Acelerón a golpe de sanción a la depuración estancada

La Consejería de Medio Ambiente viene pisando desde el comienzo de la legislatura en curso el acelerador después del estancamiento que en los últimos años ha sufrido su plan para poner en funcionamiento los 300 proyectos de saneamiento y depuración declarados de interés general, 38 en Almería. Se ha incumplido la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea en la que se fijaba el 1 de enero de 2016 como plazo máximo para acabar con todos los vertidos urbanos al medio hídrico (cauces y arroyos), y el objetivo ahora de la administración regional, cuando están a punto de llegar las primeras sanciones, es avanzar a pasos forzados hacia el objetivo de "cero vertidos" de aguas residuales sin depurar y en los próximos años echará mano de los fondos propios derivados del canon autonómico que aplica desde mayo de 2011 -su impuesto indirecto en los recibos del agua-, de la línea de financiación FEDER y de inversiones estatales a través del Plan CRECE. Las asociaciones Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), la patronal del sector Fadeco Contratistas y la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) llegaron a presentar una denuncia a finales de año al entender que existía un "presunto delito" con la aplicación del cánon del agua cuestionando que se hayan recaudado más de 350 millones y sólo se hayan invertido 59. El presidente de Ceacop, Francisco Fernández Olmo, ha detallado recientemente que en Almería se han realizado sólo inversiones por valor de 9 millones en los últimos cinco años y criticó que no se adjudicara durante 2015 ni una sola obra de depuración, lo que evidencia un "avance deficitario" si bien están pendientes de adjudicación dos grandes actuaciones que suman 20 millones. La Junta no tira la toalla, pese a llegar tarde, para conseguir que la totalidad de la población someta a tratamiento sus aguas residuales. Hoy alcanza al 82% de la ciudadanía, con las obras ya en ejecución se sumará otro 2% y las infraestructuras pendientes son las que tienen que completar ese 16% de vertidos sin depurar. Un 12,7% de la financiación europea del Programa de Crecimiento Operativo Sostenible será para las obras de saneamiento, en torno a 700 millones que se canalizarán a través de planes plurirregionales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, con reserva de 186 para Andalucía. El Gobierno ha puesto sobre la mesa otros 1.000 millones para escapar a las sanciones comunitarias, después de afrontar las multas que en abril de 2010 interpuso el Tribunal de Justicia Europeo a 38 ciudades con más de 20.000 habitantes por incumplir sus obligaciones con el ciclo integral del agua. La administración regional, además, dispondrá de más fondos en su programa FEDER y tiene previsto sumar financiación a los ingresos por el canon de mejora autonómico. En los últimos años le han llovido las críticas del PP por su "inacción" al entender que frenar las obras pendientes está provocando un triple atentado contra el patrimonio natural y el turismo, la inversión pública y la salud de los andaluces. También se han sumado a los ataques los ayuntamientos que más ingresan por el canon, como Roquetas y El Ejido, al ingresar en sus facturas más de tres millones de euros en los últimos años.

La administración regional ha querido recordar que las plantas depuradoras no son competencia autonómica y corresponden a los consistorios afrontarlas, si bien se comprometió con la aprobación de la Ley de Aguas de Andalucía a salir en su auxilio ante su exigua capacidad inversora lanzando el ambicioso plan de proyectos de interés general (300 actuaciones que superan los 1.765 millones y tienen un empleo asociado de 28.400 puestos de trabajo) y un impuesto indirecto sobre el recibo del agua que se incrementa en función del consumo. El Ejecutivo estatal también declaró obras de interés general, sobre todo en la comarca del Poniente, a las que no han llegado las inversiones siendo un acuerdo que se remonta a la etapa de José María Aznar. Es otra de las negociaciones de la Junta con el Gobierno que asuma obras de ampliación de las depuradoras de Roquetas, El Ejido y Adra. En Almería se contemplaron 38 proyectos en el objetivo inaplazable de vertidos cero de los que siguen pendientes una treintena. La cuantía prevista era de 216,95 millones de euros y los empleos asociados 3.500. Eso sí, la declaración se remonta al 26 de octubre de 2010 y después se han tenido que incluir otras obras prioritarias como la depuradora de Antas que fue destruida por las riadas de la gota fría de finales de 2012. Una vez ampliada la EDAR de El Bobar y construida la planta de Uleila del Campo, todas las miradas de la Junta están en el Levante donde pronto serán realidad las de El Cautivo (Níjar) y Huércal-Overa.