La "tormenta perfecta" del narco: denuncian el fondeo masivo de 19 lanchas en el litoral de Almería

El litoral de la provincia de Almería se ha convertido en las últimas 48 horas en un improvisado y descarado puerto franco para las mafias del narcotráfico. El fuerte temporal de viento y fenómenos costeros que azota el sureste peninsular ha obligado a las redes criminales a detener su logística en alta mar y buscar refugio en tierra, provocando una estampa que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el avistamiento masivo de "narcolanchas" fondeadas a plena luz del día en calas y playas emblemáticas de la provincia.

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha lanzado este lunes una contundente voz de alarma denunciando la "presencia masiva" de embarcaciones de alta velocidad, conocidas técnicamente como go fast, en distintos puntos de la costa almeriense. Según los datos recabados por la organización, la situación de impunidad es absoluta. En un comunicado emitido esta mañana, IGC ha detallado que durante el pasado fin de semana ya se detectaron cinco embarcaciones en la zona de San Juan de los Terreros, en el extremo norte de la provincia. Sin embargo, la situación se ha agravado notablemente en la mañana de este lunes, 26 de enero, cuando se han detectado "en torno a catorce nuevas embarcaciones" en la zona del Parque Natural de Cabo de Gata.

Desde la asociación advierten que esta concentración de casi una veintena de lanchas responde, "según todo indica, a la necesidad de estas organizaciones criminales de buscar abrigo ante el temporal que afecta estos días al litoral". Lo que más indigna a los representantes de los agentes es la actitud de estas mafias, que están actuando con "total descaro y sin temor alguno a ser detectadas por la Guardia Civil", conscientes de las limitaciones operativas a las que se enfrentan los efectivos desplegados en la zona.

"Una policía de segunda"

El portavoz de Independientes de la Guardia Civil, Daniel Fernández, ha puesto voz y rostro a la indignación del colectivo a través de un comunicado en vídeo. Fernández ha denunciado que estas mafias operan con "total impunidad", aprovechando los temporales para refugiarse "sin miedo a ser detectadas". Para la asociación, este escenario no es nuevo, sino la confirmación de una denuncia que vienen reiterando desde hace tiempo: la urgente necesidad de aumentar las patrullas policiales y reforzar los medios materiales y humanos.

Los guardias civiles advierten que deben hacer frente a organizaciones "cada vez más violentas, mejor organizadas y con armas de mayor alcance". En este sentido, Daniel Fernández ha sido tajante al exigir al Gobierno central un cambio de paradigma en el trato hacia el cuerpo: "La Guardia Civil tiene que dejar de ser tratada como una policía de segunda".

El portavoz de IGC ha recordado que los agentes asumen a diario "riesgos extremos" y agresiones directas que ponen en peligro su integridad física, lamentando que, a pesar de la evidencia, siguen "sin ser reconocidos como profesión de riesgo" por parte del Ejecutivo. Esta reivindicación no se limita al ámbito nacional; Fernández ha destacado que el pasado 14 de enero asistió al Parlamento Europeo en Bruselas para apoyar una propuesta de Directiva Europea, impulsada por el Grupo del Partido Popular Europeo, que busca materializar el reconocimiento de las profesiones de seguridad bajo esta categoría de riesgo.

Además de las reivindicaciones laborales y de estatus, IGC ha puesto sobre la mesa exigencias operativas concretas para minimizar el peligro en estas intervenciones. La asociación reitera la necesidad de aumentar la formación en materia de defensa personal y, de manera específica, "aumentar la frecuencia en las prácticas de ejercicios de tiro". El objetivo es minimizar los riesgos ante actuaciones que se vuelven "potencialmente peligrosas" tanto para los propios agentes como para el conjunto de la ciudadanía.

El precedente político: "Estamos en Honduras"

La denuncia operativa de IGC llega apenas 24 horas después de que la situación estallara en el terreno político. La presencia de las cinco lanchas mencionadas por la asociación en el norte de la provincia provocó ayer, domingo, una airada reacción institucional por parte del Ayuntamiento de Pulpí.

El alcalde del municipio, Juan Pedro García (PP), difundió un vídeo grabado desde los acantilados de la costa de San Juan de los Terreros, donde se podían ver claramente las narcolanchas fondeadas a escasos metros de la orilla. Acompañado por la parlamentaria andaluza del PP, Ángeles Martínez, el regidor utilizó una dura alegoría para describir la sensación de desamparo que viven los vecinos: "Nos encontramos en Honduras... en San Juan de los Terreros".

En su intervención, García señaló directamente a las embarcaciones visibles a su espalda, identificando a sus ocupantes como "los señores que trafican con la droga y con los seres humanos". El alcalde pulpileño expresó el "cansancio" de la administración local tras haber solicitado reiteradamente al Subdelegado y al Gobierno de España una mejora en la situación de seguridad.

Coincidiendo con el diagnóstico de la asociación IGC, Juan Pedro García quiso eximir de responsabilidad a los agentes sobre el terreno, alabando su trabajo pero señalando la carencia de recursos: "La Guardia Civil hace una gran labor, pero no tienen efectivos. Y sin efectivos, esto no es posible". El primer edil concluyó su mensaje con un llamamiento a la acción legislativa y presupuestaria, asegurando que "hay que cambiar las leyes" para que los ciudadanos puedan recuperar la sensación de seguridad en un litoral que, cada vez que sopla el viento, parece quedar a merced de las organizaciones criminales.

La confluencia de la denuncia política del domingo y el comunicado técnico de la asociación de guardias civiles este lunes dibuja un panorama crítico en la costa de Almería, donde el mal tiempo ha servido para destapar, una vez más, la magnitud de la presión del narco sobre el sur de España.