La Diputación Provincial de Almería ha celebrado esta mañana una sesión extraordinaria y urgente del Pleno para tratar el Caso Mascarillas que ha acabado con la detención de Óscar Liria, vicepresidente tercero y diputado de Fomento, Medio Ambiente y Agua.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha expuesto en una sesión que se ha alargado más de hora y media, todo lo que se ha hecho en la institución desde que hace tres días estallara el caso y ha sido tajante al afirmar que "no me temblará el pulso para proteger a esta institución que está por encima de cualquier persona que la conformamos" y ha respondido a las preguntas de los portavoces de Cs, Rafael Burgos; Vox, Juan Francisco Rojas, y PSOE, Juan Antonio Lorenzo. 

El primer anuncio importante ha sido el de que Óscar Liria ya "no pertenece al Partido Popular y renunciará a su acto de diputado tal y como me ha comunicado esta mañana su abogado". Una decisión que el presidente ha recalcado varias veces al apuntar que "no me va a temblar el pulso para defender a esta institución que está por encima de cualquier persona".

De hecho, en otro de los puntos de la sesión plenaria extraordinaria, se ha aprobado con 16 fotos a favor y 10 abstenciones (el PSOE) revocar todas las funciones de Liria dentro del equipo de Gobierno así como sus responsabilidades en otros órganos como GALASA o el Consorcio de Extinción de Incendios del Levante Almeriense, entre otros.

Comisión de investigación

"Lo primero es proteger a la institución", ha recalcado en varias ocasiones García, quien a preguntas de Vox se ha mostrado "totalmente de acuerdo" para abrir una comisión de investigación que no esté presidida por ningún miembro de su partido y que esté asistida por los técnicos de la Diputación. "No quiero poner ni una sola traba", ha dicho el presidente, quien ha pedido "tranquilidad" a los alcaldes y miembros de la Diputación.

García ha indicado que los servicios jurídicos de la Diputación también están estudiando la posibilidad de personarse en este caso que sigue el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

García ha explicado que el 15 de junio agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a la Diputación con un requerimiento judicial sobre el expediente completo del contrato adjudicado el 8 de abril de 2020 a Azor Corporate Ibérica para el suministro de mascarillas y equipos de protección. "Se le hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es K.L.S, el mismo en cada una de ellas", ha expuesto a la vez que ha explicado que "nos pusimos a su disposición e hicimos entrega y copia del expediente y los servicios técnicos explicaron también todos los pormenores", ha dicho.

Ha señalado que fue al mediodía cuando tuvieron conocimiento del registro en el despacho de Liria, que la Guardia Civil se había llevado otros expedientes vinculados al responsable de dicha mercantil y que se había detenido al vicepresidente tercero, algo que los "sorprendió".

Sobre el expediente de las mascarillas ha subrayado que se hizo de forma "impoluta" y que la Diputación "está y ha estado ajena a cualquier acción personal", apostillando que fue el propio Liria el que propuso el presupuesto de dos millones de euros ofrecido por Azor Corporate Ibérica.

También ha respondido a la oposición al respecto de la información que ha trasladado de todo lo acontecido a la opinión pública almeriense y a la propia Corporación. El máximo representante de la Diputación almeriense ha asegurado que ha comparecido cuando ha llegado a tener "toda la información que podía tener en mis manos y que podía compartir con todos y cada uno de vosotros", por lo que ha considerado que su comparecencia se ha producido con una "razonable inmediatez". 

La investigación se inició a principios del año 2020 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización afincada en Cataluña dedicada al tráfico de drogas a la que está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas.

Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación en plena crisis por la COVID de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las sociedades del citado empresario, a cambio de la que se habrían pagado comisiones.

Los investigadores centran su investigación concretamente en uno por por valor aproximado de unos dos millones de euros destinados para adquirir 500.000 mascarillas, 250.000 pares de guantes de nitrilo y 10.570 monos desechables.

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