Conquistar neuroderecho

El derecho, como la libertad y otros ideales humanistas, es un producto cultural cuyo disfrute requiere ilustración y esfuerzo, porque limita afanes psicobiológicos y sociopolíticos. Y conforme avanzan las tecnologías, algunos de los derechos humanos más preciosos, como el de la intimidad o a la identidad ideológica, se ven más amenazados, por inextricables técnicas invasivas que permiten a quienes dominan las redes, conocer y manipular el estado de opinión personal o colectivo, de ingentes grupos sociales, lo que permite a las megacorporaciones tecnocráticas y a su selecta clientela de sátrapas, controlar y alterar los estados de opinión a través de la vigilancia y estimulación de sesgos conductuales. Los estudios sobre la fulminante utilización de estos sistemas de vigilancia en autocracias como China, Rusia o Iran, abruman. Y alarma el potencial de las nuevas neurociencias aplicado a la cibernética para degradar esta civilización con más rapidez y rotundidad que nunca, con su destreza para registrar y manipular, a través de los ordenadores cuánticos ya operativos, lo que pensamos miles de millones de ciudadanos, accediendo a nuestros cerebros políticos, condicionantes biológicos o sesgos culturales, para influir en las decisiones personales y sociales, al servicio de quienes manejen los sistemas que los procesan. No es difícil adivinar a quiénes les atrae algo así, ¿verdad? A nadie se le escapa que los algoritmos actuales -y los que llegan en avalancha- son capaces de avivar falsas percepciones del mundo, porque invaden y conocen nuestras emociones o preferencias y porque han sistematizado mecanismos para propagar versiones tendenciosas y arteramente engañosas o difundir relatos falsarios con una rapidez que imposibilita su verificación factual. Un panorama que desborda las últimas leyes de la UE sobre Servicios o Mercados Digitales, insuficientes ante la opaca globalidad de Internet, y justifica el auge de rebrotes intelectuales para la conquista -que no será fácil- de neuroderechos, entendidos como un sistema de protección legal, que blinde nuestra intimidad cognitiva y libertad de pensamiento, y no se vea manoseada para fines políticos, comerciales o incluso científicos, sin el consentimiento informado y expreso de cada sujeto. Un área jurídica necesaria que aún carece de regulación a la altura del rol invasivo real de las tecnologías que entreveran cerebros y emociones, sin enterarnos.