Tras el encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez, el Gobierno de España se comprometió, junto al de Estados Unidos, a definir los equipos técnicos necesarios para abordar el desafío de la retirada de la tierra contaminada en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería). Esta promesa ha dado un paso importante hacia su cumplimiento, ya que los equipos técnicos de ambas administraciones han comenzado a trabajar juntos. Esta colaboración bilateral es crucial para llevar a cabo los trabajos desarrollados y lograr una solución práctica en un futuro próximo.

La puesta en marcha de los equipos técnicos refuerza la importancia que se le da a la cuestión de Palomares y subraya el compromiso del Gobierno de España para abordar este problema medioambiental. La contaminación de la tierra en la zona es resultado de un incidente ocurrido en 1966, y aunque se realizaron esfuerzos de descontaminación en ese entonces, la mayoría del plutonio se quedó en Palomares. Los equipos técnicos trabajarán en conjunto para intercambiar conocimientos, compartir recursos y desarrollar estrategias efectivas que permitan remediar la situación de manera segura y eficiente.

Aunque los trabajos de retirada de la tierra contaminada llevarán tiempo y exigirán rigurosos estándares de seguridad, el inicio de la colaboración entre los equipos técnicos es un paso positivo. Es fundamental que se mantenga la transparencia y la comunicación con la comunidad local y los expertos en el tema a lo largo de todo el proceso. Asimismo, seguir de cerca los avances de los equipos técnicos nos permitirá evaluar el progreso y entender cómo se aplicarán los trabajos desarrollados en la práctica, brindando esperanza a los residentes de Palomares en cuanto a la resolución de este problema ambiental.

Optimistas, pero no mucho

El alcalde pedáneo de Palomares (Almería), Óscar Velasco, consideró un "paso adelante" el último acercamiento entre España y EEUU que habría cerrado un acuerdo para limpiar los suelos contaminados con plutonio y americio. Sin embargo, trasladó que los vecinos se mostraban "cautos" después de más de medio siglo.

"La población de Palomares se encontraba contenta, pero había una gran cautela debido a que no era la primera vez", mencionó en referencia a la declaración de intenciones que habían suscrito en 2015 el entonces ministro José Manuel Margallo y su homólogo estadounidense, John Kerry.

La mayoría de los propietarios de las 44 fincas afectadas por el procedimiento de expropiación forzosa habían comunicado a la administración su rechazo a la valoración económica realizada por el Gobierno. En consecuencia, la resolución final en vía administrativa sería llevada a cabo por el jurado provincial.

De los 324.073 metros cuadrados bajo vigilancia radiológica, la gran mayoría se encontraba en el municipio de Cuevas del Almanzora y se clasificaban como terrenos rústicos según la calificación del Ministerio. Solo cinco fincas, tres urbanas y dos rústicas, se ubicaban en la localidad de Vera.

Entre los afectados se incluían propietarios particulares, sociedades agrarias de transformación (SAT), los dos ayuntamientos y empresas constructoras que habían adquirido los terrenos antes de la implementación del Plan de Vigilancia Ambiental en Palomares, con el propósito de destinarlos a uso residencial.

La administración del Estado había ofrecido entre uno y ochenta céntimos de euro por metro cuadrado de terreno rústico. En el caso de los terrenos urbanizables, se había valorado en un promedio de 0,91 euros por metro cuadrado.

Para establecer el precio, se había considerado que los terrenos urbanizables eran, en realidad, terrenos rústicos según la ley del suelo estatal de 2015. Sin embargo, no se habían tomado en cuenta las cantidades económicas percibidas anteriormente por los propietarios, ya que la ocupación temporal y el régimen de alquiler a los que estaban sometidos se consideraban conceptos "distintos" a los de la expropiación forzosa.