Una red de estafadores bancarios por teléfono deja víctimas en Almería

La provincia de Almería ha vuelto a aparecer en el mapa del cibercrimen. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas bancarias por teléfono, que dejó un reguero de 42 víctimas en distintas provincias españolas, entre ellas Almería, y un perjuicio económico que supera los 100.000 euros.

La operación, bautizada como Banalic, se inició en Alicante en enero de 2024, pero pronto se comprobó que el rastro de los delincuentes alcanzaba a otras provincias como Madrid, Sevilla, Cádiz, Barcelona, Cantabria, Baleares, Ceuta y, de forma directa, Almería, donde también se presentaron denuncias.

Los estafadores llamaban a las víctimas haciéndose pasar por empleados de bancos y, gracias a técnicas de suplantación, conseguían que en la pantalla de los teléfonos apareciera el número oficial de la entidad. Bajo el pretexto de solucionar incidencias de seguridad, convencían a los usuarios para que facilitaran claves de un solo uso o validaran operaciones. Con esos datos, ejecutaban transferencias inmediatas que desviaban a cuentas de paso controladas por las llamadas “mulas”.

El seguimiento del dinero permitió identificar una red de colaboradores: algunos actuaban voluntariamente, pero otros habrían sido coaccionados e incluso retenidos de manera puntual para forzarles a entregar el efectivo.

La investigación incluyó registros en los municipios alicantinos de Pilar de la Horadada, Algorfa y Benferri, donde fue detenido el presunto cabecilla. En total, han sido arrestadas siete personas e investigadas tres más, a quienes se atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales, detención ilegal y coacciones.

Los detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares tras pasar por el juzgado de guardia de Alicante, mientras la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Este caso refuerza la alerta de los expertos: Almería no solo es vulnerable a las estafas tradicionales, sino también a los fraudes digitales más sofisticados, que ya afectan a particulares de la provincia en un escenario cada vez más complejo de delincuencia tecnológica.