Parece ser de todo punto razonable pedir que los candidatos a cualquier puesto de servidor público demuestren tener los conocimientos requeridos para la función que tienen que desempeñar. Y hay que demostrarlo públicamente. Incluso tienen que dejar constancia de que deben ser de lo mejorcito de todos los candidatos al puesto. Si han de cobrar del Estado deben servir eficazmente al Estado. Este es, al menos, el procedimiento establecido en principio. Relacionado con el servicio público hay, sin embargo, un aspecto de la praxis de la vida política que me perturba. Se trata del caso de los “asesores”. Piensa uno, en su ingenuidad, que la existencia de esas personas estará condicionada por las funciones que debe desempeñar un cargo público electo en las que posiblemente no esté muy versado.

A fin de cuentas no está muy claro que sea siempre la valía personal o determinados conocimientos de los que aparecen en las listas los que determinen o influyan en su inclusión. Por ende, a la hora de tomar ciertas decisiones políticas necesitan el asesoramiento de alguien conocedor de los distintos temas. Claro que, en ese caso, deberán recurrir a los técnicos que para eso están contratados por las distintas administraciones. Entonces, ¿qué papel juegan los asesores? O, dicho en plata, ¿para qué sirven los “asesores”? No está aclarado en ninguna parte. Esa indefinición corre paralela a los procedimientos que se utilizan para su elección y nombramiento.

En la medida de mis conocimientos, parece ser que su designación es completamente libre por parte de políticos concretos o de algunas administraciones como ayuntamientos o diputaciones o las Cortes. Y en esos casos se carece por completo de transparencia. No se hace ningún tipo de oferta pública más o menos restringida, ni se presenta un cierto perfil al que deberá ajustarse el posible candidato. Dar cuenta de su elección es algo que “ni se ve ni se espera”. En consecuencia, estamos viendo que la discrecionalidad, aparte de mantener su existencia en lo más turbio del sistema, puede ser un procedimiento para pagar favores o incluso para tapar errores. Cabe, por tanto, exigir que, de ser clara y necesaria la existencia de algunos asesores en los distintos ámbitos, se ponga de manifiesto su necesidad, el perfil de los posibles asesores y un rendir cuentas de lo que hacen y de lo que no. Tampoco es algo tan complicado.