La Junta de Andalucía lleva a Bruselas sus peticiones sobre la pesca y el marisqueo
Pesca
La Consejería informa de los problemas que atañen a los profesionales relacionados con la pesca artesanal, y de arrastre del Mediterráneo, la talla mínima de la chirla y la invasión del alga asiática
El ejecutivo andaluz, en su defensa de los intereses de los profesionales de la pesca, ha llevado la
postura andaluza sobre la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) hasta Bruselas. El director
general de Pesca de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, José Manuel Martínez
Malia, ha participado en la reunión entre miembros del Comité de Pesca de Parlamento Europeo y
representantes del Grupo de Trabajo de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas (CRPM), de la
que Andalucía es miembro, celebrada bajo el título ‘Intercambio de opiniones sobre aplicación de la PPC
y sus perspectivas futuras’.
El director general ha comenzado haciendo una defensa de los recursos pesqueros de Andalucía
poniendo en valor los más de 23.000 puestos de trabajo que genera y la gran diversidad de recursos
pesqueros que hay en sus costas, Atlántica y Mediterránea, con más de 800 kilómetros de costa, más de
1.420 barcos, cuatro almadrabas y 73 instalaciones de acuicultura marina. Martínez Malia ha hecho
referencia también a las siete instalaciones de acuicultura continental, 214 mariscadores de a pie, 25
puertos pesqueros, un sector transformador y comercializador, un sector auxiliar de la pesca como son los
varaderos, astilleros, carpinteros de ribera, talleres, vendedurías, lonjas y un largo etcétera. “Como se
puede comprobar es un sector pesquero esencial, como ha demostrado en tiempos difíciles, de pandemia
y de crisis, y, genera turismo gastronómico”, ha declarado Martínez Malia.
Martínez Malia se ha centrado en cuatro ejes; la pesca artesanal, la pesca de arrastre, la talla mínima
establecida para la captura de la chirla y la invasión del alga asiática. Sobre el primer punto ha reseñado
la gran influencia que tiene en el patrimonio social y cultural y, por esta razón, ha solicitado la necesidad
de analizarla en el seno de la UE porque “en Andalucía nos estamos esforzando en darle un marco
normativo, pero necesitamos apoyo de Bruselas para que este sector tradicional se desarrolle de forma
sostenible y selectiva” y ha apoyado su petición solicitando medidas compensatorias que hagan posible el
mantenimiento de la actividad en unas zonas que dependen directamente de ella.
Respecto a la pesca de arrastre de fondo del Mediterráneo ha sido claro al evaluar las consecuencias
negativas que están teniendo las medidas incluidas en el Plan plurianual y ha sostenido que “no estamos
de acuerdo en más reducciones de días de pesca porque no hay una base científica que lo avale y porque
los únicos datos científicos que tenemos arrojan precisamente los contrario; destacan la recuperación de
los fondos e incluso detectan poblaciones que están siendo explotadas de forma sostenible”.
En cuanto a la captura de la chirla, el director general ha pedido que todos los Estados Miembros tenga
las mismas reglas del juego, en alusión a las excepciones que se vienen dando repetidamente y durante
siete años con Italia, a la que permiten sistemáticamente la captura de ejemplares con 22 milímetros,
cuando el resto lo hace a los 25. En este sentido ha considerado pertinaz la derogación del Reglamento
con objeto de unificar el tallaje mínimo para que no se produzcan agravios comparativos.
En última instancia, Martínez Malia ha resaltado el impacto que está teniendo una especie catalogada en
España como ‘Especie exótica invasora’, el alga asiática, apuntando que, “aunque en Andalucía se están
realizando estudios de su posible aprovechamiento con resultados esperanzadores, lo cierto es que está
causando daños en el sector pesquero y el marisquero de la región” por lo que considera oportuno que
Bruselas la catalogue de la misma forma y “se establezcan medidas compensatorias para ambos
sectores”. Asimismo, ha recordado que la Consejería de Agricultura y Pesca es la única administración
que ha ayudado a los afectados con recursos propios en dos convocatorias, movilizando casi 2,5 millones
de euros.
El director general cerró su intervención con un llamamiento a los miembros del Parlamento invitándoles a
aprovechar la oportunidad de que en esta nueva Política Pesquera Comunitaria, que verá la luz en este
año, se acerquen a los profesionales, cuenten con su criterio y “saquemos a corto, medio y largo plazo la
mejor de las políticas para responder al esfuerzo que hacen los hombres y mujeres del mar y, por
supuesto, apoyando a los jóvenes y el relevo generacional, que tan vital es para este oficio vocacional”.
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