Politización de la magistratura

Justamente porque el sentido de lo justo, -contrapunto de esa aversión ante lo injusto, que portamos de serie los primates- es un principio basilar de la convivencia social, cualquier reforma del sistema judicial que lo gestiona, debería suscitar una atención primordial en una sociedad moderna. Atención que aún no ha suscitado el Anteproyecto aprobado en enero por el Consejo de Ministros para una modificación sustancial, tras su trámite parlamentario, del acceso a la carrera jueces y fiscales amén de ampliar su número, entre otras muchas novedades. Y no le falta apoyo político a la reforma, entre cosas porque alguna medida rescata algo del ideario recogido en el programa 2000 del Psoe, en orden a conjurar la teórica primacía de una supuesta derecha judicial, nutrida por hijos de clases burguesas -que pueden costear varios años de oposición a sus hijos-, frente al equívoco progresismo judicial, que prefiere a jueces de perfil ideológico más feudatario con lo social que con lo legal.

Pero claro que tampoco le faltan críticas severas que tildan algunas propuestas del Anteproyecto de recetas ya rancias que se ensayaron y fracasaron hace más de un siglo, por más que ahora se rediman como innovadoras. Es verdad que hay aplausos compartidos por unos y otros, por la previsión de un sistema de becas para opositar, o la habilitación de un registro audiovisual del examen oral opositor, que garantice ecuanimidad. Ahí es fácil coincidir.

Sin embargo, lo que causa cierta alarma es la denuncia, verosímil, de que bajo la excusa del colapso actual de la Justicia, tan lamentable como mejorable, se aproveche su revisión para politizar el sistema con jueces de ocasión y tributarios del gobierno, y se abuse de la incorporación en firme a la magistratura de los casi mil jueces interinos existentes, designados entre méritos inciertos, sin acreditar mérito profesional que garantice la seguridad jurídica y técnica virtuosa que esperamos de un Juez. Máxime cuando cabe recelar que tal provisión ocasional sea a la vez otro peaje a los nacionalistas para el control ahora la magistratura, reforzando su insaciable implantación ideológica territorial y que, con el subterfugio de acabar con el fraude de la temporalidad, se provean cargos de tanta responsabilidad social, al margen de la igualdad y capacidad que rige el acceso a la función pública, ni valorar más mérito inteligible que el vasallaje a una doctrina.