la provincia de Almería.

La sentencia es contundente al describir el modus operandi: Pérez Montoya actuó con "desatención absoluta de la legalidad vigente". Realizó encargos verbales de publicidad institucional "adjudicando a dedo" y saltándose los controles de la intervención. El fallo detalla que el exvicepresidente conocía perfectamente que los contratos menores no pueden superar los 18.000 euros, ni siquiera fraccionando facturas si estas encubren una relación continuada.

A pesar de este límite legal, las cifras adjudicadas a las cinco mercantiles que componían dicho grupo de comunicación fueron muy abultadas. Según los hechos probados, la facturación a efectos tributarios superó los 200.000 euros en 2008, se disparó por encima de los 700.000 euros en 2009 y rebasó los 350.000 euros en 2010. No fue hasta el 13 de julio de 2010 cuando se formalizó un contrato escrito mediante un procedimiento negociado sin publicidad; hasta esa fecha, todo se hizo de palabra.

Sin expediente ni presupuesto

El fallo judicial destaca que Pérez Montoya "omitió deliberadamente y de forma continuada sus obligaciones de incoar expediente". Los encargos se hacían sin órdenes de trabajo, sin el amparo de un acto administrativo expreso y, lo que es más grave administrativamente, sin la necesaria "dotación presupuestaria que asumiera su coste".

Al actuar de este modo, reza la sentencia, el condenado "se aseguró el triunfo de su voluntad personal frente a la norma que defiende los intereses colectivos". Esta arbitrariedad tuvo una consecuencia directa para las arcas públicas: se "impidió la concurrencia de ofertas alternativas de otros medios de comunicación que podrían haber abaratado el coste total de la publicidad institucional".

La condena final ha quedado fijada en 5 años y 6 meses de inhabilitación, una pena que conlleva la imposibilidad de ejercer cargos electivos en la Diputación o en cualquier otro órgano de gobierno local, provincial o nacional. Para el cálculo de la pena se ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas con carácter "muy cualificada", debido al largo tiempo transcurrido desde que se iniciaron las actuaciones hasta la resolución del caso.

Cabe recordar que Pérez Montoya cuenta con antecedentes penales no computables en esta causa específica, derivados de su condena previa a siete años y diez meses de prisión por un delito agravado de malversación de caudales públicos en el marco del 'Caso Facturas', por el que estuvo preso. Con esta nueva sentencia de conformidad, se cierra otro capítulo de la gestión de aquel periodo en la institución supramunicipal.