Asaja Almería, contra la última subida del SMI: "Muchas familias agrícolas están al límite"

ASAJA Almería manifiesta su profunda preocupación ante la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros. Esta medida, tomada de espaldas a la realidad productiva del sector primario, supone un golpe crítico para las explotaciones agrícolas de la provincia, cuyos márgenes de rentabilidad se encuentran ya en niveles de asfixia tras años de escalada ininterrumpida de los costes de producción.

Desde ASAJA Almería recuerdan que el sector agropecuario ha soportado un incremento del SMI superior al 66% en los últimos ocho años. Para el modelo de Almería, basado en explotaciones familiares de pequeñas dimensiones, el impacto es directo: el coste real para el agricultor se sitúa ya en torno a los 2.000 euros mensuales por trabajador, si añadimos las cotizaciones sociales, las pagas extraordinarias prorrateadas y los costes derivados de la gestión laboral.

“El campo de Almería no puede trasladar estas subidas al precio de venta de los productos. Cada incremento del SMI se traduce directamente en presión sobre las explotaciones, y muchas familias agrícolas están al límite de su capacidad económica”, explica Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería.

Alertan de un riesgo real de desaparición

Desde la organización se insiste en la importancia de reconocer que las explotaciones familiares puedan acceder a beneficios fiscales y de costes laborales por su carácter de empresa familiar ya que existe un riesgo real de desaparición de estas explotaciones si los incrementos en el Salario Mínimo Interprofesional no se compensan adecuadamente.

El objetivo es claro: que se implementen medidas que compensen o amortigüen el efecto del aumento del SMI sobre los costes productivos, garantizando así la viabilidad económica de las explotaciones familiares, sin renunciar a condiciones laborales dignas.

También se recuerda que la agricultura de la provincia es estratégica para España, y Europa, siendo una de las principales productoras de frutas y hortalizas, y que las decisiones sobre política salarial deben tener en cuenta la realidad del sector para garantizar su sostenibilidad y el mantenimiento del empleo.