La hora de la responsabilidad

YA hay sentencia sobre el Hotel Algarrobico: el T. Supremo ha validado la tesis del Juez Rivera de que la licencia era nula y no ajustada a derecho. Un fallo anulatorio que me suscita, al margen de otras consideraciones legales, una primera reflexión: es la hora de exigir responsabilidades. Es el momento en que los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos qué pasó; cómo y quiénes (políticos y técnicos) concedieron esa licencia urbanística ilegal -que va a costarnos decenas de millones entre derribos e indemnizaciones-, para dilucidar si su labor fue excusable o no, visto el desmadre resultante. Y que también se esclarezca, pero desde ya, quién va a pedir esas cuentas, además de cuándo y a quienes, que acaso no sean pocos, vista la magnitud del descalabro urbanístico. O si por el contrario, quienes debieran promover tal rendición de cuentas, creen que no procede. Vale: pero que lo diga, a ser posible razonando su inacción. Porque hay sucesos que por la alarma social que generan, por la dimensión de sus efectos emocionales o económicos, justifican drásticas medidas de prevención a futuro, para que no vuelvan a repetirse, y una depuración ejemplar de la imprudencia causante, por lo mismo. Y porque es un exigencia de profilaxis social, aclarar para que podamos conocer y comprender los que vamos a soportar la reparación del desaguisado, si hay truco tras la prodigiosa visión negocial de Rio Alias, SA, para comprar aquel terreno por 18 y venderlo poco después por 120 millones; o quién firmó los planos falseados del Planeamiento y los informes de Medio Ambiente, Costas y la Comisión de Urbanismo, etc. Todos los datos que expliquen, en fin, la génesis de este hecho histórico, como es la licencia del Algarrobico, que no debe, no puede quedar imprejuzgada, siquiera por un mínimo sentido de la justicia y de higiene democrática. Porque un sistema democrático se diferencia de otros, no sólo porque se vote cada equis años, sino además y sobre todo, porque garantice la permanente eficacia de los mecanismos que obliguen a los cargos públicos a rendir cuentas por su gestión. Y la cuenta final que deriva de esta historia es el malgaste de los muchos millones que nos va a costar la trastada a los contribuyentes, con el barrunto de que, además de la responsabilidad política que ya intuimos que nadie rendirá, tampoco nadie vaya a responder de las acciones civiles o penales que cupiere depurar.