La sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha confirmado recientemente la condena del Juzgado de lo Penal número 4 de Almería contra el empresario hotelero catalán Miguel Rifá por dos delitos contra la hacienda pública relacionados con una serie de maniobras societarias con las que evitó los pagos del impuesto de sociedades y el IVA en una operación de compra de terrenos en Las Salinas de Roquetas que realizó en el año 1998. Era la primera sentencia condenatoria para el principal implicado en la Operación Hostelero por la que fue detenido en mayo de 2012 por un fraude fiscal millonario que sigue pendiente de juicio y llegaba en verano de 2019.

Casi dos años más tarde el tribunal presidido por el magistrado Jesús Martínez Abad ha desestimado los recursos de apelación tanto de Rifá como de su socio José Morales en su condición de administrador de la mercantil Predios del Sureste en una sentencia firme de la Audiencia Provincial contra la que no cabe recurso alguno, según recoge el fallo de finales de febrero al que ha tenido acceso este periódico. La condena del Juzgado de lo Penal número 4 de Almería que ahora tendrá que cumplir consiste en el pago de 89.804 y 149.678 euros y a sendas penas de tres meses de prisión por dos delitos contra la hacienda pública.

La sentencia acredita la "operativa fraudulenta" orquestada por Rifá en su condición de socio único de Predios del Sureste con transacciones y negocios simulados para la defraudación del erario público. Protagonizó ventas millonarias de fincas entre sociedades a sabiendas de que los pagos no se efectuarían porque no hubo modificación de la titularidad que siguieron siempre en el patrimonio del empresario afinancado en Almería a través de sus participaciones.

Ingeniería fiscal al descubierto por los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera que constataron la utilización de la sociedad Inmaculada Algaida SL para vender a General de Galerías Comerciales un terreno por 390 millones de pesetas evitando pagar los impuestos por los beneficios obtenidos con una simulación fraudulenta de operaciones de gasto. El Ministerio Fiscal solicitaba penas de 2 y 8 meses de cárcel, si bien el tribunal en primera instancia tuvo en cuenta el atenuante de dilaciones porque habían pasado más de dos décadas desde la comisión del delito.

Sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería

Si en abril de 2019 recibía un duro varapalo del Juzgado de lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería al desestimar su recurso contra el Ayuntamiento de la capital por la demora de un convenio urbanístico por el que reclamaba más de 31 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, en abril de 2021 llega una sentencia en firme que penaliza sus tramas societarias e ingeniería fiscal del fraude. El empresario hostelero tiene por delante aún un itinerario judicial más que complejo con dos causas pendientes de juicio en los Juzgados de Instrucción número 3 y 4 de Almería.

El primero se remonta a mayo de 2012 cuando fue detenido en el marco de la Operación Hostelero al ser descubiertas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera el conjunto de artimañas entre sus sociedades para engañar al fisco a gran escala y no pagar el IVA a la hacienda pública. Miguel Rifá fue acusado de un fraude millonario frustrado en su intento de descapitalización de bienes para evitar el embargo de los acreedores, si el juicio sigue abierto por las continuas dilaciones a las que se ha sometido un proceso que presidía la magistrada Ana Belén Vico. La instructora impuso a principios de febrero de 2015 una fianza de 2,4 millones de euros por responsabilidad civil conjunta y solidaria en relación al fraude al promotor hotelero y a su asesor y testaferro, Israel Martínez, también acusado en la trama de Obrascampo.

Y durante la instrucción del fraude detectado en 2012 se destapó que el empresario con más de 30 años de trayectoria en el sector de la hostelería almeriense volvía a ser investigado por los agentes de Agencia Tributaria y Guardia Civil en una nueva causa penal que llegó al Juzgado de Instrucción número 4 de Almería por hechos delictivos que se remontan a los años 2015 y 2016. La justicia era consciente de que Miguel Rifá había seguido maniobrando de manera irregular con la venta de fincas a sociedades y particulares con las que estaría cometiendo delitos de alzamiento de bienes para evitar el embargo de sus acreedores y se inició otra causa que se tramita de manera independiente.