Quien más y quien menos habrá oído alguna vez a un conocido relatar cómo se ha empadronado en la casa de sus padres, de un amigo o de un conocido para obtener más puntos para poder elegir el colegio en el que cursarán sus estudios sus hijos. La picaresca parece formar parte del genoma de los españoles y ello se deja notar incluso en este tipo de procesos selectivos.

Y es que la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Almería ha detectado un total de 84 casos de fraude en el proceso de escolarización en colegios públicos y privados en educación Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia de cara al inicio de este curso mediante el empadronamiento, el nivel de renta o la situación familiar de los menores, entre otros aspectos.

Así lo han indicado fuentes del Gobierno andaluz a Diario de Almería, aclarando que, en total, la Delegación Territorial de Educación se han presentado 47 reclamaciones en relación al proceso de escolarización para el curso 2016-17. De ellas, 23 corresponden a ocho centros privados concertados y 24 son recursos de alzada que afectan a cinco centros públicos.

Las 23 reclamaciones sobre escolarización en centros privados concertados suponen 132 denuncias a terceros y seis reclamaciones sobre el baremo presentado por el reclamante. Educación ha resuelto estas denuncias y reclamaciones que, finalmente, han supuesto la modificación de los puntos del baremo inicial en 49 casos. En cuanto a los 24 recursos de alzada sobre escolarización en centros públicos, han supuesto la presentación de 85 expedientes a terceros y ocho reclamaciones sobre el baremo propio. Educación los ha resuelto con la modificación de los puntos del baremo inicial de escolarización en 35 casos.

Según la Junta de Andalucía, "el fraude en la escolarización es un tema muy residual", ya que "no llega al centenar de casos en los que se ha detectado algún tipo de fraude en un proceso que supone la escolarización de unos 170.000 alumnos en toda la provincia, lo que representa un 0,049% de casos".

Cabe recordar que las denuncias proceden habitualmente de familias que se han quedado sin plaza para sus hijos en el colegio que eligieron como primera opción durante la escolarización y se centran fundamentalmente en los datos del docimilio familiar, que otorga bastante puntos en caso de que no haya puestos suficientes para la demanda recibida en los centros educativos. Tras ello, los agentes de la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta (más conocida como Policía autonómica), se encarga de verificar los supuestos engaños y se desplazan hasta las viviendas que se aportaron como residencia habitual de los menores. Una vez allí, interrogan a los vecinos y testigos para comprobar la veracidad de la información.

Según explicaron desde la Junta de Andalucía, "una vez que las familias reciben la notificación cuentan con un plazo de cinco días para presentar la documentación o las alegaciones que consideren", por lo que a escasos días del inicio del curso escolar los agentes aún están inmersos en complejas investigaciones en las que tienen que contar con la colaboración de familiares, vecinos y conocidos para averiguar la verdad. La confirmación del fraude en este proceso conlleva la pérdida total de puntos en el baremo de acceso a esa plaza escolar y la asignación de otro centro educativo.

La Policía Autonómica lleva inmersa desde principios del mes de julio en la investigación, a requerimiento de la Junta de Andalucía. El objetivo es esclarecer si realmente los padres han recurrido a un fraude para lograr que sus hijos estudien en los colegios que ellos quieren, a pesar de que no les corresponde según el mapa de escolarización.

El presidente de FAPACE (Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería), Miguel vera, coincide en que esta cifra no es "elevada" y señala que, "aunque no estamos de acuerdo con los fraudes, a veces hay que mirar las causas". Incide no obstante en que es un asunto "muy residual" y recuerda que "hay muchísimos temas más importantes" en la educación almeriense que éste.

Iván Martínez, responsable de enseñanza de UGT Almería, reconoce que puede existir una cierta "picaresca" por parte de algunos padres provocada porque "hay ciertos centros que tienen una demanda excesiva con un número muy alto de solicitudes". Aclara que no se puede diferenciar entre centros públicos o privados concertados porque es algo que sucede en todos ellos, debido a las habituales conversaciones en las que los padres hablan sobre la supuesta calidad de unos colegios frente a otros.

"Al final los padres tratan de salvar la regulación que hay en la elección de centros con empadronamientos u otros métodos pero a nosotros, como representantes de los trabajadores docentes apenas nos afecta, aunque es una cuestión que tienen que resolver los equipos directivos, que son los que tienen que modificar los datos una vez que se detectan estos fraudes", dice.

Martínez insiste en que es algo que afecta a padres, AMPA y a la Delegación de Educación y advierte que, aunque los casos de fraude pueden ser al final muchos más de los que se pueden demostrar, "la ratio no se modifica. Puede haber muchas solicitudes para algunos centros pero, si se detecta a tiempo, esos alumnos son derivados a otros centros públicos dentro de su zona de escolarización", por lo que, a priori, la ratio alumno-profesor no se ve especialmente afectada, y eso sería lo que "empeoraría el trabajo" de unos docentes que tampoco han denunciado este tipo de casos al sindicato.

Por otro lado, el sindicalista ha valorado el inicio del curso, apostillando que todos suelen ser "movidos" pero que este año uno de los principales problemas ha sido la implantación de la segunda lengua extranjera, el francés, en todos los centros públicos, algoque que ha creado "malestar general en el colectivo docente" porque se ha creado intrusismo profesional", al haberle asignado a estos profesores de frances las labores que desempeñaban los maestros especialistas de primaria.

Otro problema añadido en Andalucía es el del número de horas lecticas de los profesores de secundaria, de 20 a 21, cuando en "el resto de comunidades son 17 o 18". Aunque se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno andaluz para rectificar esta situación, no entrará en vigor hasta el curso que viene y mientras tanto "se han perdido 4.500 puestos en toda Andalucía".