Los procuradores se movilizan para evitar que desaparezca su profesión

No hay peor impedimento que ese que limita tus funciones y, por tanto, restringe tus posibilidades de actuación. Eso es lo que puede suceder con la profesión de procurador en España y, por tanto, irremediablemente, en Almería. El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales que trae consigo serias dificultades para este sector burocrático. En virtud de la ley planteada por el Gobierno, un abogado puede ejercer las funciones de representación de un procurador y éste las labores de defensa del letrado, el otro es la supresión del arancel de derecho de los procuradores, que el colectivo considera un arancel de carácter social que garantiza la protección del usuario sin perjuicio de que en procedimientos puntuales de elevada cuantía sea precisa su reforma.

En Almería, María del Mar Gázquez Alcoba es la decana del Colegio de Procuradores. Su actividad durante las últimas semanas consiste en trabajar, junto con el resto de sus colegas de profesión, para evitar el "golpe" que se le puede dar con la aprobación de esta ley, aunque el trabajo no está siendo solo de su aprte. "Estamos recibiendo muestras de apoyo y solidaridad y ofreciendo la colaboración para rebatir este Anteproyecto por parte de la ciudadanía y en estos momentos tenemos completamente bloqueados los Ordenadores del Colegio de Procuradores y de los despachos profesionales por parte de clientes y otros ciudadanos que han tenido o tienen litigios pendientes y que hasta ahora han contado con la garantía de que ejercían su derecho de defensa con dos profesionales. El abogado y el Procurador", explica la decana.

Gázquez Alcoba explica cuál es en la actualidad gran parte del trabajo del procurador, ligado a la línea que traza el de los abogados: "El abogado se encarga del estudio profundo del procedimiento a seguir y la defensa de su cliente. Y el procurador se encarga de conducir el pleito desde el principio hasta el final para que el resultado sea el idóneo. Se encarga de todas las funciones burocráticas y humanas desde presentación de la demanda con todas sus copias y documentación ordenada".

Este será, según la decana, el trabajo del abogado sin la figura del procurador: "No veo al abogado preocupado en emplear una mañana entera en localizar a un demandado en un pueblo e incluso otra ciudad para citarlo, o recordando constantemente , si me perdonan machacando el que le contesten a un oficio judicial para que le digan que sueldo cobra el demandado, o en los registros de la Propiedad presentando un mandamiento, pendientes de los plazos (esenciales para no que no prescriba o caduque una acción)o en los catastros obteniendo certificaciones".

A nivel nacional, el Consejo General de Procuradores de España inició esta misma semana una campaña de movilizaciones contra el anteproyecto. El vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, Javier Carlos Sánchez, señala que el Ministerio de Economía se ampara en que es una exigencia de Europa, cuando lo único que ha pedido Europa es información, dentro de un proyecto, sobre los procuradores y su función".

Los procuradores entienden que la aprobación de la ley conllevaría consecuencias "graves", tanto para la ciudadanía como para la administración de Justicia, dado que aumentaría los costes con la implantación de servicios que "funcionarían por duplicado". "Un coste que parcialmente venimos sufragando en silencio los procuradores desde el año 2000 y con resultados muy efectivos en materia de actos de comunicación", señala. Los procuradores manejan a lo largo del año "más de 50 millones (de comunicaciones) sin coste para el Estado y con total eficacia", según el vicepresidente, que advierte de la pérdida de estabilidad en el empleo que conllevaría la aplicación del anteproyecto entre este colectivo, integrado en España por 10.300 trabajadores, mayoritariamente mujeres.