Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, al salir del juzgado: "Hombre, no voy a estar triste"

El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, detenido en el marco de la investigación de la UCO en la Diputación de Almería, ha sido el primero de los investigados que ha hablado con los medios de comunicación. Lo ha hecho de forma lacónica al abandonar los juzgados tras quedar en libertad con cargos.

El regidor del PP en Fines desde 2003 se ha mostrado satisfecho con la decisión judicial: "Hombre, no voy a estar triste", se ha limitado a decir ante los medios de comunicación que le preguntaban si se sentía feliz por su puesta en libertad con cargos.

Rodrigo Sánchez ha reconocido que se encuentra bien, aunque no ha querido hacer más declaraciones asegurando que "no es el momento de hablar". Asimismo, ha confirmado que el juez ha dictado medidas cautelares contra ellos, aunque sin querer entrar en detalles. Según ha podido saber Diario de Almería se trata de la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado y la retirada de pasaporte.

Por último, Rodrigo Sánchez apunta que es inocente, si bien no ha llegado a pronunciar esa palabra. Preguntado sobre cómo se declara, el alcalde de Fines se ha limitado a decir: "¿Cómo me voy a declarar?".

El libertad los cinco detenidos en el caso de la Diputación de Almería

Los cinco detenidos en la segunda fase del caso Mascarillas han quedado en libertad sin fianza, con la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado y la retirada de pasaporte, tras su paso a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería. La decisión se produce después de que la Fiscalía solicitara libertad con medidas y solo la acusación popular del PSOE reclamara prisión preventiva.

El procedimiento afecta directamente al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente Fernando Giménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, además de un técnico de Obras Públicas, el hijo del regidor y dos empresarios. En total, la causa suma ya cinco detenidos y tres investigados, en una investigación que continúa bajo secreto parcial.

La investigación, que nació a raíz del contrato de mascarillas adjudicado en 2020, ha derivado en una operación de mayor dimensión que incluye registros simultáneos en la Diputación, el Ayuntamiento de Fines, domicilios particulares y sedes empresariales. El auto judicial aprecia indicios de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, con posibles adjudicaciones fraudulentas y posterior canalización irregular de fondos.

La jueza ha ordenado además el bloqueo de cuentas, restricciones sobre bienes inmuebles y el volcado completo de dispositivos informáticos incautados durante los registros, con el objetivo de evitar movimientos patrimoniales mientras avanza la instrucción.