La UCO concluye el registro del Palacio Provincial de Almería y abre un segundo operativo en Fomento
La Guardia Civil despliega una segunda fase del caso mascarillas con siete detenidos
Ya son siete los detenidos en una segunda fase del ‘caso Mascarillas’ en la Diputación de Almería
La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) que este martes ha sacudido la política almeriense continúa avanzando por fases. A primera hora de la tarde, los agentes han concluido el registro del Palacio Provincial, sede central de la Diputación de Almería, con la presencia en el interior del presidente Javier Aureliano García y del vicepresidente Fernando Giménez, ambos detenidos a primera hora del día.
La intervención se ha desarrollado bajo la dirección del teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, lo que confirma el carácter de alta prioridad y alcance del operativo.
Tras cerrar el registro en Navarro Rodrigo, la UCO ha abierto un segundo dispositivo en otro edificio de la Diputación: el Servicio de Infraestructura Urbana, ubicado en la calle Hermanos Machado. Este inmueble está directamente vinculado a uno de los siete detenidos: un técnico de Obras Públicas, cuyo nombre no ha trascendido por el momento, pero cuya área gestionaba expedientes de contratación bajo sospecha.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería, que dirigió en 2021 la investigación por la compra presuntamente irregular de mascarillas durante la pandemia, ha activado ahora una segunda fase que extiende el foco a otros contratos de la Diputación, incluidos algunos asociados al Ayuntamiento de Fines.
Entre los siete detenidos figuran:
- Javier Aureliano García, presidente de la Diputación y líder del PP almeriense.
- Fernando Giménez, vicepresidente y delegado del Área de Presidencia.
- Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines.
- Un técnico de Obras Públicas de la Diputación.
- El hijo del alcalde de Fines.
- Dos empresarios, relacionados con las sociedades que supuestamente participaron en la adjudicación o canalización económica de los contratos investigados.
Los registros practicados hoy —diez en total— incluyen viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de empresas que habrían intervenido en el circuito económico de la trama.
El auto judicial: cohecho, malversación y blanqueo
El auto judicial al que ha tenido acceso EFE describe una estructura que habría operado a distintos niveles. Según el magistrado: “Existen sospechas fundadas de hechos que pudieran ser constitutivos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”.
El juez señala que los investigados habrían facilitado adjudicaciones fraudulentas a empresas determinadas a cambio de comisiones ilegales, y que parte de esas adjudicaciones pudo tramitarse no solo en la Diputación, sino también en el Ayuntamiento de Fines.
Además, el instructor apunta que algunos detenidos no habrían intervenido en la contratación, pero sí en la canalización del dinero ilícito hacia el tráfico económico legal, lo que encaja en la acusación de blanqueo de capitales.
El juez ha autorizado a la UCO a volcar y visionar comunicaciones privadas relacionadas con la trama —mensajes, correos, dispositivos electrónicos— y ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial que afectan a cuentas bancarias, cajas de seguridad, inmuebles y vehículos, prohibiendo su venta o enajenación.
Todo apunta a una causa en expansión
La operación, que se originó en el contrato de mascarillas de 2020 por más de dos millones de euros y que ya llevó a investigar al exvicepresidente Óscar Liria, avanza ahora hacia un escenario más amplio. Los siete detenidos previsiblemente pasarán a disposición judicial este jueves, una vez completados los registros y diligencias policiales.
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